El Ministerio de Obras Públicas, MOP, entregó el 17 de febrero las obras de mitigación en reparto Las Cañas, Ilopango, donde se encuentra una cárcava de grandes proporciones que desde 2010 mantiene en vilo a las comunidades.

El MOP realizó obras de mitigación en una parte de la cárcava, pero a un costado de la obra persiste la amenaza, pues se han generado daños en canaletas, caída de taludes, rocas y desprendimiento de tierra. 

Pedro Rojas,  presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal, ADESCO, explicó que las lluvias de los últimos días ocasionaron pequeños daños en la obras de mitigación y temen que con la llegada del invierno haya más daño en la obra.

El abogado indicó que los procesos de reparación que se habían iniciado con las víctimas han retrocedido. Incluso lamentó que instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no se pronuncie a favor de las víctimas. Además cuestionó que hasta la fecha el Ministerio de la Defensa Nacional no hizo entrega de los archivos militares que, junto al Gobierno, obstaculizó.

El Gobierno ha iniciado los trabajos de remodelación de áreas memoriales y el parque central de El Mozote, sin haber dialogado previamente con los familiares de las víctimas de la masacre. 

El abogado de las víctimas, David Morales, señaló que el Ejecutivo debe escuchar a las víctimas antes de tomar una decisión con respecto a la remodelación en la zona. Tampoco es correcto que el Gobierno quiera imponer obras que lejos de resarcir daños afecten o revictimicen, dijo Morales.

El Salvador es un país con una salud mental muy precaria y la pandemia de la covid-19 fue el punto de quiebre en este tema. Así lo advirtió en La Entrevista de YSUCA German Cerros, psicólogo del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Idhuca.

El sistema de salud del país adolece de una política adecuada para trazar líneas adecuadas de atención de la salud mental, el psicólogo German Cerros dice que el país tiene un sistema precario. Agregó que a pesar que muchos pacientes están en crisis, el sistema de salud mental no funciona, además no hay un seguimiento adecuado a cada paciente.

En el caso de los salvadoreños, la salud mental nunca es prioridad, siempre es dejada en un segundo plano, dice Cerros. Según el psicólogo no se valora lo que puede llegar a quitarnos la salud mental. 

El Salvador es un país lleno de expresiones de violencia y esto ya es un atentado contra la salud mental, sin embargo hay signos que nos alertan que hay algo que no anda bien en una persona y si queremos brindar un apoyo adecuado se debe estar alerta, comenzando en el entorno familiar, explica el psicólogo del Idhuca. 

Según el especialista, en el entorno salvadoreño este tipo de padecimiento no se toma con seriedad.

El Salvador es un país con una salud mental muy precaria y la pandemia de la covid-19 fue el punto de quiebre en este tema. Así lo advirtió en La Entrevista de YSUCA German Cerros, psicólogo del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Idhuca. 

Para muchos este tema pasa desapercibido.

Los miembros del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Mejicanos llegaron a la Fiscalía General de la República para demandar por difamación al alcalde de esa localidad, Saúl Meléndez, al síndico José Guzmán y al gerente general José Martín Hernández. 

Según Carlos Salinas, secretario general de SITRAMME, las autoridades edilicias presionaron a dos empleadas para que interpusieran una denuncia ante la Policía Nacional Civil de Mejicanos para denunciarlo por acoso sexual. Salinas dice que las empleadas de la municipalidad se negaron a interponer la denuncia por ser falsa, debido a esto  las autoridades las despidieron.

Desde el 1 de mayo del año pasado, fecha en que el actual alcalde de Mejicanos tomó posesión del cargo, se han denunciado diversos problemas en esta municipalidad. A la fecha no han sido investigados. 

El secretario general de SITRAMME, Carlos Salinas señala que la raíz de la difamación que se busca hacer contra él es por las constantes denuncias que han hecho, por falta de herramientas para trabajar y despidos injustificados, entre otros.

Los miembros del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Mejicanos llegaron a la Fiscalía General de la República para demandar por difamación al alcalde de esa localidad, Saúl Meléndez, al síndico José Guzmán y al gerente general José Martín Hernández. 

Según Carlos Salinas, secretario general de SITRAMME, las autoridades edilicias presionaron a dos empleadas para que interpusieran una denuncia ante la Policía Nacional Civil de Mejicanos para denunciarlo por acoso sexual. Salinas dice que las empleadas de la municipalidad se negaron a interponer la denuncia por ser falsa, debido a esto  las autoridades las despidieron.