Representantes de unos 500 maestros y maestras renunciaron de forma voluntaria en agosto de 2021 porque el Ministerio de Educación les dijo que les darían 15 salarios por dejar el cargo. Sin embargo, hasta la fecha no han trasladado los fondos a las cuentas bancarias correspondientes

Alicia Morales, coordinadora del Comité Pro Cancelación de Compensación, dijo que inicialmente les dijeron que les darían la totalidad correspondiente y luego dijeron que sería en dos pagos, pero todavía no reciben ni un centavo.

Los profesores y profesoras firmaron la renuncia voluntaria apegándose a la Ley de la Carrera Docente reformada, mediante decreto legislativo número 287 del 3 de abril de 2019, publicado en el Diario Oficial número 80, tomo 423, el 3 de mayo de 2019.

La compensación debió abonarse  en su totalidad en las cuentas bancarias, una vez el Ministerio de Hacienda asignara los fondos.

El secretario general de Bases Magisteriales, Jorge Villegas, dice que no hay argumentos que justifiquen la ausencia de pago.

Representantes de unos 500 maestros y maestras renunciaron de forma voluntaria en agosto de 2021 porque el Ministerio de Educación les dijo que les darían 15 salarios por dejar el cargo. Sin embargo, hasta la fecha no han trasladado los fondos a las cuentas bancarias correspondientes

Alicia Morales, coordinadora del Comité Pro Cancelación de Compensación, dijo que inicialmente les dijeron que les darían la totalidad correspondiente y luego dijeron que sería en dos pagos, pero todavía no reciben ni un centavo.

Integrantes de la organización Cristosal llegaron a la Corte Suprema de Justicia para entregar a la Sala de lo Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Procesal Penal, que permitirá la creación de la figura de “agente encubierto digital”.

A principios de febrero, del presente año, diputados y diputadas oficialistas aprobaron la reforma al Código Procesal Penal que permitirá la figura del “agente encubierto digital”.

Cristosal aclaró que no reconoce la legitimidad de la actual Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia porque fue impuesta mediante un acto de inconstitucionalidad. Sin embargo, demanda que dicte medidas cautelares que suspendan provisionalmente la aplicación de las reformas. Agrega que para aprobar una operación digital encubierta, la información que se obtenga debe trasladarse prontamente a quien autorizó la investigación.

Cristosal manifiesta que el uso del “agente encubierto digital” viola la Constitución de la República porque esta operación solo puede habilitarse en una Ley Especial y bajo autorización judicial, ante la vulneración del derecho a la intimidad.

Esta organización reconoce que es importante contar con instrumentos para las investigaciones, pero son necesarias las garantías que protejan el derecho a la privacidad de las personas.

La demanda también señala que otro vicio de inconstitucionalidad está en el artículo 259-D, inciso 1°, que establece que las operaciones encubiertas digitales están a cargo de la Policía, pero con la autorización de la Fiscalía General de la República. Esto violenta el artículo 24 de la Constitución de la República, que establece que cualquier acto calificado como intervención o interferencia a las telecomunicaciones solo puede autorizarse por orden judicial.

López manifiesta que hay irrespeto a los derechos de la ciudadanía y si no hay límites pueden cometerse arbitrariedades.

Integrantes de la organización Cristosal llegaron a la Corte Suprema de Justicia para entregar a la Sala de lo Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Procesal Penal, que permitirá la creación de la figura de “agente encubierto digital”.

A principios de febrero, del presente año, diputados y diputadas oficialistas aprobaron la reforma al Código Procesal Penal que permitirá la figura del “agente encubierto digital”.

Ruth López, jefa del Área de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, dice que con estas reformas se está vulnerando el derecho a la intimidad.

Lluvias generan daños en obras de protección recién entregadas por el MOP en reparto Las Cañas

El 17 de febrero pasado el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, hizo entrega de las obras de mitigación para la eliminación de cárcavas y taludes inestables en reparto Las Cañas, Ilopango.

Sin embargo, los habitantes de la localidad reportaron el miércoles algunos daños en las obras de protección recién entregadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

De acuerdo con Pedro Rojas,  presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal, ADESCO, las lluvias del martes por la noche y madrugada del miércoles ocasionaron algunos daños en canaletas y en una parte de las obras que les genera preocupación, pues el invierno aún no ha comenzado con intensidad, por lo que piden a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas que mantengan un constante monitoreo antes que el invierno impacte con mayor fuerza.

Desde el año 2010, las comunidades en Las Cañas, Ilopango, pasaron noches de angustia en cada invierno debido al peligro inminente que la cárcava provocaba.  Fue en junio de 2021 que el Ministerio de Obras Públicas inició los trabajos de mitigación, los cuales finalizaron y se entregaron a las comunidades en febrero del presente año.

Según expertos, las obras presentan daños debido a la falta de compactación y la falta de un muro de retención que hace que sedan los taludes de tierra. Aunado a la posibilidad que no se hizo uso de suelo cemento.

Las lluvias reportadas el miércoles por la madrugada causaron inundaciones en la colonia Santa Lucía, de Ilopango. También se registraron daños en casas en Soyapango, en el reparto Montemaría II y la comunidad La Labor.

A criterio del economista Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, el Gobierno debe recurrir a otras medidas como la austeridad a través de un plan integral.

Rommel Rodríguez, economista e investigador de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, ve positivas las medidas aplicadas por el Gobierno salvadoreño para paliar la crisis económica de El Salvador, con la eliminación por tres meses del impuesto de Guerra y el subsidio al transporte público. No obstante, señala la importancia de evaluar su impacto en el ingreso de dinero a las arcas del Estado y costo-beneficio de los diversos sectores sociales.

Rodríguez dijo que la principal fuente de dinero del Presupuesto General de la Nación son los ingresos. Si estos se ven recortados, el Gobierno tendría un déficit de recursos para financiar proyectos. Por tanto, para cubrir esas necesidades tendría que acudir a más deuda, la cual le sería muy difícil acceder ante el riesgo que representa El Salvador con la banca internacional.