Los integrantes de la Mesa Territorial de la Zona Norte del Foro del Agua, dijeron ante medios de comunicación que el no cerrar la Granja Porcícola Monte Fresco Santa Elena, es negligencia institucional continuada ya que el lugar funciona de manera ilegal desde el 2015.

La vida y salud de los habitantes del cantón Santa Lucía de Ciudad Arce continua en riesgo ya que esta porqueriza genera graves impactos en el río Amayo el cual ha sido ocupado como vertedero de la Granja Porcícola.

La porqueriza Monte Fresco esta ubicada en Ciudad Arce municipio de La Libertad. Y, a raíz de la falta de las condiciones higiénnicas necesarias para funcionar, los residentes de la zona, acompañados por la Mesa Territorial de la Zona Norte del Foro del Agua y luego de un proceso judicial, lograron que esta granja cerrara.

Ese anuncio fue hecho público en la cuenta de Twitter del Foro del Agua el 30 de noviembre del año pasado, sin embargo a casi dos meses y medio de ese hecho, los habitantes de la zona y los integrantes de la Mesa Territorial de la Zona Norte del Foro del Agua, temen que el proceso de cierre de la Granja Porcícola Monte Fresco Santa Elena sea incumplido.

Por esta razón hay movilizaciones en esta zona y por medio de una concentración y protesta frente a la Alcaldía de Ciudad Arce, se pide el cierre de la porqueriza que tenia hasta el 20 de febrero para clausurar instalaciones según había dictaminado el Juzgado Ambiental de Santa Tecla en La Libertad.

El representante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria recomendó aprobar políticas públicas a favor de la agricultura y los pequeños productores, además de  aprobar una Ley de Soberanía alimentaria, la cual fue archivada por la actual gestión legislativa sin estudiar la propuesta de las organizaciones.

Blanco agregó que la ausencia del Estado es evidente desde hace años y ahora se ha agudizado mucho más.

Los productores están con problemas para cosechar ante el encarecimiento de los insumos básicos para la cosecha agrícola, acotó Blanco.

Adalberto Blanco,  representante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria manifestó su preocupación ante el abandono de la agricultura en El Salvador, según Blanco el Ministerio de Agricultura y Ganadería está cada vez está más ausente, pues no existe una política de trabajo con los agricultores.

Blanco añadió que el Gobierno ha ido debilitando a dicha cartera de Estado con la disminución del presupuesto para el desarrollo de proyectos.

Respecto a la Pensión Básica Universal, para 2021 se había presupuestado $27 millones de dólares, pero hizo falta la entrega de unos $13 millones, mientras se anunciaron $15 millones de dólares para compra de bitcóin. Esto es preocupante, señala Argueta.

El artículo 9 de la Ley del Sistema de Pensiones de 1996 dictaba que se iba a crear un reglamento para incluir a trabajadores agrícolas y domésticas, esto a la fecha ni siquiera ha sido discutido.

Otra falla administrativa del sistema de pensiones es que hay personas que cotizan al sistema de salud, pero no lo hacen al sistema de pensiones, cuando la ley obliga que se haga en ambas, señala Argueta.

El Salvador tiene un sistema de pensiones desde 1969, las edades de retiro no se han modificado en 50 años. Solamente Haití tiene edades de retiro similares a las nuestras, afirma el investigador asociado de FUNDAUNGO.

La cobertura del sistema de pensiones ha sido históricamente baja. Hasta 2021, las cifras oficiales muestran un poco más de 800 mil personas que han cotizado al sistema de pensiones, es una cifra sumamente baja, afirma Carlos Argueta, investigador asociado de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, FUNDAUNGO.

Además, solamente la sexta parte de las personas adultas mayores en el país tienen acceso a una pensión, señala Argueta.

Por otra parte, el sector informal, que concentra la mayor cantidad de personas de la población económicamente activa, no está incluido en el sistema de ahorro de pensiones.

Otros países han emprendido el Monotributo, con el cual establecen cuotas diferenciadas, de acuerdo a los aportes que cada persona puede hacer, explica Argueta.

Por su parte, Danilo Valencia, secretario general de la Concertación  Regional para la Gestión de Riesgo, señaló que el convenio abarcará varios temas y el propósito es acompañar a las comunidades de la región centroamericana que actualmente enfrentan problemas que amenazan su vida como por ejemplo: desastres naturales, covid- 19, sequía, alimentación, entre otros temas que se desarrollaran.

El convenio de cooperación entre la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) y la Concertación  Regional para la Gestión de Riesgo tiene entrs sus objetivos, capacitar e informar eficazmente a las comunidades de alta vulnerabilidad. 

De acuerdo con Andrea Cristancho, jefa del departamento de comunicaciones y cultura de la UCA, la comunicación es clave para la organización de las comunidades y para una real gestión del riesgo. “Solo desde una comunidad bien informada y formada se podrá superar los problemas sociales que las amenazan indicó Cristancho.