Agentes policiales capturaron a 6 campesinos del cantón El Pacún, de Tecoluca, los acusaron de desobediencia y usurpación de tierras, que les dio el ISTA hace más de dos décadas. Al siguiente día se les notificó "que había sido un error".

“No vamos a permitir que nos estén humillando a la gente, que pareciera que fueran delincuentes, asesinos, criminales y violadores”, dijo un líder comunitario durante una de las reuniones que sostuvieron esta semana.

Uno de los abogados de la comunidad dijo que procederá a verificar las diligencias judiciales desde 1999 que inició el proceso. De entrada percibe que se violó el debido proceso. Es un acto arbitrario imputado al Estado y la Policía debería ser sancionada por eso, enfatizó. La revocación de adjudicación de tierras es otro tema que tiene que ver con una instancia civil, al que también le dará seguimiento.

Las primeras acciones serán denunciar lo ocurrido ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Inspectoría General de Seguridad Pública.

“Es una batalla para arrebatar las tierras de los campesinos”

Para los habitantes del cantón El Pacún, las detenciones llevan el fin de quitarle la tierra a los campesinos, quienes obtuvieron sus parcelas mediante procesos legales ante el ISTA.

Los campesinos se reunieron esta semana para organizarse y, en caso de ser necesario, tomar acciones para evitar que continúen las detenciones que consideran arbitrarias e ilegales. “Viene la ofensiva de quitar las tierras”, dijo uno de ellos, advirtiendo de que se acerca una situación difícil. “Es una decisión política de este gobierno de quitar las tierras para devolverlas a los antiguos dueños”, dijo otro de los campesinos en su intervención ante líderes comunitarios.

El miedo de los campesinos no está alejado de la realidad, ya que el ISTA de San Vicente ha informado sobre eso. José Tenorio, de la comunidad El Pacún, lo supo de primera mano durante un proceso que lleva en la institución para obtener la escritura de la parcela de su hermano que vive en Estados Unidos. El proceso de escrituración ha quedado en pausa, luego que el ISTA le informará que el inmueble, a nombre de su hermano, está en proceso de recuperación. Lo reclama José Gonzalo Palacios, quien asegura ser el dueño de las tierras.

José Tenorio no ha querido continuar con el proceso, luego que se enteró de las detenciones de seis personas. Teme que se lleven presa a su mamá de la tercera edad, a quien su hermano le dejó un poder para continuar con la escrituración.

Son 44 personas de la Hacienda San Jerónimo, ubicada en el cantón El Pacún. En febrero detuvieron a seis y aunque ya están libres, la comunidad tiene miedo de que las detenciones continúen contra el resto de personas beneficiadas por el ISTA.

Ante las violaciones de derechos que vivieron los seis detenidos, la comunidad valora iniciar una batalla jurídica para que se indemnice a los afectados por violación de sus derechos y afectación psicológica al no respetar su intimidad.

Cesar Cañas, líder comunal, agregó que se están organizando para iniciar una lucha colectiva ante lo que considera una política del Estado para despojar a los campesinos de sus tierras.

“Si usted no me pone resistencia, yo no lo voy a enchuchar”, le dijo uno de los policías a José Villalobos, otro de los capturados. El policía le mostró una supuesta orden judicial que tenía en su teléfono, pero no llevaba un documento impreso.

De San Vicente se lo trajeron a San Salvador donde tomaron sus datos e hicieron que se desnudara, lo que para José significó una humillación.

Lo trasladaron a una bartolina de Cojutepeque, ahí pasó la noche. En el centro judicial de San Vicente, donde fue trasladado al día siguiente, le dijeron que le darían medidas sustitutivas a la detención.

El 16 de febrero, José se presentó a los juzgados a firmar, pero en lugar de hacerlo, le entregaron un documento donde decía que el proceso quedaba anulado.

José tampoco tiene parcelas en San Jerónimo, no termina de comprender por qué lo detuvieron. Por las humillaciones que vivió durante su detención y ser tratado como un delincuente, José califica el proceso de injusto.

Policías realizan detenciones por un caso de 23 años atrás

Según los pobladores el proceso por una demanda del año 1999 se había cerrado y hasta lo habían olvidado, pero en febrero de 2022 la policía realizó las detenciones por un caso de hace más de 2 décadas. Entre los detenidos, había campesinos que no tenían nada que ver con las parcelas de la hacienda San Jerónimo.

A Adrián López, otro de los capturados, se lo llevaron el 16 de febrero a las 12 del mediodía. Cinco policías le dijeron que tenía una captura vigente y tenía que comparecer a los juzgados de San Vicente. Le explicaron que se lo llevaban por una convocatoria que le enviaron en 1999 y a la que no asistió. Adrián no tiene tierras en San Jerónimo, pero su caso, por lo que le dijeron, está vinculado a la entrega de tierras que hizo el ISTA en los años 90.

En el proceso de su detención no ingresó a una bartolina, pero le tomaron fotografías en dos momentos distintos, lo ficharon y le hicieron firmar dos documentos, pero no le entregaron ninguna copia. Adrián no sabe qué documentos firmó y teme que la policía haga mal uso de sus datos personales y fotografías.

Era el 13 de febrero cuando se llevaron al primero de los campesinos del cantón El Pacún de Tecoluca, San Vicente. “Viene la ofensiva de quitar las tierras”, dijo uno de los habitantes de la comunidad, “El gobierno totalitario quiere venir a imponer su ley”, respondió otro campesino, mientras discutían lo sucedido y buscaban alternativas para no dejarse quitar las tierras que les dio el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA).

Estas escenas parecen que ocurrieron en los años 70, pero sucedieron el 13 y el 17 de febrero de 2022, cuando 6 habitantes del Pacún fueron detenidos de manera arbitraria por la Policía Nacional Civil. Se los llevaron acusados del delito de usurpación de tierras y desobediencia por un caso que quedó abierto en el año 1999, según la Policía Nacional Civil.

Rosario recién salía de la iglesia cuando vio que una patrulla de la policía la esperaba afuera de su casa. Uno de los agentes le dijo que se la llevarían por usurpar inmuebles y por rebeldía al no haber atendido un citatorio que le enviaron de los juzgados, pero Rosario asegura que nunca recibió el mensaje.

En la lista que llevaba la policía también estaba el nombre de dos de sus hermanos. Su madre se opuso a la detención de sus otros hijos y los agentes desistieron. Solo subieron a Rosario a la patrulla. Ahí se enteró que horas antes habían capturado a otra persona en San Nicolás Lempa.

“Nos llevaron por la calle del Litoral”, recuerda, hasta llegar a Ilopango. Ahí le hicieron unas preguntas sobre las enfermedades que padecía. Lo raro, dice Rosario, es que no era un médico, sino un policía quien realizaba las consultas sobre el tema de salud.

En esa delegación, Rosario vivió uno de los momentos más humillantes de su vida. Aún le tiembla la voz al contar lo que vivió en la bartolina, la noche en que violentaron sus derechos.

“Si vos te revelas te voy a tener que esposar”, le dijo un policía a uno de los detenidos. En esos días se llevaron a 6 campesinos a distintas bartolinas. A José y a Rosario los subieron a una patrulla y a Adrián en un carro negro con placas particulares.

El molnupiravir, cuyo uso para tratar la covid-19 ya ha sido aprobado en varios países como Estados Unidos, Japón, India y México, se prescribe a pacientes adultos que se encuentran dentro de los primeros cinco días, desde el inicio de los síntomas de la enfermedad, y que presentan al menos un factor de riesgo para desarrollar complicaciones graves, dice Panameño.

Sin embargo, hay riesgo si se usa en mujeres embarazadas, en menores de 18 años, en hombres y mujeres en edad fértil, a la vez, en aquellos que padezcan alguna enfermedad crónica y se administren el fármaco sin supervisión, dice el infectólogo Panameño.

El medicamento “molnupiravir” repartido en el país, a todos aquellos que presenten una prueba positiva de la covid-19, podría provocar efectos muy dañinos a quienes los usen, advierten infectólogos que describen cómo debe ser la forma correcta de usar el medicamento.

Para el infectólogo, Jorge Panameño, el anuncio hecho por el ministro de salud, sobre la compra de cuatro millones de tabletas de “molnupiravir”, únicamente demuestra que hay un mal asesoramiento.

Aunque el uso de este fármaco con la covid 19 tiene un 30% de efectividad, su distribución, de forma masiva, no es recomendable dice Panameño. Según el  experto, éste sólo puede usarme en emergncias y bajo supervición médica.

Rogel exhortó a las autoridades policiales a asumir el costo y montar una delegación policial en el municipio con el fin de que se mantenga la seguridad en esa zona, ya que el aporte económico que da la población es voluntario y volátil.

Con la primera recaudación voluntaria hecha por los los habitantes, lograron pagar dos meses de arrendamiento para los agentes policiales que se quedarán en un inmueble con las condiciones mínimas. Los habitantes del lugar esperan poder seguir recaudando fondos para ayudar con la sostenibilidad de la seguridad policial en la zona, mientras la PNC asume los costos.