De acuerdo con los habitantes, la comuna de Tapalhuaca recauda pocos recursos. Aunado al recorte que el Gobierno salvadoreño hizo del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (FODES), son pocos los recursos que se obtienen del pago de impuestos.

Según Rogel, previo a la instalación del Grupo Conjunto de Apoyo a la Comunidad (GCAC), el municipio era inseguro, tras la instalación policial la delincuencia disminuyó considerablemente.

Desde hace años, el municipio ha solicitado la instalación de una sede policial, sin embargo el director de la PNC, en ese entonces, aseguró que no se contaba con fondos para instalarla, por lo que la comuna solicitó que le asignaran a elementos policiales para el municipio y ellos asumirían los gastos del inmueble con los servicios básicos para que se instalaran y brindaran seguridad a los residentes.

Desde 2016 hasta diciembre del año pasado, la comuna se encargó de los gastos, que ahora no pueden pagar debido a la falta de recursos. Ante esta situación, los habitantes de Tapalhuaca han asumido los costos, con el propósito de evitar que los agentes del Grupo Conjunto de Apoyo a la Comunidad (GCAC), que apoyan en la seguridad, abandonen el municipio, explicó Cindy Rogel, habitante de Tapalhuaca.

Las organizaciones lamentan que las instituciones del Estado continúen beneficiando al mercantilismo sin tomar en cuenta daños irreparables al medio ambiente.

Las medidas cautelares tienen la finalidad de salvaguardar los bienes jurídicos en disputa en un proceso judicial determinado. En el recurso de amparo interpuesto contra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se pedía como medida cautelar, de forma particular, la suspensión del acto reclamado, con la finalidad de evitar la eventual emisión de una sentencia que sea incapaz de proteger de manera efectiva los derechos que se encontraban amenazados, obstaculizados o vulnerados. Sin la medida cautelar se genera un daño irreparable y se vulneran de manera irreversible bienes ambientales y el derecho a un ambiente sano de la población, volviendo inútil una eventual sentencia favorable.

Flores señaló que entre los argumentos dados por la Sala para no emitir medidas cautelares es que no son necesarias, pues mientras no haya una sentencia en firme no construirá, un argumento irracional, dice y, además, en muchas ocasiones la Sala les ha dicho que el proyecto genera desarrollo y no daña el ambiente, con esto, adelantan criterios, señala Flores.

Este viernes, el Colectivo Salvemos Valle El Ángel y El Foro del Agua presentaron un escrito ante la Sala de lo Constitucional con una serie de alegatos en el que urgen la emisión de las medidas cautelares, para evitar que la empresa constructora siga dañando el ambiente, mientras el proceso de estudio del amparo está en discusión de los magistrados de la Sala, indicó Carlos Flores del Foro del Agua.

Tema: Desplazamientos forzados

Invitadas: Rina Montti, de Cristosal y Johanna Ramírez, del SSPAS | Servicio Social Pasionista.

⏰ 7:00 A.M. - www.ysuca.org.sv

Por su parte, Danilo Flores, coordinador general del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA y asesor del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Idhuca, señaló que el proceso de selección de los magistrados no fue objetivo y las entrevistas fueron para conocer su afinidad al Gobierno.

La Sala de lo Constitucional, además, vulneró el principio de imparcialidad y habilitó la reelección presidencial inmediata.

Al respecto, José Marinero, presidente de la Fundación Democracia Transparencia Justicia, DTJ, añadió que en los primeros 100 días hubo un rompimiento de poderes y el sistema judicial se adhirió a los intereses del poder político.

También el informe señala retrocesos en aquellos pronunciamientos que muestran una desmejora en la calidad de la jurisprudencia, ya sea porque “(i) establecen requisitos más rigurosos para acceder a la jurisdicción, (ii) debilitan el control de constitucionalidad, (iii) reducen el contenido de los derechos fundamentales o sus garantías, o (iv) dificultan o bloquean la impugnación de los actos públicos por violaciones a la Constitución”. Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, explicó más al respecto.

Organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe sobre los primeros 100 días de la Sala de lo Constitucional de El salvador, en su composición impuesta por la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo de 2021, luego de la remoción irregular de la totalidad de sus magistrados y magistradas titulares y suplentes.

Según el informe titulado “Justicia en Pausa” en los primeros 100 días hubo 10 traslados de funcionarios que laboraban en la Sala a otras unidades o dependencias del Órgano Judicial, pero solo uno de ellos se ha hecho público. Dos de ellos son importantes: la de la Secretaría de la Sala y la del coordinador del Área de Inconstitucionalidades.

La Sala sigue sesionando regularmente, 3 veces por semana. Sin embargo, la mora judicial no se ha reducido.  El informe de rendición de cuentas de 2021 aún no se ha publicado. En cuanto a la cantidad de casos ingresados a la Sala, las estadísticas muestran una reducción drástica y anómala en comparación con años anteriores.

Según lo proyectado, a partir de los ingresos que se realizaron durante los primeros 100 días de la Sala, se aprecia una caída del 50% en inconstitucionalidades, el 15% en amparos y el 44% de hábeas corpus, en comparación con el 2020.

El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, añadió que la mayoría de los actuales magistrados impuestos por la Asamblea Legislativa no cumplen con los requisitos para ser magistrados de la Sala de lo Constitucional, lo que pone en entredicho la calidad de sus resoluciones.