Alcalde de Mejicanos incumple reinstalo de trabajadores

Tras estas declaraciones el secretario general del sindicato insistió en que el alcalde está incumpliendo el reinstalo.

En el momento de la concentración de sindicalistas, el alcalde, Saúl Meléndez, dio su reacción a la prensa acompañado del jefe de la Unidad Jurídica de la Alcaldía de Mejicanos, Sergio Peñate, quien dijo que ante las resoluciones dictadas, ellos están presentando los recursos correspondientes.

Los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Mejicanos se concentraron frente a la comuna para exigir el reinstalo de empleados despedidos. Los jueces ordenaron la reinstalación de 40 empleados de la municipalidad, manifestó el secretario general del sindicato, Carlos Salinas.

Salinas aseguró que el alcalde Saúl Meléndez no quiere cumplir las órdenes judiciales y se niega a dialogar.

El articulo 144 de la Constitución de la República de El Salvador señala que “Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado”.

Además, la adopción del bitcóin como moneda de curso legal está generando daños para El salvador, poniendo en riesgo que país se aísle del sistema de comercio, por ignorar los llamados del Fondo Monetario Internacional u otros organismos y socios comerciales, señala Campos.

El presidente Nayib Bukele reaccionó el miércoles a la propuesta de los senadores estadounidenses, a través de su cuenta de Twitter, escribiendo: “Ok, boomers”, una expresión para referirse a las personas mayores, nacidas entre 1946 y 1964. Bukele agregó: “Tienen cero jurisdicciones sobre una nación soberana e independiente. No somos su colonia, patio trasero o delantero. Manténganse al margen de nuestros asuntos internos. No traten de controlar algo que no pueden controlar”.

Al respecto, Campos dijo que el presidente ha sido mal asesorado por la ministra de Economía, pues no existe ninguna intromisión de Estados Unidos cuando El Salvador ha firmado tratados comerciales internacionales.

El investigador en temas internacionales, Napoleón Campos, mostró su preocupación con respecto a la petición que los senadores estadounidenses Jim Risch, Bod Menendez y Bill Cassidy hicieron al Departamento de Estado para que elabore un informe sobre la adopción del bitcóin en El Salvador. Además, de la solicitud de elaboración de un plan de potenciales riesgos para el sistema financiero de Estados Unidos.

Campos dijo que los senadores estadounidenses están en su legítimo derecho de solicitar una investigación sobre la adopción del bitcóin, pues El Salvador está adscrito al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Además, la economía salvadoreña depende del dólar estadounidense.

Por otro lado, la ley es garantía para el extractivismo, instrumento para la mercantilización de la vida de la población y agudización de la crisis hídrica, señala Rodolfo Calles, de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua.

En la ley aprobada no se tomó en cuenta el proyecto de Ley de Aguas que por más de una década trabajaron las diferentes legislaturas, en conjunto con grupos ambientalistas. El documento fue archivado en mayo del año pasado, cuando tomó posesión la mayoría de diputados del partido oficialista, Nuevas Ideas.

La normativa ha sido sancionada por el presidente de la República y entrará en vigor en junio próximo. Al respecto, la defensora del agua, Amalia López, dice que esta legislatura favorece la injusticia hídrica, ya que invisibiliza a las Juntas de Agua, que favorecen a las comunidades con el vital líquido y potencia a los empresarios.

Contradictoria, privatizadora, sin participación ciudadana y sin proteger el derecho humano al agua, así califica la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua a la Ley General de Recursos Hídricos, aprobada el 21 de diciembre del año pasado por la Asamblea Legislativa.

Dicha ley no favorece que el agua llegue a todos los sectores del país, según Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES y parte de la Alianza.

Se necesitan procesos integrales de reparación, garantías de no repetición y el rescate de la memoria, porque la sociedad que no conoce su historia corre el riesgo de volverla a repetir, señala David Ortiz. 

FESPAD volvió a entregar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa el anteproyecto de “Ley Especial de Justicia Transicional para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos en el Contexto de la Guerra Civil de El Salvador”, introducido en octubre del año pasado, pero que no ha sido discutido.  Además, Ortiz señala que han propuesto que se puedan conformar dos comisiones: una técnica y una comisión permanente de víctimas.