Con las recientes reformas al Código Procesal Penal se legaliza una práctica de espionaje y articula, a través de la institucionalidad del Estado, una viabilidad para que haya un agente encubierto y se acuse penalmente a un periodista por destapar casos de corrupción.

Además, si el pleno de la Asamblea Legislativa aprueba las reformas a Ley de Acceso a la Información Pública, un periodista también podría ser multado por revelar información declarada como reservada, aunque se trate de casos de corrupción, según explica Loyda Robles, directora de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado, Transparencia y Anticorrupción de FESPAD.

Tema: Reformas a Ley de Acceso a la Información Pública y al Código Procesal Penal

Invitada: Loyda Robles, de FESPAD - Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho

El Ministerio de Educación dio instrucciones para contratar a los docentes interinos que ejercieron dicha función durante el año 2021, si quedan plazas vacantes.

El Ministerio de Educación dijo que previo a la contratación deberán valorar la especialidad, competencia, experiencia, idoneidad y dedicación en el buen desempeño de sus labores.

Una vez conocida la postura del Ministerio de Educación, el secretario general de Bases Magisteriales, Jorge Villegas, dijo que ya habían pedido este proceso a las autoridades educativas.

Por su parte, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, dice que la búsqueda del actual Gobierno de dar opacidad a la información pública es una muestra más del claro retroceso en materia de prevención y lucha contra la corrupción que se está viviendo en este momento. Está siendo liderado por el gobierno y sus diputados de Nuevas Ideas.

Asegura que estas reformas que se ha pretendido hacer a la Ley de Acceso a la Información Pública, al final van a potenciar que los funcionarios oculten información que le pertenece a toda la ciudadana. Escobar asegura que los salvadoreños son quienes pagan impuestos y que, por lo tanto, deben saber cómo se manejan las instituciones públicas.

La representante de DTJ dice que ya se tiene un Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) cortado, servil al poder mismo y las reformas a la Ley de Accceso a la Información Pública sería una bofetada a la ciudadanía. Hernández dice que la transparencia fue una de las banderas que el Gobierno utilizó en su campaña,  pero desde 2019,  hasta la fecha,  todos los pasos que se han venido dando han sido para esconder información, pues la  opacidad les permite cometer irregularidades. Según la representante de DTJ no hay posibilidades de ejercer contraloría ciudadana.

Diputados y diputadas del partido oficialista solicitaron retirar de agenda la discusión, en la reciente sesión plenaria número 41, de la Ley de Acceso a la Información Pública. No se aprobaron las reformas, a pesar de disponer de un dictamen favorable para éstas.

De forma reciente, los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales dictaminaron a favor de reformar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

Al respecto, la directora ejecutiva de Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ), Xenia Hernández, manifiesta que el retiro de agenda pudo deberse a alguna presión diplomática o ciudadana. Sin embargo, Hernández dice que sigue el peligro de eliminar la transparencia.

Integrantes del Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se concentraron frente a la institución para exigir diálogo con el procurador Apolonio Tobar y tratar problemas laborales.

Desde el viernes 28 de enero del presente año se concentraron en la entrada principal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y colocaron pancartas en la que exponen sus demandas.

El secretario general del sindicato, Guillermo Huezo, manifestó que hay dificultades para hablar con el representante de los derechos humanos.

Además, Adalberto Blanco señala que si la mayoría de alcaldías pertenecen a Nuevas Ideas, el gobierno debería cumplir su promesa de subir el FODES, en lugar de disminuirlo, ya que la población más pobre se está viendo afectada.

La Mesa por la Soberanía Alimentaria ha denunciado que la política de endeudamiento, la disminución del FODES para las alcaldías y la excesiva concentración de los pocos recursos en manos de la Dirección de Obras Municipales, ha limitado la situación económica de los municipios del país.

Dicha situación ha dado carta verde para el incremento de impuestos y tasas municipales que tienen un impacto directo en la población más pobre, así lo explica Adalberto Blanco, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria.

El 14 de enero pasado la madre de Cristian, su familia y amigos, viajaron hasta Casa Presidencial para entregar una carta al presidente Nayib Bukele en la que le pidieron apoyo para localizar a Cristian. Sin embargo, el bus en el que se conducía la madre y los familiares, fue interceptado por elementos de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, impidiendo a la familia llegar a casa presidencia para entregar la carta. Tras varios minutos, cuatro de ellos lograron ingresar a casa presidencial y entregar el escrito.

La familia puso a disposición el número 7062-7909 para cualquier información sobre Cristian Joel Quezada. En el momento que desapareció Cristian, este vestía un pantalón negro y una camisa manga larga a cuadros.