Según datos de las Naciones Unidas, el país vive desde hace varias décadas en la paradoja de la escasez de agua, la cual es producida principalmente por un ineficiente abastecimiento del agua potable y en la administración del servicio como recurso natural. Lo anterior se genera debido a que en El Salvador no existen las reglas de juego apropiadas y a una clara ausencia de gobernabilidad del recurso hídrico para protegerlo y conservarlo.

De forma diaria, a Radio YSUCA llegan denuncias de distintos puntos del país sobre la falta de agua. Hay sectores que tienen dos días sin el vital líquido. Hay otros casos en los que el servicio ha faltado hasta por tres meses.

Escuche algunas denuncias del programa Hora 10, de YSUCA.

Tema: Desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente.

Invitado: Rodrigo Barraza, analista y coordinador del Reporte Especial del PNUD.

⏰ 7:00 A.M. - www.ysuca.org.sv

Hasta la fecha, las autoridades no han abordado el tema con la seriedad y celeridad dijo Arteaga. Pareciera que el interés de las autoridades es minimizar los hechos y desacreditar a las víctimas, más que respetar los derechos y la integridad de éstas. Esto ocurrió por ejemplo en el caso de la desaparición de los hermanos Guerrero Toledo, precisó.

Leonor Arteaga Rubio, directora de Programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), señaló que el Estado salvadoreño está obligado a buscar de forma inmediata a todas las personas desaparecidas. También a investigar penalmente a los responsables de los hechos, dando participación a las y los familiares de quienes han desaparecido. 

Públicamente se ha conocido de casos en donde familiares de personas desaparecidas se dan cuenta del estado de la investigación por redes sociales y no porque las autoridades se comunicaran con ellas. 

Según Arteaga,  las autoridades deben informar a las familias de desaparecidos con el objeto de apoyar a las víctimas. Además, no se tiene conocimiento de ninguna institución estatal que esté proporcionando atención psicosocial a las familias que sufren estos crímenes. Sin embargo, hay varias organizaciones de la sociedad civil que de alguna manera están supliendo esta ausencia estatal.

Los legisladores de la Comisión Especial que Investiga el Destino de los Fondos a ONG hablaron de transparencia. Sin embargo, el actual gobierno se resiste a transparentar el uso de fondos públicos.

El rector de la UCA el Sacerdote Jesuita, Andreu Oliva, a su salida de la Sesión de la Comisión Especial que Investiga el Destino de los Fondos a ONG respondió preguntas de la prensa.

Una de las respuestas estuvo relacionada a la percepción de si es política o no la comisión conformada para investigar fondos entregados a organizaciones no gubernamentales. Oliva señaló que no hay representantes de partidos que no son afines al gobierno en esta comisión.

Al programa de Radio YSUCA Hora 10 algunos oyentes han denunciado el aumento del costo al pasaje de ciertas líneas de autobuses y microbuses.

Los denunciantes aseguran que la ruta 26, 27 y 5 en lugar de cobrar 20 centavos, que es la tarifa establecida, de manera antojadiza han comenzado a cobrar 25 centavos de dólar.

Por otro lado algunos usuarios de la ruta de microbuses 42,  han señalado que de un día para otro la mencionada ruta de buses que recorre desde el centro de San Salvador a diferentes lugares de La Libertad, ha aumentado el valor del traslado de pasajeros de 30 a 40 centavos de dólar.

Los periodistas que destapen casos de corrupción podrían ser multados o ir a la cárcel

Con las recientes reformas al Código Procesal Penal se legaliza una práctica de espionaje y articula, a través de la institucionalidad del Estado, una viabilidad para que haya un agente encubierto y se acuse penalmente a un periodista por destapar casos de corrupción.

Además, si el pleno de la Asamblea Legislativa aprueba las reformas a Ley de Acceso a la Información Pública, un periodista también podría ser multado por revelar información declarada como reservada, aunque se trate de casos de corrupción, según explica Loyda Robles, directora de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado, Transparencia y Anticorrupción de FESPAD.

Los periodistas que destapen casos de corrupción podrían ser multados o ir a la cárcel

Con las recientes reformas al Código Procesal Penal se legaliza una práctica de espionaje y articula, a través de la institucionalidad del Estado, una viabilidad para que haya un agente encubierto y se acuse penalmente a un periodista por destapar casos de corrupción.

Además, si el pleno de la Asamblea Legislativa aprueba las reformas a Ley de Acceso a la Información Pública, un periodista también podría ser multado por revelar información declarada como reservada, aunque se trate de casos de corrupción, según explica Loyda Robles, directora de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado, Transparencia y Anticorrupción de FESPAD.

Loyda Robles señala que, con las reformas al Código Procesal Penal, la población no va a saber en qué momento está siendo intervenida y hay incertidumbre de que se siga un proceso judicial con las garantías del debido proceso.