Desde la nueva composición en el pleno de comisionados en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), los casos resueltos por la institución en 2021 han sido mínimos.

En enero de 2019 se resolvieron 14 casos y en febrero 22; en 2020 en enero se resolvieron 54 casos y 29 en febrero. Mientras tanto, en el 2021, en enero se resolvieron  12 casos y en febrero 4 y de marzo a mayo a penas cuatro. Asi lo reveló el Observatorio para el Fortalecimiento Institucional de Acción Ciudadana.

Eduardo Escobar, director Ejecutivo de Acción Ciudadana señaló que el instituto ha bajado su nivel de tutela del derecho a la información de los salvadoreños.

El abogado defensor de los derechos humanos manifiesta que hay que preguntarse ¿Qué tan confiables pueden ser las cifras de homicidios que las autoridades correspondientes revelan? Baños dice que estas cifras están orientadas a hacer creer que el Plan de Control Territorial es efectivo.

El actual Gobierno ha mantenido la campaña de cero homicidios en el país. Sin embargo estos hallazgos muestran como en el país las muertes siguen enlutando a decenas de familias que demandan de las autoridades apoyo para encontrar a sus familiares desaparecidos.

Para Saúl Baños, abogado y defensor de derechos humanos, hay datos que dan cuenta que entre 2002 y 2004 se inició con las prácticas de fosas o cementerios clandestinos. Señala que uno de los primeros casos que acaparó la atención mediática fue el hallazgo en 2005 de los restos de varias personas en un cementerio clandestino en la comunidad Iberia en San Salvador.

Además, entre 2005 y 2013 la Fiscalía General de la República reconoció haber trabajado en alrededor de 80 cementerios clandestinos. Mientras que entre 2014 y 2016 las autoridades identificaron 158 cementerios clandestinos donde yacían restos de centenares de víctimas, muchas de las cuales habían sido reportadas previamente como desaparecidas.

La presente semana finalizó con el reporte de 26 cuerpos encontrados en cementerio clandestino en Nuevo Cuscatlán

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, dijo que se extrajeron 26 cuerpos en el cementerio clandestino ubicado en Nuevo Cuscatlán. Los restos de los hermanos Guerrero Toledo y la futbolista Jimena Ramírez se encontraron en ese lugar el año pasado.

Radio YSUCA entrevistó a residentes de Nuevo Cuscatlán, quienes manifestaron que hay temor en la zona por todos estos hallazgos.

Solo un juez puede ordenar la intervención de la comunicación. Esto no se puede regular en el Código Procesal Penal, sino que debía hacerse en la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, aprobada en el año 2010.

Sobre esto y más trata la nota especial de la semana titulada

La Ley de Acceso a la Información Pública fue aprobada en 2011, 2 años después se creó el Instituto de Acceso a la Información Pública. Tanto la normativa, como su órgano garante incomodó a las gestiones gubernamentales anteriores y la actual gestión gubernamental busca estancar la transparencia e incluso reformar la Ley de Acceso a la Información Pública.

Ante esto, la experta en derechos humanos Celia Medrano dice que definitivamente los retrocesos que se han estado dando de manera escalada y constante por parte del actual gobierno a la normativa relacionada al acceso a información pública, son un punto muy grave que oscurece cualquier gestión gubernamental.

A los abogados les preocupa también la reforma al artículo 259, numeral “D”, inciso final, que permite a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía hacer acuerdos con entes de otros países. La Constitución establece que sólo el fiscal puede realizar investigaciones, dice el abogado Jonathan Sisco. Pero esta reforma permitirá que sociedades privadas y firmas de espionaje puedan firmar acuerdos con El Salvador. Se podría legalizar, incluso el uso de Pegasus, dice el abogado.

Para Sisco, si bien es importante que el Estado investigue los delitos informáticos para que no queden en la impunidad, es necesario tecnificar a la Policía, más allá de la persecución del delito. Para Sisco, hay un objetivo político de perseguir a personas que son molestas y críticas contra el Estado.

Un combo de reformas represivas

Para Loyda Robles, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), las reformas del Código Procesal Penal surgen en un contexto de criminalización y agresiones hacia el gremio de periodistas y defensores de derechos humanos. Esto es más preocupante si se suma que las reformas otorgan un poder extra a la Fiscalía, una institución del Estado que responde a la agenda gubernamental, y donde su titular omite investigar casos constitutivos de corrupción, como los casos que sugirió investigar la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador, CICIES.

Por otra parte, según la abogada de FESPAD, las reformas al Código Procesal Penal, las reformas a la Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos y las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, significan un golpe a la labor de las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, periodistas o cualquier disidente. Pero además reafirman que se busca legalizar el espionaje y pone como ejemplo los recientes casos de vulneración a los dispositivos móviles a través del software Pegasus, que afectó sobre todo a periodistas.

Estas reformas golpean mayormente al gremio periodístico en su derecho a la libertad de expresión y libertad de prensa, enfatiza la abogada.

En las reformas al Código Procesal Penal existe una confusión entre evidencia y prueba, a juicio del abogado de Cristosal. El sistema de derecho continental no se basa en evidencias para condenar o absolver a una persona investigada, sino en pruebas, con prioridad en la prueba científica. Las reformas le dan igual valor a la evidencia y a la prueba, lo que en términos prácticos significa violación de derechos.

Pero además, la reforma del artículo 259, numeral “C”, que se refiere a la prueba pericial, no define igualdad entre el acusador y el defensor. El fiscal tendrá la potestad de decidir cuáles serán los puntos de la pericia, explica el abogado.

La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13 establece que: “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Ese derecho, sin embargo, “no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley(…)”. Por otra parte, la misma convención en el artículo 11 señala que “(...) nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación (…)”.

Estos derechos contemplados en la normativa internacional están en riesgo en El Salvador tras la aprobación de reformas de algunas leyes, entre ellas las reformas al Código Procesal Penal, reformas a la Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos y las reformas propuestas a la Ley de Acceso a la Información Pública, que aún no se han aprobado.

Para el abogado constitucionalista Jonathan Sisco, de la organización Cristosal, las reformas aprobadas al Código Procesal Penal son inconstitucionales,  ya que el artículo 24 de la Constitución establece que solo un juez puede ordenar la intervención de la comunicación.  Esto no se puede regular en el Código Procesal Penal, que es una ley de carácter general, sino que debía hacerse en la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, aprobada en el año 2010.

Sisco también cuestiona la reforma al artículo 259, numeral “D”, del Código Procesal Penal, que define la figura del Agente encubierto digital. Según el abogado, el artículo no define un plazo máximo para la investigación encubierta. Tampoco se requiere autorización judicial, basta con la aprobación del fiscal. Además, el artículo no especifica límites para los agentes encubiertos.