La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) puso dos avisos ante la Fiscalía General de la República por casos que tienen que ver con vulneración a las telecomunicaciones.

Uno de los casos corresponde al número telefónico que está destinado para el Centro de Monitoreo de la APES. La vulneración se dio el jueves 13 del presente año.

Esta vulneración no solamente ocurrió con el Centro de Monitoreo de la APES, sino que ocurrió con al menos cinco personas, periodistas o comunicadores en el país, unos de San Miguel y otros de un canal de televisión de San Salvador.

El segundo aviso es el que tiene que ver con lo que se conoció la noche del miércoles 12, que fue revelado por el periódico digital El Faro y la Revista Gato Encerrado, donde se reveló que 31 periodistas fueron intervenidos por el software de vigilancia Pegasus.

Con los avisos el presidente de la APES, César Fagoaga, puso a prueba al fiscal general de la República.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su informe 'Tendencias globales de desplazamientos forzados en 2020' reveló que, solo en el caso de El Salvador, la institución contabilizó 71,500 desplazamientos forzados.

En un informe conjunto publicado por UNICEF y ACNUR en 2020, el 88% de los entrevistados afirmaba que la violencia era la principal razón de su desplazamiento. En el caso de las familias de El Salvador y Honduras coincidían que “las amenazas de muerte, las extorsiones y el reclutamiento por parte de las pandillas eran los factores subyacentes por los cuales se vieron forzadas a huir juntas de su país”.

El Salvador sigue reportando el desplazamiento de familias a nivel interno debido al acoso de las pandillas. Según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), de enero a marzo de 2021 ocurrieron 24 nuevos casos de desplazamiento forzado dentro del país.

Además, la institución dijo que en 2020, durante la etapa del confinamiento, registraron 83 familias (218 víctimas) que huyeron de sus hogares.

Las organizaciones de sociedad civil no tienen acceso a la información oficial relacionada al número de casos de desplazamientos forzados en el país, ni a la aplicación de la Ley especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno.

La Ley entró en vigencia en enero de 2020, pero el Gobierno no ha aprobado un reglamento, ni designó presupuesto para la atención de las víctimas de desplazamiento forzado, así lo dijo Rina Montti, directora de monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal.

Pese a que es un país de alto riesgo, las construcciones no cesan. De forma reciente, el Gobierno anunció la construcción de un estadio en el predio de la escuela militar en Antiguo Cuscatlán, a pesar que la zona es de recarga acuífera, advirtió Blanco.

Esto reduciría la permeabilidad de los suelos y mayor vulneración a las zonas bajas de San Salvador.

Magdalena Cortés directora de FUMA, y miembro del equipo de coordinación de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos y representante del Foro Nacional de Salud, dice que todo lo anterior indica que las vulnerabilidades en el país lejos de disminuir se han profundizado.

Debido a que no se cumple con el ordenamiento territorial adecuado. Todo esto será grave ya que para este año se espera el fenómeno de la lluvia la cual traerá abundante agua y por ende la vulnerabilidad profunda que se vive nos pasará factura dice Cortés.

Esta semana se conmemoró 21 años del terremoto del 13 de enero del año 2001. Sismo de gran magnitud que dejó más de 900 víctimas mortales y que destruyó 11 de los 14 departamentos, en 45 segundos. Al 2022, el territorio nacional continúa en estado de vulnerabilidad.

Adalberto Blanco, parte de la Mesa Permanente Para la Gestión de Riesgos, señala que desde esa fecha a la actualidad, la vulnerabilidad sigue presente en el país. Según informes internacionales, la región Centroamericana sigue siendo una zona muy peligrosa, explicó Blanco. A esto se suma que el 88% del territorio salvadoreño es vulnerable, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Según Blanco, estos datos son alarmantes, ya que el 95% de la población de El Salvador está en riesgo. Es urgente que desde el Estado se tenga una visión prospectiva de la gestión del riesgo, ya que en la actualidad el desorden impera en temas de asentamientos humanos y construcción, explicó el integrante de la Mesa.

La derogación se da a conocer cuando grupos civiles y de derechos humanos salvadoreños han realizado una convocatoria ciudadana masiva en redes sociales para marchar el 16 de enero en conmemoración de la fecha y en rechazo a muchas políticas impulsadas desde el Ejecutivo, que han ocasionado un retroceso en la democracia del país.

Según Tatiana Alemán de Juventudes Antifascistas, con la administración Bukele la Fuerza Armada nuevamente ha ganado protagonismo en el país y la militarización de la juventud y reclutamiento no puede ser la única opción del Estado para los jóvenes salvadoreños

José Santos Melara de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, dijo que el decreto legislativo no borrara la memoria histórica del pueblo salvadoreño y piden por respeto al pueblo que vete la derogación.

Organizaciones sociales se concentraron en la Plaza Gerardo Barrios, en San Salvador, para rechazar la derogación de la conmemoración de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, en el castillo de Chapultepec México, los 16 de enero de cada año.

Los diputados de la Asamblea Legislativa oficialista, el pasado 11 de enero, declararon en sustitución de los Acuerdos de paz, el día de las víctimas de la guerra civil (1980-1992) a pesar que las víctimas habían solicitado el 30 de agosto como fecha nacional de las víctimas y desaparición forzada.

De acuerdo con el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, La Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares y La Alianza Nacional El Salvador en Paz rechazan la derogación por ser un acto irrespetuoso a la lucha del pueblo salvadoreño contra la dictadura militar de la época.

Las organizaciones señalan la utilización de las víctimas de la guerra con fines políticos.

Además, el juez Durán enfatizó que la democracia que el presidente y los diputados tanto critican y que aseguran que es una farsa, es la misma que permitió que el presidente Nayib Bukele y los diputados de la Asamblea Legislativa llegaran al poder.

Según el juez Antonio Durán, con la derogación de la conmemoración de los Acuerdos de Paz, el pasado 11 de enero en el seno Legislativo, se reveló el constante irrespeto por parte de los diputados afines al Ejecutivo a la historia y a los acuerdos alcanzados tras 12 años de guerra civil en El Salvador.

Según el juez Durán con la utilización de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil para fines políticos, la persecución política y el bloqueo a las formas de expresión ciudadana, entre otras acciones, se pone en riesgo siete capítulos de los Acuerdos de Paz.

Tema: Lucha social

Invitadas: Tatiana Alemán, de Juventudes Antifascistas y Verónica Guerra, de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares.