Para el director del Centro Monseñor Romero de la UCA, Rodolfo Cardenal, el Gobierno de Bukele tiene una manía por pensar que todo lo que hace es nuevo, que parte de cero, anula el pasado. En ese sentido, la Firma de los Acuerdos de Paz le molesta, porque él no figura ahí.

Descalifica los Acuerdos, al llamarlos una farsa. Pero, en realidad, las víctimas no le interesan al actual Gobierno, señala Cardenal.

Baños señaló que Bukele vetó la Ley de Reconciliación Nacional emitida por la Asamblea Legislativa y, tras la aprobación de las Reformas a la Ley de la Carrera Judicial, se dio una purga de jueces, que obligó a la salida de Jorge Guzmán, el juez que aperturó el caso de El Mozote y lugares aledaños.

La Fuerza Armada, de quien el presidente de la República es el comandante general, sigue negando el acceso a los archivos militares, con lo cual se conocería la verdad de graves crímenes cometidos durante la guerra, como la masacre de El Mozote y lugares aledaños.

El director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, Saúl Baños, ha señalado que el bloqueo a los archivos militares por parte del Órgano Ejecutivo es una desobediencia a la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, emitida en 2016.

Las víctimas de la guerra, personas que se han desplazado de manera forzada a causa de la violencia, familias migrantes, familiares del personal de salud fallecido durante la pandemia. Ninguno de estos grupos poblacionales estuvieron en la agenda del gobierno durante 2021 y tampoco al inicio del 2022.

Los temas relacionados a la economía son la principal preocupación de la población

En la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, IUDOP, en la que “La población salvadoreña evalúa la situación del país al final del año 2021”, la mayor parte de la gente sostiene que los temas relacionados a la economía son los que más le preocupan.

De forma casi unánime con un 93.1% la población salvadoreña opina que los precios de los productos de la canasta básica han aumentado, al cierre del año pasado.

Según los resultados de las encuestas del Instituto universitario de Opinión Pública de la UCA, IUDOP, en diciembre de 2019, la población calificó al presidente de la República, Nayib Bukele, con 7.8; en diciembre de 2020, la calificación fue de 8.37; en agosto de 2021, fue de 7.64 y en diciembre de 2021 fue de 7.54.

La directora del IUDOP, Laura Andrade, explica que en la encuesta “La población salvadoreña evalúa la situación del país al final del año 2021”, las calificaciones por el tema de inseguridad, ha llegado hasta el 4.67.

El rector de la UCA, Andreu Oliva, hizo una comparación sobre la percepción de la población sobre la disminución de la delincuencia entre los años del 2019 al 2021. Ahora la gente percibe más delincuencia e inseguridad, señala el sacerdote jesuita.

Además, para 4 de 10 salvadoreños la delincuencia en el país ha disminuido; sin embargo, para una porción similar de la población la delincuencia continúa siendo uno de los principales problemas que enfrenta el país.

Pese a que una buena parte de la población salvadoreña advierte mejoras en materia de seguridad, la encuesta del IUDOP revela que aproximadamente 9 de cada 10 salvadoreños afirmaron tener conocimiento de la desaparición de un familiar o conocido cercano. Además, más de la mitad de la población salvadoreña opina que el aumento de los desaparecidos en el año 2021 es una señal de que se está ocultando la verdadera cifra de homicidios.

Para el 56% de la población salvadoreña el aumento al salario mínimo ayudó en poco o en nada a aliviar su economía familiar.

Al sumar los porcentajes de la preocupación de la población respecto a la economía, el desempleo, el alto costo de la vida y la pobreza, suma un 43.2%, según explica la directora del IUDOP, Laura Andrade.

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública exigieron al ministro de Trabajo, Rolando Castro, que les regresen sus credenciales.

La doctora América Osegueda, representante del sindicato, asegura que las credenciales les fueron arrebatadas de manera fraudulenta desde el interior del ministerio. Demandan al funcionario que investigue los atropellos que están sufriendo los trabajadores en la instancia que él representa.