Según Ricardo Navarro, presidente del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA), construir un estadio en las cercanías de un pulmón de San Salvador, podría perjudicar aún más la grave crisis ambiental de El Salvador.

Navarro dijo que la zona paralela a la Escuela Militar, que es el parque El Espino o Bicentenario, se verá afectada ya que es una zona recolectora de aguas lluvias. Si bien el lugar ya ha sido dañado por Gobiernos anteriores, el proyecto del estadio perjudicará aún más el ambiente.

El Órgano Judicial también fue cooptado por el Órgano Ejecutivo, desde el 1 de mayo de 2021, cuando fueron destituidos los magistrados de la Sala de lo Constitucional y luego fueron destituidos los jueces y magistrados mayores de 60 años. 

Para el rector de la UCA, lo que está en juego es la débil democracia que se había alcanzado en el país.

La Asamblea Legislativa, que por mandato constitucional debe defender los intereses de la población, ha jugado un papel nefasto para el país.

En la última sesión plenaria, los diputados aprobaron la Ley General de Recursos Hídricos, muy cuestionada por las organizaciones de la sociedad civil, la academia y las mesas de las Iglesias. Pero durante todo el 2021 aprobó leyes que abrieron las puertas a la corrupción y que vulneran derechos de la ciudadanía.

El rector de la UCA, el jesuita Andreu Oliva, hizo una evaluación del trabajo realizado por este órgano de Estado.

¿Qué retos puede enfrentar EL Salvador en el 2022?

José Luis Magaña señala que los enfrentamientos entre los Gobiernos de El Salvador y Estados Unidos afectarán la economía.

Además, las finanzas públicas están en crisis en el país, según el economista.

Lo que más exporta El Salvador son las personas

Las economías con mejores perspectivas para el próximo año son Panamá, República Dominicana y El Salvador, según las últimas previsiones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.

El actual Producto Interno Bruto, PIB, se mide en relación al año 2020, cuando la economía mundial fue golpeada por la pandemia, por lo que pareciera, a primera vista, que estos tres países dieron un salto espectacular. Pero lo cierto es que se trata de un "efecto rebote", según economistas.

En el caso de El Salvador, como no trabaja con materia prima importada de los países más desarrollados y que se vieron mayormente golpeados por la pandemia, la economía salvadoreña se ha visto menos afectada a diferencia de otros países de la región, según José Luis Magaña, de Panorama Económico.

Además, lo que más exporta El Salvador son las personas, por lo que el ingreso de las remesas es lo que sostiene la economía de este país, según Magaña.

Para el periodo comprendido entre enero 2020 y junio de 2021 se muestra como resultado que la FGR registró un total de 1,406 imputados por el delito de “desaparición de personas”; sin embargo, en el mismo período únicamente se registraron 4 sentencias condenatorias, según el OUDH.

En cuanto a la caracterización de las víctimas, en su mayoría se trató de hombres, quienes integraron el 64% de los 3,751 casos reportados entre junio 2019 y junio 2021, frente a un 36% de víctimas identificadas como mujeres por la PNC.

Las mujeres menores de edad, es decir, niñas y adolescentes menores de 18 años y mayores que 12, son las que aparecen como el grupo o segmento más afectado por las desapariciones, contabilizando un porcentaje del 45% de todos los casos, según registra el Informe del OUDH, “Una radiografía sobre el Derecho a la Libertad personal”.

Ima Guirola afirma que se deben construir redes de apoyo y un tejido social, para que la ciudadanía genere acciones que favorezcan al hallazgo de las personas desaparecidas.

La arbitrariedad e impunidad prevalece en la búsqueda de personas desaparecidas

La PNC reportó un total de 3,751 casos de personas desaparecidas entre junio del año 2019 y junio de 2021 y la Fiscalía General de la República reportó un total de 6,470 atentados contra la libertad personal, entre enero de 2019 y junio de 2021, que incluye tanto privaciones de libertad como desapariciones de personas, según registra el Informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, el OUDH, titulado “Una radiografía sobre el Derecho a la Libertad personal”.

El 10 de diciembre de 2018, la Oficina de las Naciones Unidas

contra la Droga y el Delito (UNODC), en trabajo conjunto con la PNC, la FGR, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el IML y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), lanzaron el “Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador”, con el objetivo de responder al problema de manera integral y oportuna, asignando funciones específicas a cada institución y coordinando esfuerzos.

Sin embargo, dicho protocolo no está siendo efectivo por vacíos que hay en el documento y por la forma de aplicación de las instituciones de justicia, que actúan de manera arbitraria e impune ante los casos de desaparición de personas, señala Ima Guirola, vocera del Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera”, Cemujer.

Los altos impuestos del 40% a la cooperación internacional muestran claramente el objetivo de paralizar las organizaciones de la sociedad civil.

Según el director ejecutivo de Comunidades de Fe Organizadas en Acción, COFOA, ahora el dinero de la cooperación internacional regresará a las organizaciones o fundaciones con fines de lucro.

Si se aprueba la Ley de Agentes Extranjeros, el Ministerio de Gobernación y el presidente de la República tendrán amplias facultades para vigilar, controlar, coartar y coaccionar el trabajo de las organizaciones.

Para la directora de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la UCA, Gabriela Santos, el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros tiene un propósito que difiere del discurso de transparencia del gobierno

En 2022 se podrían cerrar aún más los espacios cívicos en El Salvador

La Comisión de Relaciones Exteriores, integración centroamericana y salvadoreños en el exterior, de la Asamblea Legislativa aprobó, en noviembre de 2021, el dictamen favorable para la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo que no sometería a votación dicha ley, hasta que tenga un acuerdo consensuado con el cuerpo diplomático, con organizaciones y con la sociedad civil.

La Ley de Agentes Extranjeros incluye sanciones económicas que van desde los 100 mil hasta los 150 mil dólares y penas carcelarias, de 2 a 5 años de prisión para organizaciones no gubernamentales y asociaciones sin fines de lucro, que reciban cooperación internacional y que incumplan la ley.

De aprobarse dicha ley, se convertirá en un instrumento más de persecución política, según el abogado constitucionalista Enrique Anaya.