La Ley General de Recursos Hídricos está destinada a fracasar

Para Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, la lucha por el recurso hídrico debe continuar en el país, ya que la ley aprobada en la Asamblea Legislativa ha abierto las puertas a la privatización.

El siguiente paso será buscar reformas a la Ley General de Recursos Hídricos y la ratificación de la Reforma a la Constitución para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, afirma López.

Melina Marisol Moisés, de 46 años de edad, es una agricultora de Cuisnahuat, departamento de Sonsonate. Junto a su esposo cultivan maíz, frijoles y hortalizas.

Melina lamenta que no se valore el trabajo de los agricultores, ya que los insumos para la siembra son caros y las empresas compran el producto a bajo costo.

Debemos volver cultivar de manera orgánica

María Alicia Rivas, de 50 años de edad, es una mujer agricultora quien, junto con su familia, se dedica a la siembra de granos básicos y verduras, en San Francisco Menéndez, en el municipio de Ahuachapán.

María Rivas señala que la semilla orgánica o ecológica es una de las mejores opciones, pues no han sido tratadas químicamente, ni modificadas genéticamente.

María Alicia Rivas explicó que han logrado montar en su comunidad un huerto colectivo con el que abastecen a varios hogares, con alimentos producidos de manera orgánica.

Debemos volver cultivar de manera orgánica

María Alicia Rivas, de 50 años de edad, es una mujer agricultora quien, junto con su familia, se dedica a la siembra de granos básicos y verduras, en San Francisco Menéndez, en el municipio de Ahuachapán.

María Rivas señala que la semilla orgánica o ecológica es una de las mejores opciones, pues no han sido tratadas químicamente, ni modificadas genéticamente.

Por su parte, Alex Renderos del departamento de Organización del Espacio, de la UCA, urgió de un marco legal que dé garantías de una vivienda digna a las familias salvadoreñas.

Actualmente en El Salvador no se cuenta con leyes enfocadas a garantizar el derecho humano a una vivienda. Ciertamente existen leyes para regular el mercado mobiliario, sin embargo no se ha trabajado en una normativa que garantice viviendas de interés y con las condiciones dignas para vivir.

- El Salvador no reconoce el derecho humano a un vivienda

El artículo 101 de la Constitución de la República de El Salvador expresa:

El orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser

humano (…)

Esto se complementa con lo manifestado en el artículo 103 también de la Constitución

de la República:

“… Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social..”.

Todo lo anterior nos permite identificar que la principal razón de la inseguridad jurídica

sobre la tenencia de tierra en El Salvador proviene de un contexto histórico de desigualdad .

Baltazar Ayala de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima FUNDASAL expresó que el Estado salvadoreño incumple con el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y con enfoque de derechos humanos ya que no se cuenta con políticas públicas y una ley enfocada en garantizar el derecho humano a una vivienda.

Para Velásquez, el Estado salvadoreño tiene la responsabilidad de responder por la estafa de las lotificadoras, ya que hasta la fecha no se han promulgado leyes para amparar a las personas que han adquirido sus terrenos, los han terminado de pagar y, ahora, no les quieren entregar sus escrituras.

Más de 6 mil familias de los departamentos de La Paz, Sonsonate, La Libertad, Cuscatlán y Cabañas, están luchando desde hace 30 años para que les entreguen las escrituras de sus lotificaciones. La empresa lotificadora Argoz SA de CV y el CNR se acusan mutuamente del retraso en la entrega de las escrituras, asegura, Patricia González, líder de las Comunidades Organizadas, quien manifestó no entender por qué no les conceden las escrituras, a pesar que muchas de las familias ya cancelaron sus propiedades.

Otras familias salvadoreñas han intentado formalizar su vivienda sin embargo han sido víctimas de estafa por parte de empresas Lotificadoras.

En El Salvador hay más de 500 lotificaciones con problemas de registro y a nivel nacional son afectadas unas 350 mil familias.

Familias enteras han pagado durante años sus terrenos no obstante las lotificadoras no les entregan las escrituras y culpan al Centro Nacional de Registro (CNR) de la lentitud. Mientras que el CNR no se hace responsable ante las denuncias de los miles de persona estafadas.

Unos 800 líderes de las lotificaciones que están en el limbo jurídico presentaron este 2021, cartas al presidente de la República para que resuelva su situación. El presidente respondió que la ministra de Vivienda era quien atendería el tema por tratarse de lotificaciones.

Sin embargo, tras varias reuniones de la ministra con los líderes comunitarios, muy poco se ha avanzado y la funcionaria prometió que el próximo año se instalará una mesa de diálogo para solucionar la situación, según explicó Alberto Velásquez, director ejecutivo de Comunidades de Fe Organizadas para la Acción, COFOA.

José Arturo Castaneda es otro de los beneficiarios de las tierras. El lleva años trabajando su tierra que ahora es su modo de subsistencia. Castaneda, con este nuevo litigio ve amenazadas sus tierras y teme ser desalojado.