Además, el ICEFI sugiere que, por el lado del gasto público, deben reducirse los recursos orientados a publicidad, congelar el techo del presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y el Ministerio de la Defensa, así como también debe prohibirse la contratación de funcionarios bajo la figura ad-honorem, pues bajo este mecanismo hay varios miembros del actual gabinete que ganan incluso más que el propio presidente.

Castaneda señala además que este proyecto de Presupuesto General de la Nación, no tomó en cuenta a la sociedad civil para elaborar la lista de ingresos y egresos, ya que esto impide planificar una mejor sociedad.

Otro factor que preocupa dice, el economista del ICEFI, Ricardo Castaneda, son los aumentos que trae el presupuesto general de la nación del año 2022, la mayoría es para pagar salarios.

Esto demuestra, dice Castaneda, que los derechos de los salvadoreños no son prioridad y se verán irrespetados ya que hay recortes importantes, en temas de educación, salud, igualdad de género y medio ambiente, entre otros.

El presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2022 está en el legislativo sin embargo, el proyecto no ha sido ni discutido ni aprobado, dice Ricardo Castaneda economista sénior y coordinador de país para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI.

Castaneda señala que urge un presupuesto que implique defensa a la democracia, que garantice el goce de derechos, respeto a la legislación, que sea transparente y participativo entre otros aspectos.

Sin embargo esos anhelos no se vislumbran en el proyecto actual de gastos para el 2022, ya que se refleja otras prioridades, una de ellas es planificar los gastos basados en estimaciones grandes, lo cual puede se perjudicial ya que si bien la recaudación tributaria crece a más del 26 % a noviembre de 2021, es probable que El Salvador vuelva a un bajo crecimiento económico para el próximo año y eso influenciaría en los ingresos al fisco.

Tema: Relaciones de El Salvador con Estados Unidos

Invitado: José Miguel Cruz, profesor de la Universidad Internacional de la Florida y exdirector del IUDOP.

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Asimismo el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del TSE afirma que a cuatro empleados del Área Administrativa, a priori, pretenden atribuirles la responsabilidad del hurto en la bodega de la institución. Escalante dijo que ellos esperan que a los empleados se les respete el debido proceso y si resultan culpables se les condené, pero que no se les despida sin respetar el derecho de audiencia.

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, TSE, denunció acciones encaminadas a una serie de despidos de empleados y la supresión de plazas de trabajadores de las regionales y departamentales de la Dirección de Capacitación y Educación Cívica. Aseguran que se atribuirían a una supuesta “reestructuración”- “modernización” institucional.

Álvaro Escalante, integrante del sindicato del TSE, asegura que la supresión de plazas no está basada en un perfil técnico que obligue a la destitución del personal. Según Escalante, la finalidad es contratar a personal afín a la presidencia del organismo colegiado o al Gobierno.

Durante 2021, la APES ha registrado 216 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. La mayoría han sido cometidas por agentes del Estado, sobre todo la Policía Nacional Civil. Esto significa un aumento comparado al 2020, cuando se registraron 125 agresiones.

Además, Fagoaga considera grave que el Instituto de Acceso a la Información Pública continúe cooptado por un gobierno autoritario.

Desde el año 2013 está vigente la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación o Respuesta, la cual tiene por objeto “regular el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta como protección de los derechos al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en concordancia con el irrestricto ejercicio de la libertad de expresión y de información”.

Según el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, César Fagoaga, ningún funcionario de la actual administración ha hecho uso de la ley por investigaciones periodísticas, porque están bien documentadas.

Tema: Agresiones contra periodistas

Invitado: César Fagoaga, presidente de APES - Asociación de Periodistas de El Salvador.

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Por otro lado, se tiene el proyecto Valle El Ángel, que también representa una gran amenaza para el agua del país, todo esto hace reflexionar que no se hace nada por mejorar la disponibilidad del agua, asegura Navarro.

Además, lamenta que el Ministerio de Medio Ambiente esté ausente en esta administración de gobierno y permita que todos los recursos hídricos, los bosques, las zonas protegidas, entre otros, sean vistos como mercancía.

El presidente del CESTA, Ricardo Navarro, dice que es lamentable que el medio ambiente no sea prioridad y se siga dando largas a una estrategia que sirva para hacer frente al cambio climático.