Las organizaciones de sociedad civil tienen muy poco acceso a la información pública, relacionada a la aplicación de la Ley especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno.
Según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en 2020, durante la etapa del confinamiento, registraron 83 familias, un aproximado de 218 víctimas, que huyeron de sus hogares y, de enero a marzo de 2021, ocurrieron 24 nuevos casos de desplazamiento forzado en el país.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en su informe “Tendencias globales de desplazamientos forzados en 2020”, reveló que en El Salvador se contabilizaban 71 mil 500 desplazamientos forzados.
En la actualidad, El Salvador sigue reportando el desplazamiento de familias a nivel interno debido al acoso de las pandillas, sin que el Estado reconozca este flagelo, señala Germán Cerros, de la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia en El Salvador.