Durante la sexta Semana del Desarrollo Territorial, el Uruguayo Enrique Gallicchio, dijo que el objetivo del desarrollo territorial es mejorar la calidad de vida de las personas. Pero cuestionó que en los territorios se ejecuten políticas que se pensaron y crearon en otros ámbitos y no desde las comunidades.

El experto uruguayo dijo que un gran desafío es construir políticas  desde el territorio, eliminando la lógica centralista y vertical que no genera empoderamiento ni capacidades en los territorios. Hizo un llamado a que apostarle a generar confianza en los distintos actores para realizar proyectos colectivos.

Durante la inauguración de la sexta Semana del Desarrollo Territorial, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa resaltó los esfuerzos que está haciendo la Red para el Desarrollo Territorial en la articulación de actores diversos, como las organizaciones sociales, la academia, los municipios y el sector privado para realizar acciones conjuntas en beneficio de los territorios. Sin embargo, desde el gobierno no existe un diálogo con las organizaciones sociales, se ataca a la academia y al sector privado.

Además, Ulloa resaltó el cuido del medioambiente y la adaptación al cambio climático, aspectos a los que el gobierno no da muestras de interés. El vicepresidente también señaló la importancia de la cooperación nacional e internacional  para  llevar desarrollo a las familias salvadoreñas. Contrariamente el gobierno promueve actualmente una Ley de Agentes Extranjeros que limitaría la cooperación desde el exterior.

El registro con prevención de allanamiento fue ordenado por la Juez Primero de Paz, Haydeé Lisett Flores Benítez, y ejecutado por la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de la Fiscalía General de la República. Durante la diligencia, las instalaciones de las organizaciones no gubernamentales permanecieron cerradas y custodiadas por agentes de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.

Azucena Ortiz, directora de las Mélidas, manifestó que el allanamiento les ha recordado las décadas de los años 70 y 80.

La Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador, PROCOMES; la Asociación de Movimientos de Mujeres Mélida Anaya Montes, Las Mélidas; la Fundación Salvadoreña para la Democracia y Desarrollo Social, FUNDASPAD; la Fundación Salvadoreña de Apoyo para las Víctimas y Afectados por las Pandillas “Una Mano Amiga”; la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria “PRO-VIDA”; la Asociación de Mujeres Tecleñas; y la Fundación Ambientalista de Santa Ana, FUNDASAN, tienen orden de allanamiento.

Los allanamientos se dan por un aviso de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga la entrega de fondos públicos a ONG, la cual ha acusado a dichas organizaciones de haber recibido fondos, entre 2011 y 2019, de manera ilícita.

Según el fiscal del caso las organizaciones están siendo investigadas por el supuesto delito de peculado en perjuicio de la administración pública.

Tema: FODES, con Pedro Durán, alcalde de San José Villanueva.

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Tener un fiscal afín y unos magistrados a la medida, se le concedió al presidente Nayib Bukele el 01 de mayo de 2021, cuando los diputados en su primera sesión plenaria destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, para imponer a funcionarios afines al Gobierno. Ahí comenzó el camino hacia la concentración del poder.

El control por el poder total y absoluto parece más cercano. A eso podría contribuir el pliego de reformas a la Constitución presentado este año por una comisión Ad hoc, liderada por el vicepresidente de la República. Sin embargo, para el exjuez Sidney Blanco, la iniciativa constituye una alteración de aspectos centrales al sistema y forma de gobierno y a la integración del Órgano Judicial.

Un aspecto que resalta Blanco es que el proyecto que se presentó es el de una nueva Constitución y, en estos casos, debe crearse una asamblea constituyente. Por otra parte, a su juicio, hay propuestas innecesarias dentro del pliego de reformas, como por ejemplo, la creación de un Tribunal Constitucional Independiente de la Corte Suprema de Justicia. Además la creación de nuevas Salas y nuevos magistrados tampoco es necesario, lo importante, dice, es garantizar la independencia judicial. Desde su punto de vista, hay un interés en fortalecer altos rangos, en lugar de fortalecer tribunales y cámaras que son realmente necesarias como los Tribunales Ambientales y los Tribunales Especializados para una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres.

Sidney Blanco está en desacuerdo con las reformas a la Constitución, ya que además podrían tocar las cláusula pétreas.

“Cada vez vemos más similitudes entre los gobiernos de Nicaragua y El Salvador”

La concentración del poder es una característica común entre El Salvador y Nicaragua. En lugar de imitar a países democráticos respetuosos de los derechos fundamentales, El Salvador está copiando modelos de países muy cuestionados en la protección de los derechos humanos, dice Sidney Blanco, exjuez de Sentencia, quien cada vez percibe más similitudes entre ambos países.

Nicaragua y El Salvador, además, están quedando aislados de la ayuda y el reconocimiento de la comunidad internacional, lo que constituye un duro golpe para los ciudadanos.

El camino hacia el poder absoluto, propio de una autocracia, se va concretando con la aprobación de nuevas leyes que buscan darle más herramientas al presidente para acabar con las libertades ciudadanas como la libertad de expresión, libertad de prensa, de asociación y la contraloría social. Un claro ejemplo de esto es la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros con la que se pretende limitar el trabajo de las organizaciones sociales en las comunidades, pero que además realizan una función de contraloría ciudadana al ejercicio de la función pública.

La propuesta, más allá del falso discurso gubernamental de promover la transparencia busca castigar a las voces disidentes, las que no callan ante las violaciones de los derechos de la población.

Para Loyda Robles de FESPAD, la propuesta de ley que ha sido rechazada a nivel internacional, es una muestra de esos instrumentos que buscan mayor control de parte del órgano Ejecutivo.

La situación de derechos humanos en el país puede volverse más regresiva, debido a la concentración del poder, pues se ha roto el principio de separación de poderes, un pilar fundamental del régimen Republicano. El Órgano Ejecutivo no solo controla al Legislativo y Judicial, también a la Fiscalía, al Instituto de Acceso a la Información Pública y hasta al Tribunal Supremo Electoral. Por su silencio, podría decirse que posiblemente también ha comenzado a controlar a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, reflexiona Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

En los últimos meses se eliminó el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y ahora los recursos municipales se coordinarán desde el Ejecutivo mediante la nueva Dirección de Obras Municipales. Para Saúl Baños, el control interinstitucional ya no existe, pero aumenta la cooptación de las instituciones y la concentración del poder que repercute en los derechos de la población.