Solo habían pasado tres meses de la destitución ilegal de los magistrados y el fiscal general, cuando el 31 de agosto, los diputados de nuevo arremetieron contra la independencia de poderes. Esta vez aprobaron las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, que jubiló a jueces mayores de 60 años, haciendo excepciones entre los magistrados impuestos.
Estas y otras acciones autoritarias han generado un impacto en el Órgano Judicial, ya que al remover a la tercera parte de los jueces y renovar la plantilla de jueces, sin cumplir con las disposiciones constitucionales, y contratar a jueces sin experiencia, se afecta el derecho de los ciudadanos de contar con jueces capaces e imparciales. Para el juez Antonio Durán estamos frente a un grave riesgo, no solo de la democracia, sino de los derechos humanos.