El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), el sacerdote jesuita José María Tojeira, manifestó que hay avances técnicos en la investigación de las desapariciones de personas, pero es una respuesta muy débil ante la grave situación que enfrenta la gente.

Tojeira dice que la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y quienes se dedican a atender el tema de las desapariciones de personas todavía tienen un accionar demasiado débil para la solución de esta problemática.

Según Robles, los tres órganos del Estado responden a la agenda oficialista y al interés particular de un pequeño grupo que gobierna el país.

La especialista de FESPAD explica que la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, ha resuelto permitir la reelección del presidente de la República, contrariando la misma Constitución vigente. La Asamblea Legislativa ha dado muestras de desinterés en la agenda de derechos humanos, archivando más de 300 propuestas de las organizaciones.

Además, el Legislativo ha entrado en una dinámica de replicar el discurso del Órgano Ejecutivo, sin un debate. Las iniciativas son aprobadas, abusando de la figura de dispensa de trámite y son aprobadas en madrugones.

En este contexto, Robles cuestiona: ¿Quién determina que estamos frente a una situación de contravenir el orden público, la soberanía nacional o la seguridad del Estado, como lo establece la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros?

La Ley de Agentes Extranjeros impone un impuesto del 40% a la cooperación internacional. Para Loyda Robles, directora de fortalecimiento a la institucionalidad del Estado, transparencia y anticorrupción de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, esto implica un ahogo financiero para las organizaciones.

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros se tendrán 180 días hábiles para que las asociaciones y organizaciones sin fines de lucro se registren, de lo contrario supondría la cancelación del estatus legal de una organización, multas de hasta 250 mil dólares o incluso penas, de dos a cinco años de prisión.

Esto genera una injerencia indebida y un acoso fiscal, según Robles.

Tema: Propuesta de Ley de Agentes Extranjeros, con Loyda Robles, de FESPAD - Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.

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La propuesta de metodología de fiscalización y control de gasto público la han puesto a disposición del público en general y esperan que los diputados de la Asamblea Legislativa puedan retomarla, siendo coherentes con el discurso que maneja de transparencia, acotó Palomo.

La Asociación Transparencia, Contraloría Social, Datos Abiertos, TRACODA ha compartido una herramienta digital para facilitar el control y fiscalización ciudadana de los recursos públicos, sobre todo en lo que tienen que ver con el presupuesto General del Estado, a través de la página Web presupuesto.tracoda.info. 

Además, TRACODA presentó una serie de sugerencias para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la contraloría ciudadana sobre las diferentes fases del ciclo del presupuesto, desde su formulación hasta el proceso de evaluación, según explicó Carlos Palomo, presidente de TRACODA.

El río Jiboa es abundante en materiales pétreos y por ello son extraídos materiales por empresas como CESSA, ARCO Y BLOKITUBOS para la elaboración de materiales de construcción.

Estas acciones repercuten en la vida del río y en la vida de miles de familias que residen en las riberas del Jiboa señala Villalobos.

La Asociación de Desarrollo Comunal, Cantón San Antonio la Loma, El Foro del Agua El Salvador y la Mesa Territorial del río Jiboa, llegaron al Ministerio de Medio Ambiente para pedir, por escrito, los permisos ambientales a diversos proyectos que se llevaban a cabo en la zona de la cuenca del río Jiboa en La Paz.

Meses atrás, el Juzgado Ambiental de San Salvador había dictado medidas cautelares contra William Ernesto Rivera por los delitos de usurpación, tala de árboles y contaminación de la fuente de agua, la cual afecta a los pobladores del cantón El Socorro en San Antonio Masahuat de La Paz, sin embargo las medidas no están siendo verificadas por ninguna entidad.

Susana Villalobos del Foro del Agua y de la Mesa de la Cuenca del Río Jiboa, señala que han sostenido reuniones con autoridades de Medio Ambiente para conocer el porque la cuenca del Jiboa no goza de protección ambiental sin embargo a la fecha no han logrado un compromiso.

Por otro lado sobre la petición que se hizo de conocer permisos ambientales tampoco han logrado concretizar nada.

De 2006 hasta 2020, en El Salvador hay registradas 161 mil 576 armas de fuego, según datos proporcionados por el Ministerio de la Defensa Nacional.

Además, hay un total de 526 mil 43 licencias emitidas para portación de armas.

Héctor Carrillo, Director de Acceso a la Justicia de La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dice que es urgente que el legislativo apruebe esta propuesta de ley y así evitar los vacíos que actualmente existen.

Jonathan Marroquín, Coordinador del Grupo Malacate, un grupo artístico cultural de Quezaltepeque, en La Libertad, señala que es importante poner un alto a la violencia armada ya que los principales afectados son los jóvenes de entre 20 y 29 años de edad.