El abastecimiento de agua en las zonas rurales del país es una deuda histórica del Estado, ya que desde que se creo ANDA, en 1961, ésta entidad centró su atención en lo urbano excluyendo y dejando en rezago a lo rural.
Debido a esto, en 1995, comunidades nacionales e internacionales, alcaldías, y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local FISDL, crearon las juntas administradoras del agua potable del sector rural donde su financiamiento proviene de ayuda internacional.
Y es que según el artículo 10 de la iniciativa de Ley de Agentes Extranjeros, por cada transacción financiera, desembolsos, o transferencias, provenientes de fondos del mandante extranjero, sea a través de donaciones, pagos u otro, se aplicará un impuesto del 40%.
Por otro lado, según el artículo 11 de la iniciativa de Ley, cuando un sujeto obligado incumpla sin causa justificada y comprobada dicha normativa se le impondrá una multa de hasta diez mil dólares; además será cancelada la personería jurídica a la instancia respectiva y deberá responder penalmente “por la realización de actos que amenacen la seguridad nacional u otros debidamente comprobados”.
Romero señala que el actual gobierno lejos de beneficiar a los más pobres, les cierra las puertas del desarrollo y los invisibiliza.