El Decreto que prohíbe las concentraciones, propuesto por el Gobierno y aprobado la semana pasada por la Asamblea Legislativa, es similar a la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público, aprobada por el régimen militar en 1977.

Esto indica la ruta por la cual se encamina el país, señala Álvaro Artiga, catedrático e investigador del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA.

Dalia González del Foro del Agua señaló que las mujeres son las más afectadas pues son las que más utilizan el agua y tal cómo está el contenido de la ley no se incorpora el enfoque transversal de género.

AUDIO DALIAA

La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), la Mesa de las iglesias, la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua y el Foro del Agua enfatizaron que la ley de Recursos Hídricos no garantiza el carácter público, ni el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. Tampoco garantiza que el agua no será objeto de mercantilización.

La pasada semana los diputados de la Comisión adhoc finalizó el estudio de los 164 artículos del anteproyecto de Ley de Recursos Hídricos sin tomar en cuenta las propuestas que las organizaciones ambientales y sociales brindaron en el marco de la consulta que realizaron los parlamentarios.

La ley deja afuera a las juntas de agua quienes se verán obligadas a pagar un canon y a renovar permisos cada 5 años, mientras que a las empresas se les concederá autorizaciones de uso del agua por 15 y hasta por 30 años sin que se les exija, al menos, un permiso ambiental, indicó Óscar Ruiz del Foro del agua.

Serrano añadió que el principio de participación ciudadana, de quienes garantizarían el derecho humano al agua, no existe en la ley, han sido desplazados.

Esa es la pregunta que las iglesias, la academia y las organizaciones de la sociedad civil se hacen luego que los diputados de la Asamblea Legislativa finalizaran la pasada semana el estudio del anteproyecto de Ley de Recursos Hídricos, sin tomar en cuenta las propuestas hechas por los diversos sectores y beneficiando a los grupos económicos y no a los salvadoreños.

La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), la Mesa de las iglesias, la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua y el Foro del Agua se concentraron en la Asamblea Legislativa para denunciar que se está legalizando la injusticia hídrica, favorece la privatización, el robo y despojo del agua en los territorios.

Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, dijo que la ley apoyada por los partidos aliados del Gobierno busca beneficiar a los grandes grupos económicos del país que mercantilizan el agua.

Tema: Análisis de la coyuntura política, con Álvaro Artiga, catedrático e investigador del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA.

⏰ 7:00 A.M. - www.ysuca.org.sv

Brizuela añadió que el sistema hospitalario privado esta jugando un papel importante en la pandemia al atender aquellas enfermedades que el sistema de salud público no ha resuelto.

AUDIO BRIZUELA

Por otra parte, el presidente del Colegio Médico confirmó que las áreas COVID que se habían dejado de utilizar en algunos hospitales públicos – como en el hospital Zacamil y en el San Rafael- se han reabierto ante la falta de camas en el hospital El Salvador.

Según los registros del Ministerio de Salud, Del 1 al el 24 de octubre, murieron 330 personas a causa del coronovirus, octubre se vislumbra como el mes con más muertes desde el primer caso positivo en El Salvador.

Hospitales al límite de su capacidad por la COVID-19

La pandemia mantiene al límite de su capacidad al sistema hospitalario público y privado debido a la ola de casos de COVID-19.

Según el presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, el sistema hospitalario privado desde hace dos meses se encuentra saturado. Los espacios de atención por casos COVID es limitado, por lo que son referidos al sistema público.

Baños señaló que el Gobierno actual inició su gestión ignorando los Acuerdos de Paz y sus objetivos. También niega al exacerbar el militarismo, al bloquear archivos militares y al debilitar los mecanismos de reparación.

La impunidad continúa habitando entre los salvadoreños, prueba de ello es que continúa siendo bloqueado el acceso a los archivos militares, que permitirían conocer la verdad sobre lo acontecido en la guerra en el país.

El director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, Saúl Baños participó en el Décimo Séptimo Congreso Internacional de derechos humanos “Herbert Anaya”, donde señaló que el bloqueo a los archivos militares por parte del Órgano Ejecutivo es una desobediencia a la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, emitida en 2016.