Las organizaciones del gremio médico y de derechos humanos se unieron con el objetivo de exigir al Estado que cumpla con el Decreto 723 y garantice el respeto de los derechos del personal de salud afectado por la pandemia.

Por su parte el presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, se solidarizó con las familias del personal de salud fallecido durante la pandemia y cuestionó el papel del Ministerio de Salud, que ha abandonado a las familias de los 222 profesionales que han perdido la vida en la primera línea.

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Las autoridades de salud podrían ser demandadas, explicó Jonathan Sisco de Cristosal, por cada uno de los familiares fallecidos, por incumplir con el decreto 723. Sisco recordó a las autoridades que es una obligación legal darle cumplimiento.

Por otra parte, el Decreto Legislativo 723 fue aprobado el 3 de septiembre del 2020, ordenaba una compensación económica de $30,000 dólares para los familiares del personal fallecido en el combate de la covid-19, sin embargo hasta la fecha las autoridades del Ministerio de Salud y el presidente de la República, Nayib Bukele, no lo han cumplido.

El artículo 4 de dicho decreto señala que, “para generar un acceso a la compensación” a los parientes de una empleado de salud fallecidos por covid-19, se deberá formar parte de “un registro oficial elaborado por el Ministerio de Salud” con la información de los integrantes del Sistema Nacional Integral de Salud, sin embargo, no lo han hecho y los familiares están recopilando dicha información.

Laura Laínez, coordinadora del Movimiento de Familiares de Salud COVID-19, lamentó la falta de solidaridad del Gobierno con los médicos que han dado su vida en la pandemia y sus familias.

Ascienden a 222 los profesionales de la salud fallecidos por COVID-19, mientras sus familias continúan abandonadas

El Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende”, ALAMES El Salvador, el Colegio Médico, familiares del personal de salud COVID-19 y Cristosal, mostraron su preocupación ante la pérdida de quienes enfrentan el drama pandémico de la COVID-19.

A la fecha 222 profesionales de la salud han fallecido por la enfermedad, de los cuales 43 se han registrado en 2021; esto es lamentable, expresó Fátima Alas del Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende”, ALAMES El Salvador.

Unos 800 líderes de las lotificaciones que están en el limbo jurídico presentaron cartas al presidente de la República para que resuelva su situación. El presidente respondió que la ministra de Vivienda era quien atendería el tema por tratarse de lotificaciones.

La ministra de Vivienda accedió a atenderlos, pero solamente les ha pedido un listado de las personas afectadas y no ha brindado una solución a la problemática.

Los lotehabientes que están en el limbo jurídico con sus propiedades son personas que se ganan la vida con mucho esfuerzo y, con el deseo de proteger a sus familias, decidieron comprar un lote. Pagaron su cuota mes a mes, hasta cumplir con el costo del inmueble. Sin embargo, las lotificadoras no estaban registradas y, si lo estaban, nunca les entregaron las escrituras, según explica Manuel Cerón, director de Organizadores Comunitarios de COFOA.

En El Salvador hay más de 500 lotificaciones con problemas de registro y a nivel nacional son afectadas unas 350 mil familias, según el Centro Nacional de Registro.

En la Red Nacional en Acción con Esperanza y Resistencia, RENACER, de las Comunidades de Fe Organizadas para la Acción, COFOA, están aglutinadas alrededor de siete mil familias, que se encuentran en el limbo jurídico con sus propiedades.

Aunque esta situación ha sido catalogada como una estafa de diversas lotificadoras a nivel nacional, la Fiscalía General de la República no ha procedido legalmente, ya que no se cuenta con una Ley que lo regule.

Esta situación demuestra que ha habido una complicidad entre la empresa privada y la Asamblea Legislativa, según Ulises Hernández, del equipo jurídico de COFOA.

Tema: Lotehabientes en el limbo, con Manuel Cerón y Ulises Hernández, de COFOA.

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Tras el incendio del Mercado de San Miguelito de San Salvador, el pasado 22 de septiembre, las comerciantes fueron reubicadas en puestos temporales en calles aledañas.

Las vendedoras y vendedores manifiestan que enfrentan perdidas económicas tras el incendio y ahora en los nuevos locales enfrentan otras problemáticas como la ausencia de los principales servicios que tenían en el mercado.

El presidente de la república, Nayib Bukele y los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa insisten en que las disposiciones transitorias de suspensión de concentraciones de personas y eventos públicos o privados no prohíben las marchas, siempre y cuando cuenten con su esquema completo de vacunación y donde se respeten los protocolos de bioseguridad.

Sin embargo la Asamblea Legislativa aprobó que la PNC pueda impedir la incorporación de la gente a eventos de concentración masiva, en caso se incumpla con los requisitos antes mencionados. Además facultó a la Fiscalía General de la República (FGR) a actuar en contra de las personas que convoquen, promuevan u organicen concentraciones de personas.

López manifestó que no es lógica la postura de los diputados y el Gobierno cuando facultan a la PNC y Fiscalía actuar contra las personas que organizan concentraciones y mucho menos cuando no se toman las mismas medidas con aquellos eventos deportivos o culturales que también implican concertación masiva de personas.

Los parlamentarios aprobaron hace unos días el decreto transitorio que prohíbe las concentraciones de gente en actos públicos y privados, exceptuando actividades culturales, artísticas y deportivas. Quien incumpla la medida podría ser sancionado por un delito de desobediencia que acarrearía una pena de uno a tres años de prisión.

A criterio de Amalia López, ambientalista de la alianza nacional contra la privatización del agua, el decreto busca restringir las marchas que en los últimos meses se han incrementado contra el presidente Nayib Bukele.

López dijo que en los próximos días veremos la aprobación de temas importantes en el pleno como: La ley General de Recursos Hídricos, reforma de pensiones entre otros.