El vicepresidente Félix Ulloa no se quedó atrás en sus promesas y aseguró que gobernaría con transparencia y eficiencia. Prometió un gobierno abierto, para eso necesitaría de marcos normativos y las instituciones para ejecutar las políticas públicas, luego de ser consultadas con la población. La rendición de cuentas sería un eje prioritario.

El agua sería uno de los ejes prioritarios del área de medioambiente, seguido de un plan para construir tres grandes plantas de saneamiento: una en el gran San Salvador, otra en San Miguel y otra en Santa Ana. También cerraría el Zoológico Nacional y el espacio lo convertiría en un ecoparque. Arreglaría toda la cuenca del río Acelhuate. Para ello, el Gobierno daría el fondo, son $400 millones de dólares, apuntó.

El agua fue el enfoque al tocar el tema medioambiental. Ni la privatizaría, ni tampoco le aplaudiría a ANDA, dijo el candidato cuando anhelaba ser presidente.

En noviembre de 2018, frente a los estudiantes de la Universidad de El Salvador, prometió luchar junto al pueblo y defenderlo de quienes quieran privatizar el agua. Dijo que marcharía hacia la Asamblea Legislativa para pedir un presupuesto justo para la Universidad. Entre la euforia de los estudiantes universitarios, prometió sumarse a las demandas de los salvadoreños. No habrá UMO, ni militares, dijo, porque “ellos marcharán con nosotros”.

El Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) reporta incremento en los precios de verduras y hortalizas desde finales de septiembre del año en curso.

Por ejemplo la cebolla blanca con tallo grande, el manojo de 50 unidades costaba $6.33 el 14 de mayo del presente año y el 28 de septiembre subió a $7.00; el tomate de pasta mediana, la caja de 275 a 300 unidades tenía un precio de $7.89 y a finales de septiembre subió su precio a $13.80, lo que significa que ha subido su costo en un 137%.

YSUCA trasladó sus micrófonos a comerciantes de verduras y hortalizas en un mercado de San Salvador para conocer la situación que enfrentan ante el alza, esto fue lo que dijeron:

Según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de la Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC, en 2019 se registró el 4.5% de población que se encontraba en pobreza extrema. Para 2020 esta cifra se duplicó, subiendo al 8.6% de la población en extrema pobreza, sobre todo de las zonas rurales.

Para poder ir reduciendo estas brechas de pobreza es urgente crear mecanismos políticos que brinden alternativas para hacerle frente al cambio climático, señaló Adela Bonilla de la Mesa por la Soberanía Alimentaria.

Según el Programa Mundial de Alimentos los departamentos de Ahuachapán, La Unión y San Miguel tienen población que sufre hambre. Datos de 2020 indicaban que existían 684 mil personas en emergencia, sin embargo la emergencia de la pandemia ha hecho que esa cifra crezca a 104 millones de personas.

De ese número, el 43% son mujeres que constituyen la mano de obra agrícola y, aunque es el sector que sigue produciendo el 50% de alimentos, enfrenta serias desigualdades como el acceso a la propiedad de la tierra y medios de vida.

Adalberto Blanco, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, señala que estas desigualdades son producto de las políticas erradas en esta materia.

Alerta Raquel, “Todos somos Flor” y la familia de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero se han unido en alianza solidaria y empática con las víctimas de desaparición forzada y sus familiares.

Los familiares de las víctimas aseguran que no permitirán que se olviden de los nombres y rostros de las personas desaparecidas y sobre todo que el Estado los desaparezca doblemente al no buscarlos, ni investigar cada uno de los casos de desaparición.

“La unión solidaria tiene como objetivo unir esfuerzo y visibilizar, alzar la voz y promover la solidaridad y no permitir que haya una doble desaparición desde el Estado y la sociedad, es decir que no nos olvidemos de las personas desaparecidas con el pasar de los días, además de evitar que las familias y madres se queden solas en la búsqueda de su familiar desaparecido y en la exigencia de su derecho a la verdad”, se lee en un comunicado de los familiares de las víctimas.

Ivette Toledo, madre de Karen y Eduardo, sigue en la búsqueda de sus dos hijos desde hace un mes y las autoridades fiscales y policiales no le dan respuesta alguna.

Además, Molina denunció que en su escuela en el departamento de Cuscatlán, los sanitarios, que son de fosa, están por rebalsar y los techos están inservibles. Sin embargo, elevar la voz por estas carencias implica que los maestros serán sancionados, señala el dirigente magisterial.

No es que los directores de los centros educativos no sepan administrar los fondos, es que el Ministerio de Educación no brinda los recursos para que las escuelas mejoren, afirma Manuel Molina, dirigente magisterial.

El Ministerio de Educación sólo entrega cuatro dólares al año por cada estudiante, a cada centro educativo, asegura Molina.

Situación de docentes en el sector público, con Manuel Molina, dirigente magisterial y Ernesto Benítez, de SIMEDUCO.

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