José Dolores Romero, presidente de la asociación de sistemas autónomos de agua potable y saneamiento, señaló que los cánones (o tributo por el uso del agua) es injusto para las juntas de agua que durante años han abastecido de agua a las comunidades que no abastece la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA). Romero afirma que algunas juntas podrían cerrar ante la falta de recursos.

Luís González de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) cuestionó la finalización del proyecto de ley. Señaló que los parlamentarios no tomaron en cuenta las propuestas hechas por los diversos sectores de la sociedad civil. Además, González aclaró a la población salvadoreña que la ley estudiada por los diputados no resuelve la falta de agua potable en las comunidades.

La Comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa que estudia el anteproyecto de Ley general de recursos hídricos finalizó con el estudio de los 164 artículos. La sesión de trabajo de la comisión quedó abierta “para acordar el nombre de la normativa y establecer los considerándoos", dijo el diputado de Nuevas Ideas Christian Guevara.

Dalia González de la Alianza Nacional contra la privatización del agua, señaló varias inconsistencias en el articulado de la ley, entre ellas, que la ley no toca los intereses de las grandes empresas que comercializan y mercantilizan el agua y que sí afectan el consumo humano del agua.

Ivania Cruz señala que el proceso judicial ha tenido retrasos debido a trabas administrativas en los juzgados y cámaras competentes.

Fueron cinco los capturados por haber sido señalados de actos corrupción en la alcaldía de Zacatecoluca.

El 27 de mayo pasado, los privados de libertad fueron traslados al penal La esperanza, conocido como Mariona, luego de haber pasado más de un mes en bartolinas policiales.

Según comenta Ivania Cruz, en el recinto penitenciario no hubo un trato de respeto a derechos humanos, sino todo lo contrario. Pese a que muchos tienen enfermedades graves en un principio no recibían atención médica y el alimento proporcionado no era adecuado a su condición de salud.

Los familiares de los privados de libertad acudieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Luego de un mes de estar encarcelados, algunos aspectos fueron mejorados como la alimentación y la higiene del recinto donde están recluidos, señala Cruz.

El director Ejecutivo de FESPAD también cuestionó el papel pasivo del Procurador de Derechos Humanos Apolonio Tobar quien a partir del 1 de mayo con la entrada de los nuevos parlamentarios y magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha tomado un papel pasivo ante las violaciones a derechos humanos en el país.

El proyecto "Sociedad Civil promoviendo el acceso a la justicia y la seguridad humana en El Salvador” también estará dirigido a funcionarios, funcionarias e instituciones públicas: la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil, Órganos Ejecutivo y Legislativo.

El proyecto de FESPAD plantea acciones para contribuir a que los ciudadanos y las ciudadanas propongan a gobiernos locales y Órgano Ejecutivo medidas integrales para la prevención de la violencia.

Héctor Carillo, director de Acceso a la Justicia de FESPAD, afirmó que, ante el abandono a los casos de personas desaparecidas, el proyecto busca que las familias tengan acceso a la justicia y seguridad humana.

Desde hace seis meses un grupo de exconcejales y el exalcalde de Zacatecoluca, del departamento de La Paz, fueron capturados.

Ivania Berenice Cruz, hermana de Ever Stanley Cruz, que era parte del concejo de dicha municipalidad, denuncia que su caso no avanza y en muchas ocasiones se ha bloqueado la visita del abogado defensor.

Entre 2014 y 2019 se registraron más de 22 mil denuncias de desapariciones forzadas en El Salvador. Durante el año 2020 el fenómeno ha persistió siendo la población joven y adulta joven la más afectada. Según datos de la PNC se registraron mil 539 desapariciones de personas, de estas el 34.18 % (526) corresponden a mujeres y 65.82 % (mil 013) fueron hombres. Entre enero y abril de 2021 se han reportado 424 personas desaparecidas, según la Fiscalía General de la República (FGR).

Baños lamentó que uno de los grandes vacíos para investigar los casos de desaparición forzada es la falta de información oficial sobre las desapariciones y homicidios. Dijo que el caso de Chalchuapa es un ejemplo de ello, ya que evidenció la falta de transparencia en este tema.

A través del proyecto "Sociedad Civil promoviendo el acceso a la justicia y la seguridad humana en El Salvador”, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) buscará contribuir a fortalecer la débil institucionalidad del Estado y de garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales.

A pesar de que estadísticamente se destaca la baja de homicidios, el fenómeno de la desaparición de personas viene en incremento. Por lo que este tema será la prioridad en dicho proyecto.

El director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, Saúl Baños, dijo que en un período de tres años impulsarán acciones como: monitoreo sobre hechos de desaparición forzada en El Salvador; litigio estratégico y acompañamiento de casos de desaparición; campaña de divulgación de propuestas para mejorar la respuesta ante estos casos; incidencia en nombramientos de funcionarios de instituciones clave y evaluación de desempeño; diagnóstico sobre procedimientos y herramientas para elección y evaluación de funcionarios de instituciones clave; y elaboración y promoción de propuestas para contribuir a la prevención de la violencia.

Por otro lado, el Ministerio de Salud se niega a cumplir con el Decreto 723 que establece la entrega de $30,000 a los familiares del personal de salud fallecido a causa de la covid-19, quienes fallecieron antes del 24 de septiembre de 2020, fecha en que entró en vigor dicho Decreto. Pero a los familiares de quienes fallecieron posterior al 24 de septiembre de 2020 tampoco se ha entregado la compensación económica como corresponde.

Los familiares del personal de salud fallecido en el contexto de la pandemia de covid-19 mantienen la lucha por el reconocimiento del Estado salvadoreño al máximo sacrificio de sus seres queridos, según manifestó la doctora Laura Laínez de Rivas, coordinadora del Movimiento de Familiares del Personal de Salud COVID-19, de quien su esposo falleció al inicio de la pandemia, ejerciendo como neurocirujano.