Este 11 de junio se cumplieron cinco meses de la detención de cinco líderes de la comunidad Santa Marta del municipio de Victoria, en Cabañas. Por esta razón, representantes de la comunidad, familiares y otras organizaciones brindaron una conferencia de prensa en la cripta de Catedral Metropolitana donde exigieron nuevamente la libertad de los detenidos.

Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Local, Ades Santa Marta, denunció que el Estado salvadoreño “se ha ensañado” contra los luchadores sociales y apuntó que “lo más grave” es que las autoridades judiciales y penitenciarias no permiten que sus familiares y el abogado defensor puedan verlos.

Según el sindicato, la semana pasada en la alcaldía de Soyapango hubo 400 trabajadores despedidos y tras información obtenida, por medio de un concejal, se suman 193 despidos más.

SITRASOYA dice que el concejo municipal de Soyapango suprimió 193 plazas a partir del 12 de junio. Esto consta en el acta de la sesión de concejo del sábado 10 de junio. En el documento se lee que la decisión obedece a la reestructuración financiera y organizacional municipal.

Ante esto, Hernández dice que la supresión de plazas lo contempla la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, pero no necesariamente debe ser un despido de hecho. Es por eso que rechazan la forma de proceder.

El secretario general de SITRASOYA señala que los integrantes de la junta directiva del sindicato tienen protección bajo convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que califica de arbitrarios los despidos.

Ovidio Hernández, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango (SITRASOYA) dijo a YSUCA que este 12 de junio los empleados de la municipalidad siguen en la zozobra porque diferentes trabajadores de la alcaldía de Soyapango no pudieron marcar su inicio de labores en el sistema biométrico.

Hernández denuncia que tras el discurso de los cuatro años del presidente de la república, en el que anunció la disminución de alcaldías del país, se incrementaron los despidos en la alcaldía de Soyapango bajo el argumento de supresión de plazas.

Los trabajadores del área operativa (Cementerios, mercados, CAM, plazas públicas, aseo y otros departamentos municipales) no pueden acceder a la marcación biométrica.

González dijo a radio YSUCA que es preocupante ver la forma en que el MARN plantea como logro dar más de 1,500 permisos ambientales en un año y que en la actual gestión de gobierno haya entregado más de 3 mil autorizaciones de este tipo, sin tomar en cuenta que la situación ambiental va empeorando cada día más. A juicio de González, el MARN, ignora los daños ocasionados con estas acciones.

“A diestra y siniestra”. Así ha tramitado los permisos ambientales el Ministerio de Medio Ambiente y Recurso Naturales, MARN, en los últimos años. Esto, según Luis González, representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña,UNES.

Lo hace sin realizar estudios y sin hacer consultas ciudadanas. Entre los proyectos otorgados, de acuerdo al experto, están el aeropuerto de La Unión y el estadio que se pretende construir en la finca El Espino.

El Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales, MILPA, y habitantes de la comunidad El Amate, cantón La Leona, Intipucá, La Unión, denunciaron la detención arbitraria de Óscar René Martínez Iglesias, quien es fundador de dicho movimiento.

La detención se realizó en la zona de la playa el Icacal y luego fue trasladado a las bartolinas de la Policía Nacional Civil de La Unión.

Integrantes de la comunidad aseguran que Óscar no pertenece a agrupaciones criminales. Eso lo confirman los antecedentes penales y policiales de abril de 2022 que indican que Óscar no tiene procesos pendientes, ni sentencias condenatorias por imputación de delitos.

La actual alcaldía alquila vehículos porque los municipales ya dieron su vida útil, fallan constantemente y hay dificultades para trasladar los promontorios de basura a los rellenos sanitarios de MIDES, situación que obliga a la municipalidad a contratar equipo pesado para el traslado, denunció el sindicato de San Martín.

La acumulación de los promontorios de basura afecta a la comunidad Las Rosas y comunidad San Martín que están paralelas al botadero. Los habitantes de esas zonas se han quejado por la situación que enfrentan.

Los sindicalistas han pedido al concejo municipal mesas de diálogo para solucionar esta dificultad que afecta comunidades de la zona y a los trabajadores. Sin embargo el problema persiste.

Sonia Mestanza espera que las autoridades municipales no apliquen medidas represivas por la denuncia que han hecho.

El Sindicato de la Alcaldía de San Martín denunció la acumulación de basura por varios días en la “Planta de transbordo” ubicada en el Plantel del Departamento de Servicios Generales del municipio, en las cercanías del ex IRA, situación que se viene dando desde hace varios meses.

La integrante del sindicato, Sonia Mestanza, dijo que previamente el Concejo Municipal habló sobre la necesidad de la compra de vehículos nuevos, mejorar la maquinaria para la recolección y el manejo de desechos sólidos, pero hasta la fecha la situación ha empeorado.

La carencia de equipo genera la falta de recolección de manera eficiente y la producción de los promontorios de basura que está afectando la salud de los trabajadores destacados en ese plantel. Algunos empleados tienen enfermedades graves de la piel, entre otras enfermedades.

A juicio de la sindicalista, la Ley General de Prevención de Riesgos se incumple. Se ha dejado de lado al trabajador recolector de basura, a tal punto que unos sufren enfermedades por la severa acumulación de basura y la falta de equipo de protección.

Al menos 300 empleados de la Alcaldía de Soyapango que fueron cesados de sus labores, el pasado miércoles, fueron reinstalados en sus puestos de trabajo, informó Ovidio Hernández, del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango, SITRASOYA. 

Los trabajadores fueron reincorporados luego de denunciar que la comuna estaba despidiendo a los trabajadores de manera injustificada, explica Hernández.