El historiador indicó que una forma para explicar el interés gubernamental por asumir el poder municipal, se puede verificar al estudiar las transformaciones que ha tenido San Miguel.

En El Salvador, el órgano Ejecutivo históricamente ha temido a la autonomía de los poderes locales y a que estos se conviertan en focos de oposición de donde surjan nuevos liderazgos. Así lo afirmó el historiador Héctor Lindo al hablar sobre la propuesta impulsada por el mandatario salvadoreño para reducir de 262 municipios a 44. Esto, a juicio de Lindo, refleja el interés de las autoridades de turno de ejercer mayor control político en el país.

Por su parte, Leonel Tobar, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos, calificó de lamentable el retraso en el proceso judicial, en medio de la muerte de los implicados y las víctimas.

Alejandro Diaz, abogado de Tutela Legal “Doctora Maria Jula Hernández” dijo que el proceso en el caso El Mozote se encuentra estancado tras nuevas solicitudes de diligencias hechas por parte de la jueza de Instrucción de San Francisco Gotera.

Diaz manifestó que el proceso estaba listo para elevarse a la etapa de juicio. Sin embargo, las nuevas solicitudes han dilatado el avance del caso y la justicia para las víctimas.

El experto apuntó que es importante preguntarse dónde están los certificados de financiamiento de transición y las emisiones de deuda realizadas. Reprochó que tal endeudamiento no ha desaparecido, sino que “está aumentando”.

Patricio Pineda, integrante de la Mesa por una Pensión Digna criticó fuertemente la decisión del gobierno actual de eliminar de las estadísticas oficiales del Banco Central de Reserva el monto de la deuda que tiene con los trabajadores.

Hace algunas semanas se conoció que la administración actual cambió las reglas para el pago de la deuda previsional y se otorgó un período de gracia de cuatro años. Esto ocasionó fuertes cuestionamientos de diferentes sectores sociales.

Recientemente, economistas señalaron que el Ejecutivo hizo un “borrasaldo a nivel contable” que, a juicio de Pineda, es “un maquillaje” para impresionar a las fuentes financieras de acceso a créditos.

Este viernes la familia de Paola y el Bloque de Personas Desaparecidas realizaron una pega de afiches con la fotografía de Paola, para intentar conseguir información de su paradero.

Asimismo, presentaron un escrito a la Fiscalía General de la República, a fin de solicitar otras diligencias de investigación y una reunión para conocer si existen avances del caso, ya que aseguran que no han tenido respuesta sobre lo que ha sucedido con Paola, aseveró Idalia Zepeda, de la Asociación Salvadoreña por la defensa de los Derechos Humanos ASDEHU.

Zepeda dijo que también solicitaron a la FGR que a la madre se le haga una prueba de ADN para verificar en Medicina Legal si el hallazgo de algunos cuerpos coinciden con la joven desaparecida.

Paola Arana de 18 años de edad, fue capturada por agentes de la Policía Nacional Civil, PNC, cuando salió a comprar a la tienda. Fue detenida el año pasado por la policía en el marco del régimen de excepción, relató la madre de Paola.

Según testigos, unos policías la interceptaron y la llevaron detenida sin razón alguna. “La joven estuvo privada de libertad en las instalaciones del ISNA, pues en ese momento tenía 17 años de edad. Allí pasó 13 días, hasta que en la audiencia inicial recuperó su libertad”, relata su progenitora.

Un mes después, y cuando todo parecía estar bien, la joven salió de su casa en el cantón La Joyita y se dirigió hacia la unidad de Salud de Ciudad Arce para pasar una consulta médica. Sin embargo, no regresó. La joven desapareció el 26 de mayo del año pasado.

La madre manifestó que su hija le expresó, previó a su desaparición, que estando detenida recibió amenazas de unas jóvenes, supuestamente vinculadas a las pandillas.

El integrante del Movimiento de Trabajadores de la Policía le recordó al presidente de la república que en su discurso del cuarto aniversario de su gestión, dijo que combatiría la corrupción y además de la guerra contra las pandillas. Es por eso que Reyes pide investigar a los funcionarios que tienen vínculos con pandillas.

Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía denunció que en la Colonia Flor Blanca, San Salvador, la Fuerza Armada ubicó a Esdras Jonathan Olivorio Coronado, alias "Monkey" integrante de una pandilla, quien fue entregado a la Policía Nacional Civil para que responda ante la justicia por agrupaciones ilícitas.

Sin embargo, llama la atención que, tras su captura, se hizo presente a la delegación de San Salvador centro un funcionario para abogar por su liberación.

El detenido es pariente de un militar jubilado, asegura Reyes.