Trabajadores despedidos del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) lamentaron el cierre de la autónoma y señalaron como “sombrío” su futuro pues con 50 años de edad dice será difícil conseguir un nuevo trabajo.

De acuerdo con la exempleada Milagro Fernández, las autoridades les informaron que la institución cerraría por falta de recursos, añadiendo que el Gobierno esta generando una ola de despidos.

AUDIO MILAGRO

Alrededor de cien son los empleados despedidos y que ahora no cuentan con empleo.

Según Óscar Galdamez, desde hace un año se rumoraba sobre la creación de una nueva institución dedicada a las municipalidades y el cierre del ISDEM.

Galdamez, explicó que desde la llegada de varios representantes de las municipalidades en manos del partido de Gobierno el trabajo en el ISDEM comenzó a ser irregular y los despidos iniciaron desde hace semanas, afirmó.

El sacerdote de Arcatao manifiesta que el Padre Tilo fue Sacerdote Diocesano, estudió en el Seminario San José de la Montaña, fue formado por los Sacerdotes Jesuitas que dieron formación en esa época.

Tras ser ordenado fue un gran servidor del pueblo y crítico porque no fue parte de una Iglesia Católica “muda” sino que perteneció a una iglesia que siguió la huella de Jesús.

Váquez recordó que el Padre Tito fue amenazado durante el conflicto armado.

El Sacerdote, Rutilio Sánchez conocido como PadreTilo, falleció la madrugada de este sábado en el Hospital El Salvador a causa de COVID-19.

Las comunidades de Chalatenango y del país expresan que fue un gran defensor de los derechos humanos y fue solidario con las víctimas de las masacres cometidas durante el conflicto armado salvadoreño.

El Sacerdote de Arcatao, Chalatenango, Miguel Vásquez, dijo a YSUCA que Tilo recibe acción de gracias de las comunidades del país.

En septiembre el proyecto para reformar la Constitución podría llegar a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Reformas que traerían cambios en El Salvador en cuanto a los derechos ciudadanos.

Escuche la primera segunda entrega de esta nota especial sobre las propuestas constitucionales solicitadas por el presidente.

Jueces demandaron ante la CIDH la decisión de la asamblea por incumplir lo mandato por la constitución

El gasto público en el Bitcoin lo tendrán que asumir todos los salvadoreños a través del pago de impuesto en un contexto en el que las familias sienten el agobio del alza en los precios en los alimentos y en los servicios básicos.

Para el vicerrector de Proyección Social de la UCA, el Estado puede intervenir para aliviar la situación económica de la población, no con paquetes de alimentos, sino con medidas relacionadas a los impuestos, los subsidios y una reforma fiscal progresiva.

En la encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, "La población salvadoreña opina sobre el Bitcoin y la situación socioeconómica del país", la mayoría de la población se ha manifestado en contra del Bitcoin y a la base está el desconocimiento de la gente en torno a esta criptomoneda.

Para el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, el Gobierno está gastando más de 200 millones de dólares en fideicomisos, en instalar las casetas y en los cajeros. Si hubiese una decisión generalizada de no usar el Bitcoin, este proyecto será un fracaso; pero si se le obliga a la población a utilizar este criptoactivo, entonces creará un descontento, según Serrano.

Los resultados de dicha encuesta revelan una contradicción en el discurso del gobierno. Si el pueblo se manifiesta a través de las encuestas ¿por qué no se le hace caso?, cuestiona Omar Serrano.

El gobierno asegura que la jubilación de los jueces es para limpiar la corrupción en el sistema judicial, sin embargo, los jueces y magistrados aseguran que lo que el gobierno busca es el control total del sistema de justicia.

Según los jueces, esas reformas están generando incertidumbre y ponen en riesgos casos importantes como el del Mozote entre otros que se encuentran en proceso.

La derogación de la Ley de Amnistía en el mismo año abrió las puertas de procesar penalmente a 13 elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), entre autores materiales y de alto mando.

Tras cinco años de su reapertura, el caso se encuentra en la fase de Instrucción y ha pasado por diversos tropiezos como cuando se le negó al Juez inspeccionar los archivos militares de la Fuerza Armada, cuyo objetivo era obtener más insumos para las investigaciones.

Ahora el caso de El Mozote está en riesgo, pues la bancada oficialista reformó la Ley de la Carrera Judicial que ordena jubilar a todos los magistrados y jueces que tengan 60 años.

Dicha reforma estaría dejando fuera al juez de una de las matanzas del siglo que tras 40 años sigue impune.

Para Tojeira este tipo de capturas, muchas veces sin fundamento, provocan miedo y frustración entre la juventud y causan la migración forzada. Con estas acciones se mata la esperanza que alberga la juventud.