Según un comunicado del Comité Promotor de Derechos Humanos de Chalatenango, a los jóvenes se les está procesando sin causas reales, incluso señalan que las pruebas presentadas no eran robustas.

Sobre el caso, el director del Instituto de los Derechos Humanos de la UCA, el sacerdote jesuita José María Tojeira dijo que en esta institución se reciben muchas denuncias de detenciones ilegales por parte de la PNC, sobre todo de la zona norte de Chalatenango.

Habitantes de la comunidad El Manzano, ubicada en Dulce Nombre de María en el departamento de Chalatenango, denuncian que desde el año 2018 la Policía Nacional Civil ha realizado capturas de jóvenes sin fundamento y sin seguir el debido proceso.

A la fecha son 16 personas las capturadas de esa comunidad acusándolas de ser delincuentes.

Según las madres de los capturados, a los detenidos se les acusa de ser extorsionistas y en algunos casos se les ha dictado sentencia de 15 años de prisión, sin embargo los familiares niegan las acusaciones.

El periódico digital “La nota”, ha denunciado el caso y en él se expone que las madres de los afectados, a la fecha, no han podido hacer nada por sus hijos y señalan que desde que fueron capturados no han podido conocer el estado en el que éstos se encuentran, muchos están enfermos y sin atención adecuada.

Los vecinos de la localidad también exigen la liberación inmediata de estas personas, incluso dijeron que están dispuestos a declarar ante tribunales a favor de los capturados.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) considera que la Ley Bitcoin debe ser derogada.

El coordinador de país del ICEFI para El Salvador y Honduras, Ricardo Castaneda, señaló que si se insiste en poner en circulación la criptomoneda se debe de tomar el tiempo necesario y adecuado para hacer estudios técnicos.

Castaneda ha expresado su preocupación por "los impactos que en El Salvador se puedan producir por esta ley" y ha señalado que la aprobación de la normativa fue "apresurada y sin la debida discusión técnica".

Encuesta "La población salvadoreña opina sobre el Bitcoin y la situación socioeconómica del país", con la participación de Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA.

7:00 A.M. - www.ysuca.org.sv

El rector manifestó que dichas acciones son como las ejecutadas en Nicaragua por Daniel Ortega, quien controla el sistema judicial a su antojo al haber colocado a jueces en el sistema judicial que esta al servicio de la presidencia de la Republica y no a la repartición de justicia.

El pasado 31 de agosto Asamblea Legislativa aprobó las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de obligar a magistrados de cámara, jueces de primera instancia y jueces de paz, así como a fiscales que cumplan más de 60 años de edad o 30 de carrera sean obligados al retiro. Esto no aplicará en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, según dice el decreto aprobado.

Según el rector de la UCA, Padre Andréu Oliva, lo que el Gobierno busca con las reformas a la carrera judicial es controlar totalmente el Órgano Judicial, a través de nuevos jueces y magistrados que son del agrado de la presidencia de la República.

Oliva dijo que las reformas a la carrera judicial forman parte de la destitución que el pasado 1 de mayo iniciaron los parlamentarios cuando removieron mediante un golpe de Estado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) e impusieron a magistrados afines al Ejecutivo.

Sin democracia no es posible hablar de independencia

La seguridad de la Corte Suprema de Justicia también impidió el acceso a la prensa a la zona conocida como el “palo de hule”, donde se da cobertura periodística a la presentación de demandas para la Corte y también para la Asamblea Legislativa.

Los jueces y magistrados consideran que las reformas a la Ley de la Carrera Judicial son lesivas de un conjunto de derechos humanos y de la independencia judicial. Además, no aceptan los señalamientos de corrupción infundados por la Asamblea Legislativa. Así lo dijo Cesia Romero, segunda magistrada de la Cámara Ambiental de Santa Tecla.

Un colectivo de magistrados y jueces presentaron dos notas a la Corte Suprema de Justicia; una para pedir audiencia en Corte Plena y, en la otra nota, presentaron un proyecto para la derogatoria del Decreto Legislativo que destituye a los magistrados y jueces mayores de 60 años.

Sin embargo tuvieron una restricción en el ingreso y solo se les permitió entrar a dos representantes. Quisieron entrar a entregar las notas a la presidencia de la Corte, pero solo se les permitió entregarlas a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional.

Zamuel Lizama, magistrado presidente de la Cámara Ambiental de San Salvador, lamentó la política restrictiva de acceso al Palacio de Justicia.

Han comenzado con el Órgano Judicial, probablemente después sigan los médicos, maestros y otras instituciones públicas, advierte Sydney Blanco.