“No confiamos en la Fiscalía General de la República, pero le damos el beneficio de la duda”, señala Nicolás Sánchez del Movimiento indígena de Nahuizalco en Sonsonate.
El sitio arqueológico Tacuscalco parece estar en manos de sus depredadores, pues las comunidades indígenas no cuentan con recursos para poder pagar un abogado particular que defienda la identidad y cultura del sitio arqueológico.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate desarrolla la vista pública entre la parte acusadora – Fiscalía General de la República- y la empresa constructora FENIX S.A de C.V, acusada por los delitos de daños agravados en una construcción no autorizada y desobediencia de particulares cometidos en el sitio arqueológico ubicado en Nahuilingo, Sonsonate.
Sánchez explicó que el proceso judicial lo han dejado en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que las comunidades indígenas no cuentan con recursos para pagar un abogado.
“No hay una representación, porque no tenemos un representa legal en este proceso. Pero como el Estado a través de la FGR defiende los derechos de la población y de la comunidad Nahuapipil esperamos que la institución haga su trabajo a favor de las comunidades y pueblos indígenas”, indicó Sánchez.
La vida o muerte de lo que queda del Sitio arqueológico Tacuscalco esta en manos del Estado quien tiene el compromiso constitucional de dignificar y representar a las comunidades indígenas, precisó Alejandro Labrador Aragón de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), quien dijo que el resultado a favor o en contra será por la labor que hizo la institución de velar por los derechos de las comunidades indígenas y el ambiente.
“En este caso y de manera formal el Estado tiene el compromiso constitucional por dignificar a la población indígena, este lugar, es invaluable para los pueblos originarios”.
A pesar que el Estado tiene la obligación de velar por los derechos de las comunidades indígenas, tanto las comunidades como las organizaciones ambientales desconfían de la labor de la Fiscalía, pues aseguran que la institucionalidad no ha operado a favor del ambiente en otros casos, indican Sánchez y Labrador.