Cada año los salvadoreños disfrutan de las vacaciones agostinas comprendidas del 1 al 6 de agosto. Algunos aprovechan estas fechas para visitar a sus familiares, hacer diligencias, compras o paseos interdepartamentales.

YSUCA visito las terminales que prestan servicio de trasporte a los salvadoreños que viajan en los buses interdepartamentales. Los despachadores dejaron entrever que los horarios de las terminales estarán con normalidad desde las 3:30 am hasta las 7:00 pm, sin embargo la cantidad de unidades se reducirá significativamente ante el periodo vacional.

YSUCA traslado sus micrófonos a las terminales y paradas de buses que prestan su servicio hacia diversos puntos del país, para consultarles si actualmente se están guardando las medidas de bioseguridad recomendadas por las autoridades del Ministerio de Salud.

Los pasajeros lamentan que pese a algunas acciones que se toman a titulo personal para evitar el contagio de la COVID-19, muchos no respetan estas medidas en los buses y microbuses.

Reformas a la Constitución, con Gilberto Calderón, abogado de Azul Originario.

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Asimismo piden al Gobierno verificar los contratos puesto que el costo de luz es muy alto, algunas familias tienen facturas de $30 a $40 dólares, costos que apenas logran pagar, ya que la cuota de la vivienda ronda los $60 dólares mensuales por doce años.

Ellos señalan ser familias de escasos recursos y urgen la necesidad que les construyan una vivienda digna, dijo Doña Maria Ingles.

También otras de las razones que se ha imposibilitado el traslado es que no se han finalizados los trabajos de construcción.

Concepción de Maria González, expresó a YSUCA que algunos de sus vecinos han pedido al Ministerio de la Vivienda verificar los trabajos de las casas, ya que les han señalado a los encargados de la construcción deterioros en la nueva infraestructura, filtración de agua, cunetas de agua lluvias entre otras.

En 2018 el Juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, José Palma, con el apoyo de la Policía, comenzó a desalojar a estas familias de la comunidad El Espino, ubicada en una finca con el mismo nombre y cercana a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el Boulevard Cancilleria.

Tres años han pasado y trece familias aún no han sido trasladadas al proyecto habitacional, según Morena Ingles, de 44 años. Ella no se ha podido trasladarse al nuevo proyecto debido a la falta de recursos ya que deben pagar una prima de $ 200, por lo que no han podido recolectar el dinero.

Ingles señala que varias familias son de escasos recursos y dicen no entender porque el proyecto habitacional es muy alto, dado que apenas logran sacar dinero para subsistir de la venta de tortillas y comida.

A pesar de la poca información gubernamental, parece haber una aceleración del contagio viral de covid-19. Médicos Especialistas realizaron un conversatorio vía Twitter Space en el que analizaron la situación actual de covid-19.

Organizaciones defensoras del derecho humano al agua aseguran que han luchado por 12 años para que se garantice este derecho mediante la aprobación de una ley secundaria que debe ser aprobada por los parlamentarios, sin embargo persiste esta deuda, además, las compañías extractivistas y constructoras de viviendas continúan obteniendo permisos ambientales autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente.

Doña Maria Ester García, comerciante de billetes de la lotería, asegura tras 30 años de vivir en la comunidad El Progreso 3 de San Salvador, que nunca han recibido el servicio de ANDA y la forma de abastecerse es a través de cantareras o comprando a las pipas que raras veces les surten del vital liquido.

YSUCA se trasladó a diferentes puntos de San Salvador, para consultar a las personas como se encuentra el servicio de agua potable en su lugar de residencia.

Se consultó además, si debían pagar por un servicio alterno al que ofrece la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), como pipas o comprar agua envasada para que sea apta para consumo humano.

Residentes de Mejicanos y Soyapango aseguran que para abastecerse de agua deben esperar hasta la noche, pero cuando no reciben el servicio, se ven en la necesidad de comprar cada tres días el vital liquido por un costo de entre 3 y 5 dólares el barril.

De esta forma la mujer sigue relegada y sus derechos siguen atrasándose y por ende la incidencia en las políticas públicas no goza del impacto que se busca.

Por su parte, Patricia Mora Castellanos, exdiputada y exministra de la Condición de la Mujer en Costa Rica, confirma este atraso y señala que el sistema patriarcal inmerso a nivel mundial ha propiciado bloqueos.

Mora señala que incluso cuando se pertenece a un partido político no se tiene amplia participación y se vive bloqueada.