Aunque las mujeres han logrado avances notables en muchas profesiones, la política no es una de ellas, así se afirma durante el foro virtual sobre violencia y género 2021.

Según se expuso en el foro virtual “Alianza y sororidades en el avance de los derechos de las mujeres”, en todo el mundo, las mujeres han brillado por su ausencia en la adopción de decisiones y en la formulación de políticas públicas, marcando un retroceso de 135 años.

Y es que el crecimiento de la participación de las mujeres en el mundo político y puestos de toma de decisiones ha sido demasiado lento, por ejemplo, en 1975 las mujeres representaban el 10,9% de los parlamentarios de todo el mundo; 10 años más tarde ese porcentaje solo había aumentado un punto porcentual, es decir, un 11,9%.

Fue solo en la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, celebrada en 1985 en Nairobi, cuando los gobiernos y parlamentos se comprometieron a promover la igualdad de género en todas las esferas de la vida política.

Esas iniciativas siguieron consolidándose 10 años después en el Plan de Acción de Beijing, adoptado en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.

Fue también en esa conferencia que la violencia contra la mujer fue identificada como un obstáculo para el adelanto de la mujer que requería una atención especial.

Sin embargo, esto no ha sido suficiente, ya que el retraso continúa siendo alto, dice Margarita Percovich exsenadora y exdiputada de Uruguay y fundadora de la Red de Mujeres Políticas del Uruguay y Red de Género y Familia, ya que el pensamiento de la política siempre ha sido definido por los hombres, es decir, que la agenda es patriarcal y se deja fuera los derechos.

Omar Flores, director de Cultura de Derechos Humanos de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD e integrante de la Alianza contra la Privatización del Agua, dijo que no es necesario que el concepto de privatización esté explícito en la Ley, ya que si hay elementos que benefician a la empresa privada por encima del bien común entonces se está privatizando el agua.

Flores asegura que al hablar de desarrollo en el país se debe hablar de desarrollo sostenible, para reducir las brechas económicas y sociales que tanto afectan a la población.

Durante casi dos décadas, diversas organizaciones ambientalistas, de la sociedad civil, la academia y de distintas iglesias, han insistido en que toda la población tiene derecho a tener agua en cantidad y calidad suficiente para tener una vida digna.

Según datos con los que cuenta la Alianza contra la Privatización del Agua, casi un 58% de la población no recibe el servicio de agua de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Por ello, se estima que hay más de 2,500 juntas de agua potable a nivel nacional que llevan el servicio a nivel comunitario. Las Juntas de Aguas son administradas por personas de las mismas comunidades, con poco conocimiento técnico y sin un fin lucrativo del agua.

Sin embargo, en la propuesta de Ley General de Recursos Hídricos, presentada por el Gobierno y la única que está siendo discutida en la Asamblea Legislativa, no se hace una diferencia entre las juntas de agua y las grandes empresas a las cuales se les otorgará permisos por 15 años para extraer más de 473 millones de litros de agua al año.

En este sentido, dicha ley beneficiaría a la empresa privada y no a la población más necesitada y esto es privatización, según explicó Amalia López, del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás e integrante de la Alianza contra la Privatización del Agua

Ley de Recursos Hídricos, con Amalia López, del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás y Omar Flores, director de Cultura de Derechos Humanos de Fespad.

7:00 A.M. - www.ysuca.org.sv

Se requiere garantizar la independencia de los funcionarios para que las reformas a la Constitución sean efectivas

Por su parte, Flor Meléndez de la Red de Defensores de Derechos Humanos, también coincide con que la actual administración de Gobierno ha demostrado su falta de interés a los derechos humanos.

En julio pasado el Estado de El Salvador rechazó asistir a la audiencia pública convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para conocer la situación general en materia de derechos humanos.

De acuerdo con Jorge Rodríguez, coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH), con su ausencia a la audiencia de la CIDH el Gobierno ha mostrado su postura anti-derechos humanos y evidencia el retroceso en esta materia.

Clase media y pobre sufrirán efectos del bitcoin.

Escuche los detalles en la siguiente nota:

La economista de la UCA compara el Bitcoin con las fichas que se usaban en las haciendas en el siglo 19.

Lo que pretende el Gobierno con el Bitcoin es un proceso de desdolarización de la economía que no pasará por la Asamblea Legislativa ni habrá diálogo con los sectores sociales, sino que será una decisión de los hermanos Bukele e inversionistas internacionales, dice Julia Evelyn Matínez.

En septiembre el Bitcoin será moneda de curso legal. Para la catedrática e investigadora del departamento de Economía de la UCA, Julia Evelyn Martínez, el Bitcoin es un pretexto de los hermanos Bukele para crear una moneda digital propia y recuperar la política monetaria que se perdió con la dolarización.