Sobre este tema el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, espera que el agua no se privatice y que la ley que se apruebe en el Legislativo sea de beneficio para el bien común.

Virginia Roque del Movimiento Ecofeminista lamentó que el parlamento esté desmeritando la opinión de las organizaciones ambientales que durante 15 años han investigado y trabajado propuestas en favor del agua.

Roque dijo que las organizaciones tienen muchos aportes para ayudar a formular una ley en favor del ambiente y de los derechos humanos.

Jessica González, del Movimiento Verde Salvadoreño Ecologista (MOVERSE), señaló que la Ley del Recurso Hídrico que propone el Ejecutivo es con un enfoque siempre de comercializar el agua, cuando este recurso debe verse con un enfoque de bien común y humano.

González añadió que es preocupante que se busque dejar de lado la propuesta de las organizaciones. Si el agua es un bien común todos tenemos derecho de participación.

Resoluciones de jueces podrían dejar sin vivienda y sin trabajo a 700 familias de la cooperativa Normandía.

Escuche la segunda entrega sobre los problemas legales que enfrentan cientos de campesinos de Usulután.

Organizaciones defensoras de los derechos medioambientales aseguran que las minas a cielo abierto generan un impacto a los ecosistemas, las familias y la salud de los territorios en los que se realizan estas prácticas y donde se extraen materiales bajo diversas técnicas en las que se aplican químicos como mercurio, cianuro y ácido sulfúrico.

Otros proyectos extractivitas a cielo abierto similares al que se pretende realizar en el Cerro Blanco, ubicado entre los países de Guatemala, El Salvador y Honduras, generan vulnerabilidad en las comunidades, desplazamiento de los habitantes e impacta en las mujeres, ya que asumen diferentes roles dentro del hogar mientras su pareja está inmersa en las tareas mineras. En ocasiones las mujeres son víctimas de abuso sexual y violencia, asegura Videlina Morales, de ADES Santa Marta.

En marzo del 2018, la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género presentó una propuesta de ley que planteaba el reconocimiento del cambio de nombre y sexo registral en los documentos de identidad, ante la falta de una normativa que amparara ese derecho.

Han pasado 3 meses desde que este proyecto de ley fuera archivado por los actuales parlamentarios, dejando sin ningún avance los esfuerzos de la comunidad LGTBI. Ante esta situación, América Romualdo, coordinadora general de Las Dignas, indica que los diputados deben escuchar a la población de acuerdo con las necesidades y realidades que viven a diario.

Dos mujeres campesinas entre el sol del mediodía del 15 de julio, día en que cerraron la carretera, gritaban consignas, pedían justicia e invitaban al presidente a demostrar el apoyo al pueblo pobre, tal como lo prometió en su campaña presidencial.

El fallo del juez Adrián Humberto Muñoz, hace dos semanas, hizo que los campesinos no solo le llamaran corrupto, sino que los llevara a creer que en el proceso hubo amaño y fraude por avalar documentos ilegales.

Los campesinos asociados dejan entrever que detrás las decisiones de los jueces hay otras personas que han ejercido influencia.

Mientras tanto las resoluciones de los jueces permitieron que en 2019 a la cooperativa se le congelara la cuenta bancaria. A partir de la decisión judicial no pueden tocar su dinero y han tenido que recurrir a préstamos personales para invertir y seguir produciendo, dijo Alexander Rosales, uno de los asociados de la Cooperativa Normandía. Considera que los jueces han sido parciales y buscan lucrarse a costa del inmueble en disputa.

Además, las tierras que reclama Elva Josefina Viuda de Flores tienen una dirección distinta a la ubicación de la Hacienda Normandía, hay una distancia de 4 kilómetros, explicó Isaías Blanco presidente de la cooperativa. Aún con todas las inconsistencias, el juez Adrián Humberto Muñoz resolvió a su favor.