A cinco años de emitida la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, hay una deuda moral y jurídica con las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra en El Salvador, según la directora interina de la Asociación Pro-Búsqueda, Ana Julia Escalante.

Desde que inició el conflicto armado a la fecha, han pasado 40 años. Durante todo este tiempo ha habido falta de voluntad del Estado para la reparación de las víctimas, afirmó Escalante.

Aunque los temblores, debido al enjambre sísmico iniciado el 14 de julio pasado en Tecoluca, San Vicente, vayan disminuyendo, el sismólogo del Ministerio de Medio Ambiente Fabio Alvarado, dice que no se puede dar por finalizado el evento.

Alvarado dijo que a la fecha se contabilizan 89 temblores de los cuales 10 han sido sensibles a la población, siendo el sismo del sábado 17 de julio el de mayor intensidad con 3.1 grados Ricther.

El experto en temblores indicó que para dar por finalizado el evento deben pasar 24 horas sin que ocurra un sismo.

Tema: Falta de justicia para las víctimas de la guerra

Invitadas:

Ana Julia Escalante, directora interina de Asociación Pro-Búsqueda y Jayme Magaña, representante legal del Comité de Madres y Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados políticos de El Salvador, CO-MADRES.

Según la hermana de la ex ministra de Salud, Zoila Menjívar, la PNC desde hace unos días estaba deteniendo a la gente en los alrededores de la vivienda de Violeta Menjívar.

Cinco capturados presentó la Fiscalía General de la República, la noche de este jueves: la exministra de Salud, Violeta Menjívar; el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres; el exministro de agricultura, Hugo Flores; la exministra de Educación, Erlinda Hándal y el exdiputado, Calixto Mejía.

La acusación es por el supuesto desfalco de más de $300 millones de dólares de las arcas del Estado, durante la administración del expresidente Mauricio Funes. También serán procesados por Lavado de Dinero.

El apoderado legal de Violeta Menjívar, José González, dijo que no se le ha respetado el debido proceso a la ex funcionaria.

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El informe de monitoreo también revela una mora sancionatoria, ya que desde 2014, a la fecha, la Sección de Probidad mantiene 828 procedimientos sancionatorios abiertos contra funcionarios, exfuncionarias y empleados públicos.

Escobar añadió que los funcionarios del Órgano Ejecutivo en general son los que se niegan a hacer su declaración patrimonial.

Por su parte, los diputados de la Asamblea Legislativa han presentado en su mayoría su declaración patrimonial, sin embargo los diputados suplentes en su mayoría aún no lo hacen. También los diputados salientes en junio adeudan la entrega de su declaración patrimonial de salida, precisa Velasco.

De acuerdo con Mónica Velasco, coordinadora del Observatorio para el Fortalecimiento Institucional de Acción Ciudadana, un total de mil 685 declaraciones patrimoniales no han sido presentadas, en su mayoría, por parte de la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud.

Por otra parte, ANDA está cobrando $33.40 en concepto de Saldo Pendiente por Emergencia, mientras continúan las denuncias de la población de falta de agua potable o del servicio deficiente sobre todo en los sectores más pobres del país.

Pérez dijo que han encontrado las puertas cerradas en ANDA.