El Gobierno ha presentado un paquete de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública relacionadas a la clasificación de información oficiosa como reservada; el proceso de elección de comisionados para el Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP; la extensión de los plazos para la respuesta a las solicitudes de información y el otorgamiento de más atribuciones al presidente del Instituto.

Para la directora de Fortalecimiento Institucional del Estado, Transparencia y Anticorrupción de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, Loyda Robles, estas reformas son parte de una cultura de opacidad del actual Gobierno.

Robles argumenta que, en la práctica, se ha obstaculizado el acceso a la información pública a la ciudadanía, se hizo caso omiso al informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIES, que revelaba casos de corrupción en el actual Gobierno y posteriormente se dio el cierre de dicha instancia. Y a partir del 1 de mayo se han aprobado leyes en la Asamblea Legislativa que abren las puertas a la corrupción y se ha capturado a la Corte Suprema de Justicia.

En este contexto, Robles afirma que la ciudadanía debe poner a prueba las instituciones del Estado y, si no funcionan, se debe recurrir a instancias internacionales.

Según datos brindados por el Ministerio de Medio Ambiente en su reporte de sismos, desde la madrugada del 14 de julio a la fecha se han dejado sentir en Tecoluca San Vicente 87 movimientos de tierra, con magnitudes de 1.8 y 3.1 en la escala de Ricther.

En las últimas 24 horas se han registrado 7 sismos, el último de ellos ocurrió a las 5:00 de la mañana de este miércoles, señala el sismólogo Fabio Alvarado.

Esta semana el presidente anunció el lanzamiento de la fase 4 del Plan Control Territorial, la principal política de seguridad del Gobierno, denominada “incursión”.

Según lo dicho por el mandatario, esta fase “tardará 5 años en implementarse totalmente”.

El anuncio fue hecho durante el acto de graduación de más de mil militares, en el Centro de Historia Militar, excuartel El Zapote.

Según dijo el presidente, esta fase contempla la incursión del Ejército en territorios dominados por pandillas, en conjunto con la PNC.

Jeannette Aguilar dice que todo ese discurso es un pretexto para militarizar el país y potenciar a la institución armada como un instrumento de su proyecto autoritario.

Asignar a los militares en tareas de seguridad es sólo un pretexto, dice la investigadora en temas de seguridad, Jeannette Aguilar, para que retomen la posición perdida desde la firma de los Acuerdos de Paz y con ello someter a la población cuando reine el descontento y la oposición.

Aguilar señala que los militares no tienen cabida en temas de seguridad pública, ya que esa función es exclusiva de la Policía Nacional Civil y, además, con ello se propician violaciones serias a derechos humanos.

Reformas a la LAIP, con Loyda Robles, directora de Fortalecimiento Institucional del Estado, Transparencia y Anticorrupción de FESPAD.

7:00 P.M. - www.ysuca.org.sv

El uso de militares para seguridad pública de manera permanente vulnera la Constitución

El abogado de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Alejandro Díaz detalló a YSUCA que el proceso de judicialización por la masacre de El Sumpul inició en 1992, luego en 2012 la jueza del caso mandó a realizar una serie de diligencias, las cuales no se cumplieron, para el 2014 el Ministerio de la Defensa dijo que no había registro y documentación sobre los hechos.

La masacre del río Sumpul ahora está avanzando con pasos pequeños hacia la verdad, sin embargo según comentó Díaz la actual administración de Gobierno está poniendo muchos obstáculos para esclarecer las masacres cometidas durante la guerra.

Díaz señala que desde el Gobierno actual se encubre responsabilidades de quienes aplicaron políticas de exterminio.

Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal encontró las primeras evidencias físicas en la exhumación de restos de la Masacre del Río Sumpul en el cantón Llano Grande, municipio de Concepción Quezaltepeque, en el departamento de Chalatenango.

Según Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” las exhumaciones continúan en la fosa donde podría haber 6 personas asesinadas durante la Masacre perpetrada el 14 de mayo de 1980, donde ejecutaron a más de 600 personas civiles, entre mujeres, ancianos y niños.

Según el abogado de Tutela Legal, Alejandro Díaz, este hecho es una luz de verdad y viene a borrar las difamaciones hacia las víctimas.

Para el sacerdote católico Ángel Arnaiz, quien ha trabajado con comunidades que sufrieron violaciones a los derechos humanos durante la guerra, el seguir adelante con la militarización de seguridad pública es caminar, pero hacia atrás, en tema de la democracia.

El padre Arnaiz dice que lo mejor es crear fuentes de empleo y becas para que los jóvenes se formen, ya que la represión no es la solución.

Por otra parte, la población que se comunicó al programa de Radio YSUCA “Hora 10” señaló que en dos años de Gobierno la delincuencia se ha recrudecido en diferentes puntos del país y dicen que la militarización no es la solución.