La organización Cristosal ya tiene un caso de desplazamiento forzado por causas políticas. Simpatizantes de partidos políticos, en este caso particular, han obligado a una persona a abandonar su casa. Dada la coyuntura actual desde Cristosal hay temor de que aumenten las migraciones por el tema de las persecuciones.

Los salvadoreños podrían migrar no solo por causas de inseguridad, sino por razones económicas, ya que podría haber una especie de veto o lista negra donde las personas no puedan reubicarse en ninguna institución del Estado, luego de ser despedidas, reflexiona Rina Montti. Agrega que ser no grato en un territorio por ideologías políticas puede convertirse también en desplazamientos forzados.

Por otra parte, la organización prevé que nuevas formas de desplazamiento puedan surgir en los municipios a raíz del desempleo en el que han quedado ex trabajadores de las alcaldías.

En 2019 Plan International, EDUCO, Médicos Sin Fronteras y Cristosal atendieron a 1,008 personas desplazadas por la violencia. El 44.4% del total de personas desplazadas fueron niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años.

El año pasado, 140 familias dejaron su hogar a causa de la inseguridad. Aunque la mayoría de casos en los últimos años se han registrado en las zonas de mayor densidad poblacional, en las zonas rurales han comenzado a aparecer más desplazamientos. Hasta mayo de 2021 Cristosal ha atendido 58 personas que se han desplazado de manera forzada.

En 2020, los casos reflejaron una disminución con respecto a otros años. Sin embargo, para Rina Montti de Cristosal, eso no significa que los casos van a la baja. Hay que tomar en cuenta que el confinamiento debido a la pandemia impidió que las personas interpusieran denuncias, dijo Montti.

Agregó que este año se comienza a ver un aumento de casos de desplazamientos forzados, más personas están solicitando asistencia por estar en una situación difícil en las zonas donde habitan.

Según los registros de Cristosal, alrededor del 30 o 40% de las personas que se desplazan a nivel interno, después salen del país. Quienes se van al extranjero es porque los hechos ocurridos han tenido gran impacto en sus vidas.

La desconfianza en las instituciones del Estado lleva a muchos salvadoreños a no tener esperanza de una resolución favorable, por lo que deciden interponer una denuncia para tener un respaldo e ir en búsqueda de asilo en otro país.

Generalmente no migran familias completas. Se van algunos integrantes y otros se quedan cuidando las pertenencias. A veces, sin suerte, quienes se quedan son asesinados.

Casi siempre las que se quedan son las mujeres y son quienes enfrentan la difícil situación de inseguridad, señala Rina Montti de Cristosal

La gravedad de las amenazas ha llevado a algunos salvadoreños, en la mayoría de los casos jóvenes, a confinarse en sus casas por temor a ser asesinados. Los reportes de Cristosal indican que hubo salvadoreños en confinamiento hasta por 9 meses.

El encierro total son casos extremos en los que las víctimas no pueden salir de sus casas por temor a ser asesinadas. Uno de esos casos quedó registrado entre las denuncias a las que Cristosal les da seguimiento. Se trata de Carlos, un hombre que se dedicaba a comercializar productos en su automóvil en diferentes colonias de la región paracentral del país.

Un día, mientras trabajaba junto a un compañero, los pandilleros los detuvieron, les robaron sus pertenencias y los agredieron físicamente. Al compañero de Carlos lo mataron. Este hecho lo llevó a interponer una denuncia en el Ministerio Público. Los fiscales del caso le pidieron que colaborara en la identificación de los victimarios, a cambio de ayudarle a conseguir asilo en el extranjero.

Carlos accedió a identificar a los homicidas, pero su decisión provocó una persecución en su contra, una vez los victimarios quedaron libres. Desde entonces no puede salir de su casa, se mantiene en confinamiento para evitar que los pandilleros lo encuentren.

Aunque Carlos ha intentado contactar a los fiscales del caso, por el ofrecimiento que le hicieron de apoyo a una solicitud de asilo, los fiscales ya no responden su llamado.

Los derechos humanos que se vulneran en estas condiciones de confinamiento son muchos, dice Rina Montti de Cristosal. En estos casos extremos la salud física y psíquica se deteriora gravemente y las víctimas deben pasar por un proceso de readaptación. Les resulta difícil dejar de sentir temor y volver a su vida normal.

Cuando quienes entran en confinamiento son niños, la situación es más grave, dice Montti, porque a su corta edad no logran comprender lo que pasa.

Los cuerpos de seguridad no solo se han vuelto aliados de las pandillas para extorsionar, amenazar y provocar los desplazamientos internos, también bajan la guardia cuando reciben órdenes de no entrar a ciertas comunidades. Estas órdenes muchas veces vienen de la misma pandilla, explica Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad pública.

El control de la pandilla es tal, que hay comunidades en las que deciden las actividades que deben realizar los habitantes, incluso están tomando decisiones en cuanto a la distribución de las viviendas. Los derechos fundamentales están en manos de las pandillas, dice Aguilar, ya que son ellas quienes dan los lineamientos de quién entra y quién sale del lugar.

Los policías en lugar de proteger a la población o crean alianzas con los pandilleros o no entran a las zonas de alto riesgo.

Mientras los policías reciben órdenes de no decir nada a la prensa sobre los desplazamientos que ocurren a causa de la violencia criminal, otros son victimarios directos, causantes de que las familias huyan de sus hogares. Según los registros de la organización Cristosal, después de las pandillas los policías y militares se ubican como perpetradores de las amenazas en algunos territorios.

A veces los cuerpos de seguridad trabajan en complicidad con los grupos criminales, dice Rina Montti de Cristosal , organización de derechos humanos que atiende casos de desplazamientos internos.

La policía origina los desplazamientos porque acosa a jóvenes vinculándolos con las pandillas. Al no tener certeza de su participación en grupos criminales y sin tener una orden judicial optan por extorsionar a la familia a cambio de no detenerlos. Ante la amenaza constante, las familias deciden dejar la zona donde habitan.

Estas son historias reales que han sido registradas por Cristosal y que develan la realidad que hay tras los desplazamientos forzados como el involucramiento de las fuerzas de seguridad que deberían proteger a la población, pero en su lugar la amedrentan.

Carmen debe sacar unos 7 sacos de maíz, los tiene listos en el corredor. Es lo primero que cargan, luego serán las camas donde hace años nacieron sus hijos, dice con tristeza.

Se marcha porque la zona se volvió insegura y no quiere quedarse sola. Desde el lunes 24 de mayo cuando se escucharon unos disparos a eso de las 6 de la tarde, quedó el miedo, entre los habitantes del caserío.

El caso al que se refiere el director y del cual afirma que descartaron alguna información, es el que ocurrió el 8 de mayo en la colonia Santa Rosa 2 del municipio de Mejicanos en San Salvador.

Lo que vivió Sandra y su familia está lejos de ser una mera denuncia. Sus dos hijas de 12 y 15 años estuvieron a punto de ser privadas de libertad por los pandilleros que se han tomado la colonia Santa Rosa de Mejicanos.

Aquel día todo parecía normal. Eran aproximadamente la 5 de la tarde. En la calle de la zona rural donde no hay presencia policial ni militar, las dos niñas jugaban como de costumbre. Sandra recuerda haber visto a unos 6 o 7 hombres, quienes al pasar le hicieron un gesto amenazante, lo que le dejó un mal presentimiento.

Los pandilleros regresaron, le pedían que les entregara a sus hijas a la vez que la amenazaban con matar a su esposo y a su hijo.

Mil 30 personas han quedado sin trabajo en la Asamblea Legislativa.

Análisis de la realidad nacional, con P. Andreu Oliva, S.J., Rector de la UCA.

7:30 A.M. - 91.7 FM - www.ysuca.org.sv

En El Salvador más de 300 mil familias seguirán viviendo en terrenos ilegales.