La militarización también está afectando el derecho a la salud de los pobladores. Según el alcalde de Arcatao, antes de la pandemia cada tres meses había una brigada médica en la frontera, un esfuerzo que se fue desvaneciendo debido al cierre. La Unidad de Salud del municipio también ha disminuido la cantidad de atenciones, pues el 50% de las personas que atendía llegaban de los exbolsones.
El paso fronterizo solo se habilita para casos de emergencias o citas médicas, no así para pasar alimentos y otros productos, lo que afecta a unas 200 familias de los cantones El Paso, El Río, El Portillo, Corosal, Las Cuevas y Zazalapa, entre otros.
Los habitantes de esa zona tampoco pueden realizar pagos de los servicios básicos que reciben de Arcatao, no han podido hacer trámites en la alcaldía ni proceso de matrícula en los centros escolares.
Al otro lado del río Zazalapa, tras las varas de bambú, líneas divisorias entre El Salvador y Honduras un grupo de salvadoreños que viven en los exbolsones explicaron a YSUCA sus preocupaciones ante el cierre que continúa desde que los militares se tomaron la zona.