El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy asegura que la militarización en Trinidad, San Ignacio y Arcatao es una medida constitucional. Esa fue su respuesta a las críticas de diversos sectores sociales cuando se supo que los militares estaban violando los derechos ciudadanos en esas zonas limítrofes.

Los habitantes de Arcatao han sido víctimas y testigos de las vulneraciones a sus derechos. Entre los sectores afectados están los agricultores y ganaderos. Debido al cierre, los integrantes de las cooperativas no han podido reunirse dice don Julio, quien pertenece a una cooperativa de ganaderos de más de 80 asociados. El derecho a reunirse libremente también está siendo vulnerado.

Muchos de los ganaderos están en la zona de Zazalapa y el Corosal, zona de los exbolsones, que ante la restricción del paso se las han ingeniado para pasar a El Salvador sin ser detectados y poder reunirse y continuar su trabajo en la producción de leche, alimento que comercializan en Arcatao.

Pero hay otros, los agricultores más pobres de Honduras a quienes el cierre y la militarización les ha impedido comercializar los granos básicos en Arcatao, limitando con ello sus ingresos.

Según los militares, el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, ha llegado a monitorear la zona de Arcatao. La visita del ministro fue confirmada por un concejal de la Alcaldía de ese municipio, quien explicó que en tres ocasiones Monroy ha viajado en helicóptero hasta el municipio con un séquito de hombres. Aunque la carretera está en buenas condiciones, el ministro prefiere usar helicóptero. Aterriza en una cancha y recorre a pie algunos cantones de la cordillera hasta llegar a Nueva Trinidad. Ahí lo espera el helicóptero que lo traslada de nuevo hacia San Salvador. Sus visitas son rápidas, no pasan de 30 minutos.

El alcalde de Arcatao José Alberto Avelar se ha enterado de la llegada del ministro porque pide prestada la cancha para que aterrice el helicóptero, sin embargo, no se ha visto por el pueblo, solo visita los cantones limítrofes con Honduras.

El río Zazalapa divide El Salvador de Honduras. Unas varas de bambú son el cerco que indica que el paso está cerrado. Al otro lado del río están los cantones y caseríos donde viven los salvadoreños que desde 1992, por el fallo de la Corte Internacional de Justicia quedaron en territorio hondureño. Pese a que tienen Documento Único de Identidad, desde marzo de 2020 se les ha restringido el ingreso a su país, negándoles el derecho a los servicios de salud, trabajo y alimentación, entre otros.

Son aproximadamente las 9 de la mañana del 12 de febrero de 2021, don Antonio, apoyado en su bastón, ha cruzado el río. Ha llegado desde Zazalapa, un exbolsón, ahora parte de Honduras. Su misión es convencer a los soldados para que lo dejen pasar hacia Arcatao al siguiente día. Debe llevar a una familiar enferma a una cita médica. Se acerca con tono amable a tres soldados y explica con detalle el motivo de su llegada. Cinco minutos después, los militares asientan con su cabeza como signo de que han llegado a un acuerdo.

Don Antonio regresa a paso lento seguro de que al día siguiente podrá pasar sin problemas. Su caso es considerado una emergencia, por eso tendrá paso libre, no sin antes haber dado su nombre y mostrado su DUI a los soldados.

El militarismo en la frontera desde marzo de 2020 ha violentado derechos de los habitantes de Arcatao. Escuche los detalles en la siguiente nota

Palabras sin fronteras

Espacio para el análisis sobre la realidad nacional conducido por el Dr. Enrique Argumedo, catedrático de la UCA y exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Puedes escucharlo a través de Radio YSUCA, los martes y jueves al finalizar los informativos de la tarde y la noche.

Palabras sin fronteras

Espacio para el análisis sobre la realidad nacional conducido por el Dr. Enrique Argumedo, catedrático de la UCA y exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

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Durante la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno, la fabrica textil Industrias Florenzi S.A de C.V cesó de sus labores a 210 personas. A la fecha estas recienten no poder optar a un nuevo empleo, debido al proceso legal en curso y a la estigmatización generada por la lucha en demanda del respeto y cumplimiento de sus derechos laborales.

Actualmente la demanda de abandono y embargo preventivo es en favor de  6 exempleados cesados por el dueño de Industrias Florenzi, sin embargo existen otras demandas individuales presentadas en 4 juzgados de lo laboral que estarían vinculándose al proceso legal en curso, asegura Rafael Méndez, representante de la Coordinadora Sindical Salvadoreña.

A 64 días de la huelga de hambre iniciada el pasado 7 de enero del 2021, los trabajadores despedidos de la Fábrica Florenzi optaron por levantar la medida de presión, debido a  la reciente inspección realizada por la Jueza primero de lo laboral Daisy Ábrego.

Lucia Torres, exempleada de Florenzi, asegura que tras la visita realizada por la Jueza de lo laboral se ha logrado un avance en sus procesos, pero de no tener respuestas positivas, no descarta que se retome la medida.

Habla sobre el padre Rutlio Grande y su legado en El Salvador

Sobre el padre Rutilio Grande se realizo una misa en su honro en la UCA