El agro digitaliza cada vez más información, desde suelos hasta rendimientos, pero solo una pequeña parte del sector usa tecnologías avanzadas. Esta revolución, impulsada por sensores, drones y apps, ofrece enormes beneficios, pero plantea una pregunta clave: ¿quién es dueño de los datos generados en el campo?

En América Latina, no hay leyes claras al respecto, lo que deja a los agricultores en desventaja. La acumulación de datos puede volverse acumulación de poder. Para que el ecosistema digital sea justo, se necesita confianza basada en reglas claras, ética y regulación estatal que garantice soberanía y transparencia en el uso de la información agrícola.

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