MIAMI, FL – El condado de Miami-Dade está atravesando un momento de profunda contradicción fiscal. A pesar de haber registrado en los últimos años los mayores ingresos de su historia —no solo por impuestos a la propiedad, sino también por ingresos derivados del turismo, el consumo y otros tributos locales—, el presupuesto operativo enfrenta un déficit de más de 417 millones de dólares.
El comisionado René García, en declaraciones al programa radial de Agustín y Carlos Acosta, advirtió que la situación refleja una combinación peligrosa de mala administración, uso irresponsable de fondos federales y falta total de transparencia por parte del Ejecutivo del condado, liderado por la alcaldesa Daniella Levine Cava.
“Con los 13 mil millones de dólares que le entran hoy al condado, no hay justificación para que tengamos un agujero fiscal como este. No hay excusas. No deberíamos tener problemas en servicios básicos ni hablar de déficits”, afirmó García.
Fondos no recurrentes, programas permanentes
Una de las claves del problema, según el comisionado, fue la decisión de usar fondos federales temporales —como los recibidos durante la pandemia de COVID-19— para financiar programas recurrentes, lo que creó una falsa sensación de estabilidad presupuestaria que ahora se desmorona.
“Eso fue irresponsable. Esos fondos no iban a repetirse. Pero se usaron como si fueran parte de los ingresos permanentes. Yo voté en contra de esos presupuestos porque vi hacia dónde íbamos. Hoy, ese error nos pasa la factura”, explicó García.
El comisionado también señaló que parte del déficit también proviene de mandatos de la legislatura estatal, que han incrementado la presión financiera sobre el condado, con costos adicionales que no fueron bien planificados.
¿Dónde está el dinero?
Para García, la pregunta clave es: ¿Dónde se fue el dinero?. A pesar del crecimiento del presupuesto en miles de millones, los servicios y la infraestructura no muestran mejoras visibles.
“No se han construido 20 nuevas estaciones de policía, ni se han abierto 15 bibliotecas nuevas, ni se ha modernizado el puerto o el aeropuerto. Las calles siguen deterioradas, con señalización borrosa. Los mismos dos días de basura. Todo está igual. ¿Dónde está el dinero?”, cuestionó García.
La indignación no se basa en una acusación de corrupción directa, sino en lo que el comisionado denomina ineficiencia gubernamental crónica.
“No estoy diciendo que alguien se robó el dinero, pero sí que fue malgastado. Es como cuando en una casa se gasta más de lo que se gana en cosas innecesarias. Uno mira alrededor y se pregunta: ¿en qué se fue todo?”.
Presupuesto sin detalles: falta de transparencia
Uno de los aspectos más graves denunciados por García es la opacidad con la que se presenta el presupuesto a los comisionados. Según sus palabras, no se entrega un presupuesto detallado, línea por línea, lo que impide conocer exactamente a dónde se destina cada dólar.
“Nos mandan líneas generales por departamento, pero no el desglose completo. Hay que hacer investigaciones por cuenta propia. Así no se puede fiscalizar nada. En la Junta Escolar, por ejemplo, sí se entrega un presupuesto detallado. Aquí no”, lamentó.
Además, advirtió que esta falta de transparencia podría estar permitiendo que algunos proyectos particulares de ciertos comisionados o departamentos queden “escondidos” dentro de cifras genéricas, sin rendición pública.
“Estamos exigiendo que se nos presente un presupuesto detallado, y que los ciudadanos también tengan acceso a esa información. Cada centavo debe ser rastreable. El dinero es del pueblo”.
Casos emblemáticos: los autobuses eléctricos fallidos
Como ejemplo de decisiones cuestionables, García recordó el caso de la compra de autobuses eléctricos a una empresa sin trayectoria comprobada, que resultó ser un fracaso operativo y financiero.
“Se compraron unidades a una empresa que no tenía respaldo. Los autobuses dieron problemas, la compañía quebró, no hay piezas de repuesto, y hoy esos autobuses están parados. Eso es dinero tirado a la basura”, denunció.
El rol del gobernador y el Departamento de Justicia
En las últimas horas, el gobernador Ron DeSantis ha solicitado formalmente documentos financieros al condado, en lo que parece ser el inicio de un proceso de auditoría o revisión estatal. La alcaldesa Levine Cava ha respondido que entregará la información solicitada, aunque rechazó la necesidad de una fiscalización estatal.
Para García, la intervención del Departamento de Justicia de Florida (DOJ) y una posible auditoría externa son bienvenidas y necesarias.
“Esto no se trata de política, se trata de responsabilidad. Si no hay nada que ocultar, entonces que se abran los libros. El pueblo merece saber cómo se está usando su dinero”, concluyó el comisionado.
