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El domingo 23 de febrero, el ejército de Estados Unidos transportó a otros diecisiete inmigrantes al centro de detención ubicado en la base militar estadounidense de la bahía de Guantánamo. Poco después, se frenó una iniciativa para encarcelar a cerca de 30.000 inmigrantes en tiendas de campaña en dicha base, por considerar que este tipo de instalaciones improvisadas podrían no cumplir con los estándares de detención establecidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ahora, la empresa contratada por el Gobierno federal para administrar el centro de detención de Guantánamo está bajo un nuevo escrutinio público. Hablamos del tema con el periodista de investigación José Olivares, quien expone lo que se sabe de dicha empresa, Akima Infrastructure Protection, una corporación de nativos de Alaska que, como parte de sus múltiples contratos con el Gobierno federal, cuenta con centros de detención para inmigrantes en todo Estados Unidos, algunos de los cuales están siendo investigados actualmente por presuntas violaciones a los derechos humanos. La falta de transparencia en lo que respecta a las prácticas de la empresa, sumada a la política de ampliar la detención de migrantes en un lugar de alta seguridad como Guantánamo hace que surjan dudas acerca de las condiciones en las que funciona actualmente la instalación e incluso sobre el número exacto de personas que han estado encarceladas allí, explica Olivares.
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