Amy Goodman y Denis Moynihan
Cada día que pasa, la violencia ejercida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se vuelve más intensa y generalizada. Un ejemplo brutal y representativo de ello fue el reciente arresto violento de Narciso Barranco en la ciudad californiana de Santa Ana. Narciso, un esforzado trabajador inmigrante de 48 años que llegó a Estados Unidos procedente de México hace más de treinta años, es padre de tres infantes de la marina estadounidense. El 21 de junio, mientras hacía trabajos de jardinería en el exterior de un restaurante de la cadena IHOP, Narciso fue abordado por al menos siete hombres armados y enmascarados, que lo derribaron contra el suelo y lo golpearon repetidas veces en la cabeza. Posteriormente, lo esposaron y lo introdujeron a la fuerza en una camioneta sin distintivos. Los agentes, vestidos de civil, tenían sus rostros cubiertos y llevaban puestos chalecos antibalas y cascos de uso militar. Algunos de los chalecos tenían en la espalda la inscripción “Policía-Patrulla Fronteriza de EE.UU.”, pero una persona que es abordada por estos escuadrones no ve ningún nombre, insignia o marca identificatoria en el frente.
Uno de los hijos de Narciso, Alejandro Barranco, un veterano del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos, pudo visitar a su padre en la cárcel. Narciso todavía vestía la misma ropa de trabajo que quedó ensangrentada luego del violento arresto.
Durante una entrevista que mantuvo con Democracy Now!, Alejandro expresó: “Se lo veía golpeado, maltratado; parecía derrotado. Estaba triste. […] Cualquiera se asustaría al ver a estos tipos acercarse, armados, enmascarados y sin uniforme”.
El miembro del Concejo Municipal de Santa Ana Jonathan Hernández, quien también participó de la entrevista con Democracy Now!, dijo al respecto: “Estamos viendo cómo se intensifica la violencia y crece la discriminación racial [en el accionar de las fuerzas de seguridad] en ciudades como Santa Ana, donde el 41% de nuestros residentes son migrantes, el 70% de ellos de origen latino. […] Los agentes irrumpen en nuestras comunidades, se niegan a identificarse, no presentan órdenes judiciales… Estas redadas del Servicio de Inmigración son un ejemplo de la extralimitación del Gobierno”.
A mediados de junio, el presidente Trump suspendió por un breve lapso las redadas migratorias en granjas y establecimientos agrícolas, hoteles y restaurantes, con el aparente objetivo de asegurar que estas industrias clave que lo han apoyado en el pasado continúen haciéndolo. Al respecto, Trump escribió en redes sociales: “Nuestros grandes agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio han estado afirmando que nuestra agresiva política migratoria les está quitando trabajadores muy buenos y con muchos años de experiencia, y que esos puestos de trabajo son casi imposibles de reemplazar”.
Poco después, el mandatario estadounidense dio marcha atrás. La breve pausa reveló una verdad fundamental sobre los inmigrantes indocumentados: la economía estadounidense no funciona sin ellos. Sin embargo, a instancias del jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, el Servicio de Inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza continúan deteniendo y deportando a los trabajadores de los que depende la economía estadounidense.
Hay algunos sectores de la economía del país que están prosperando en medio de las deportaciones masivas. Desde la elección de Trump como presidente, la compañía penitenciaria privada GEO Group ha visto aumentar el valor de sus acciones en más de un 50%. Palantir, la empresa de tecnología e inteligencia artificial cofundada por el multimillonario y partidario de Trump Peter Thiel, ha experimentado en el último año un alza bursátil superior al 500%. Informes recientes indican que Palantir está desarrollando tecnología para rastrear, casi en tiempo real, los movimientos de inmigrantes en Estados Unidos. Según la organización Project on Government Oversight —POGO, por su acrónimo en inglés—, en su declaración financiera, Stephen Miller detalló tener hasta 250.000 dólares en acciones de Palantir.
Mientras tanto, la mayoría republicana en la Corte Suprema de Estados Unidos le ha concedido a Trump un fallo favorable en relación con las deportaciones. Varios inmigrantes presentaron demandas contra el Gobierno estadounidense para detener o revocar las deportaciones a Guatemala, Sudán del Sur y Libia. Un juez federal del estado de Massachusetts había emitido en abril una orden judicial contra estas llamadas “expulsiones a terceros países”. Esta semana, los seis jueces conservadores del máximo tribunal estadounidense revocaron esa orden judicial sin emitir comentarios. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson discreparon del fallo de la mayoría y escribieron que la “conducta flagrantemente ilegal” del Gobierno de Trump, respaldada por la Corte Suprema, “está exponiendo a miles de personas al riesgo de sufrir actos de tortura o la muerte”.
La resistencia se mantiene activa, crece día a día y está teniendo un impacto significativo. La presión social y diversas batallas legales han logrado la liberación de varios estudiantes extranjeros que han sido arrestados por mostrar solidaridad con el pueblo palestino, entre los que se encuentran Rümeysa Öztürk y Mohsen Mahdawi, así como Mahmoud Khalil, el primer estudiante propalestino en ser arrestado y amenazado con la deportación.
Asimismo, la sostenida presión social, legal y por parte de varios congresistas estadounidenses forzó al Gobierno de Trump a traer de regreso al país a Kilmar Abrego García, un padre de familia del estado de Maryland [deportado en marzo]. Durante el primer mandato de Trump, en 2019, Abrego García recibió asilo en Estados Unidos debido a las amenazas creíbles que recibió por parte de una pandilla salvadoreña. Sin embargo, el pasado 12 de marzo, Abrego García fue arrestado en un estacionamiento y enviado, en violación de una orden judicial, a El Salvador.
Ante la enorme presión legal y popular, el Gobierno de Trump finalmente devolvió a Abrego García a Estados Unidos. A pesar de esa victoria, apenas concretado su regreso, el Gobierno federal volvió a detener a Abrego García, bajo la acusación de trata de personas por haber trasladado, años atrás, a inmigrantes indocumentados dentro del territorio estadounidense. Este padre de familia de Maryland permanece bajo custodia federal en el estado de Tennessee y todo indica que, si es liberado, el Servicio de Inmigración intentará deportarlo.
Mientras tanto, Narciso Barranco se encuentra detenido en un centro del Servicio de Inmigración en Los Ángeles, mientras dos de sus hijos continúan en servicio activo en la Infantería de Marina de Estados Unidos, no muy lejos de allí, en la base de Fort Pendleton. Ya es hora de desenmascarar a estos violentos escuadrones que intimidan y arrestan a personas como Narciso y de poner fin a las detenciones y deportaciones masivas, racistas y xenófobas, promovidas por Trump.
© 2025 Amy Goodman
Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
