La principal barrera que enfrentan las personas con discapacidad al goce y ejercicio de sus derechos proviene de la misma sociedad. En tanto ésta no sea concientizada sobre la igualdad de derechos que debe imperar sobre todo ser humano, la discriminación y la exclusión seguirán siendo una constante.

Nos encontramos en un proceso de adopción de políticas y normativas jurídicas adaptadas desde el modelo social inclusivo, en el que se rescata el valor de la persona y el reconocimiento de sus derechos fundamentales, aquellos de los que no pueden ser despojados, menos aún en razón de una discapacidad. Es fundamental transversalizar en todos los planes, programas y en todas las políticas públicas el enfoque de discapacidad para avanzar hacia un desarrollo inclusivo.

Bloque 1: Accesibilidad del entorno urbano y arquitectónico con un enfoque social, viendo a la ciudad como el espacio donde deben eliminarse barreras para el acceso de las PCD.

Jaime Huerta, arquitecto y autor del libro “Discapacidad y diseño accesible: Diseño Urbano y Arquitectónico para personas con discapacidad”.

Mariana Alegre, directora de Lima Cómo Vamos.

La selva amazónica es presa de múltiples incendios. Su destrucción, aunque parcial, tendrá consecuencias para la temperatura y la biodiversidad del planeta. De hecho, la generación y la dispersión de humo viene comprometiendo la calidad del aire de varias regiones relativamente cercanas a los incendios y aún de ciudades lejanas como Sao Paulo, Brasil.

Los medios de vida de pequeños productores locales y pueblos indígenas se han visto amenazados por el avance de las llamas. Entre los más afectados está la comunidad indígena Chiquitana de Santa Mónica, en Bolivia, que ha perdido una gran cantidad de ingresos al quedarse sin los bosques que gestionaban de forma sostenible en el territorio de Monte Verde, según informa la asociación ecologista WWF.

Para prevenir futuros incendios urge combatir las causas de la deforestación e impulsar una restauración posterior que permita recuperar el bosque y evitar una mayor degradación y pérdida de la cobertura vegetal. Así como impulsar políticas públicas para poner fin a la deforestación a gran escala en la Amazonía.

Que la tragedia ambiental no solo nos conmueva, sino que su grito de alerta nos lleve finalmente a tomar posición respecto al futuro de nuestro planeta.

Bloque 2: ¿Cuál es la situación de nuestra Amazonía después de los incendios forestales? ¿Estamos preparados para prevenir y mitigar impactos medioambientales generados por el hombre?

Jocelyn Ostolaza, Oficial Nacional de Programa de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE.

María Isabel Torres, directora de Mongabay Latam.

La selva amazónica es presa de múltiples incendios. Su destrucción, aunque parcial, tendrá consecuencias para la temperatura y la biodiversidad del planeta. De hecho, la generación y la dispersión de humo viene comprometiendo la calidad del aire de varias regiones relativamente cercanas a los incendios y aún de ciudades lejanas como Sao Paulo, Brasil.

Los medios de vida de pequeños productores locales y pueblos indígenas se han visto amenazados por el avance de las llamas. Entre los más afectados está la comunidad indígena Chiquitana de Santa Mónica, en Bolivia, que ha perdido una gran cantidad de ingresos al quedarse sin los bosques que gestionaban de forma sostenible en el territorio de Monte Verde, según informa la asociación ecologista WWF.

Para prevenir futuros incendios urge combatir las causas de la deforestación e impulsar una restauración posterior que permita recuperar el bosque y evitar una mayor degradación y pérdida de la cobertura vegetal. Así como impulsar políticas públicas para poner fin a la deforestación a gran escala en la Amazonía.

Que la tragedia ambiental no solo nos conmueva, sino que su grito de alerta nos lleve finalmente a tomar posición respecto al futuro de nuestro planeta.

Bloque 1: Análisis socio-político a propósito de los recientes incendios en la Amazonía.

Ramiro Escobar, especialista en temas internacionales y ambientales.

Después de dos años de trabajo, el 28 de agosto del 2003 la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR) entregó su Informe Final al presidente de la República y a los jefes de los otros poderes del Estado. Los resultados del Informe tienen enorme importancia, no sólo para fundamentar las recomendaciones de justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado interno que asoló al Perú entre 1980 y el 2000, sino para revisar la historia reciente del país y para enriquecer y renovar la agenda del debate político e intelectual.

El trabajo de la CVR constituye el mayor esfuerzo realizado en el Perú en el campo de la defensa y promoción de los Derechos Humanos. Al mismo tiempo, su Informe Final y todo el ingente acervo documental que le da sustento, constituyen un valioso repositorio que puede servir, no sólo para avanzar hacia los objetivos de justicia, reparación y prevención señalados en su mandato, sino también para una relectura de la historia reciente del Perú.

Por ello resulta urgente promover un debate público sobre los resultados del Informe Final de la CVR. Repensar las recomendaciones del Informe requiere, entonces, de la puesta en marcha de políticas públicas que permiten una reforma integral del sistema educativo y del sistema de administración de justicia. Al mismo tiempo, requiere del compromiso ciudadano que defienda, promueva y afiance la institucionalidad democrática.

Bloque 2: Nuevas narrativas del CAI: Cine y memoria en el Perú.

Makena Ulfe, antropóloga, investigadora y directora de la Maestría de Antropología Audiovisual PUCP

Alonso Quinteros, experto en cine regional peruano. Actualmente está desarrollando el proyecto ADOC – Archivo del Cine Documental Peruano.

Después de dos años de trabajo, el 28 de agosto del 2003 la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR) entregó su Informe Final al presidente de la República y a los jefes de los otros poderes del Estado. Los resultados del Informe tienen enorme importancia, no sólo para fundamentar las recomendaciones de justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado interno que asoló al Perú entre 1980 y el 2000, sino para revisar la historia reciente del país y para enriquecer y renovar la agenda del debate político e intelectual.

El trabajo de la CVR constituye el mayor esfuerzo realizado en el Perú en el campo de la defensa y promoción de los Derechos Humanos. Al mismo tiempo, su Informe Final y todo el ingente acervo documental que le da sustento, constituyen un valioso repositorio que puede servir, no sólo para avanzar hacia los objetivos de justicia, reparación y prevención señalados en su mandato, sino también para una relectura de la historia reciente del Perú.

Por ello resulta urgente promover un debate público sobre los resultados del Informe Final de la CVR. Repensar las recomendaciones del Informe requiere, entonces, de la puesta en marcha de políticas públicas que permiten una reforma integral del sistema educativo y del sistema de administración de justicia. Al mismo tiempo, requiere del compromiso ciudadano que defienda, promueva y afiance la institucionalidad democrática.

Bloque 1: Comisiones de la Verdad. La importancia de la CRV en el Perú.

Sofía Macher, socióloga y ex comisionada de la CVR

David Sulmont, profesor principal de sociología y ciencia política en la PUCP

Las causas de la violencia contra las mujeres indígenas son diversas y multifactoriales; incluyen aspectos culturales, discriminación, desvalorización y problemáticas estructurales de marginación, que agravan su vulnerabilidad ante la violencia en un encadenamiento de efectos y causas que afectan desde sus vidas personales, hasta su viabilidad económica, pasando por todos los ámbitos de su interacción social.

Si bien es cierto que el Estado peruano ha llevado a cabo diversos esfuerzos para proporcionar los medios legales y materiales que coadyuven en la promoción de los derechos humanos de las mujeres indígenas, también lo es que el desconocimiento de las necesidades de estas poblaciones, así como de las mejores formas de interactuar con ellas, ha propiciado una deficiente atención y direccionamiento de políticas públicas para este sector.

Hoy más que nunca es indispensable abordar la problemática de la violencia de género en entornos culturalmente diferenciados desde un enfoque interseccional de derechos humanos, interculturalidad y perspectiva de género. El punto de partida es que el fenómeno de la violencia contra mujeres indígenas se produce en un sistema de múltiples estructuras de opresión que se traslapan y operan simultáneamente, potenciando las desventajas, exclusiones y desigualdades de las mujeres indígenas, hasta evidenciar que las desigualdades de género también están estrechamente vinculadas a las desigualdades sociales y son factor de vulnerabilidad y violencia.

Se hace imprescindible entonces contar con un registro de las experiencias y propuestas impulsadas por organizaciones de mujeres indígenas para ampliar y mejorar su acceso a la protección contra la violencia de género y a la justicia, dentro y fuera de sus comunidades de pertenencia, que sirva para fundamentar políticas públicas en la materia.

Bloque 2: Retos y desafíos frente a esta problemática. Seguimiento y supervisión desde la sociedad civil.

Nelly Aedo, Defensoría del Pueblo

Las causas de la violencia contra las mujeres indígenas son diversas y multifactoriales; incluyen aspectos culturales, discriminación, desvalorización y problemáticas estructurales de marginación, que agravan su vulnerabilidad ante la violencia en un encadenamiento de efectos y causas que afectan desde sus vidas personales, hasta su viabilidad económica, pasando por todos los ámbitos de su interacción social.

Si bien es cierto que el Estado peruano ha llevado a cabo diversos esfuerzos para proporcionar los medios legales y materiales que coadyuven en la promoción de los derechos humanos de las mujeres indígenas, también lo es que el desconocimiento de las necesidades de estas poblaciones, así como de las mejores formas de interactuar con ellas, ha propiciado una deficiente atención y direccionamiento de políticas públicas para este sector.

Hoy más que nunca es indispensable abordar la problemática de la violencia de género en entornos culturalmente diferenciados desde un enfoque interseccional de derechos humanos, interculturalidad y perspectiva de género. El punto de partida es que el fenómeno de la violencia contra mujeres indígenas se produce en un sistema de múltiples estructuras de opresión que se traslapan y operan simultáneamente, potenciando las desventajas, exclusiones y desigualdades de las mujeres indígenas, hasta evidenciar que las desigualdades de género también están estrechamente vinculadas a las desigualdades sociales y son factor de vulnerabilidad y violencia.

Se hace imprescindible entonces contar con un registro de las experiencias y propuestas impulsadas por organizaciones de mujeres indígenas para ampliar y mejorar su acceso a la protección contra la violencia de género y a la justicia, dentro y fuera de sus comunidades de pertenencia, que sirva para fundamentar políticas públicas en la materia.

Bloque 1: ¿Qué está haciendo el Estado frente a esta problemática?

Sandra González, Ministerio de Cultura

Ha crecido en nuestro país la preocupación por la corrupción y, de manera especial, por encontrar fórmulas institucionales que permitan combatirla. La corrupción ha sido considerada como un importante obstáculo al desarrollo económico, un impedimento para la erradicación de la pobreza y el principal motivo de pérdida de legitimidad gubernamental, por tanto, una amenaza para la democracia.

En una democracia, es claro que cualquier política pública requiere de cohesión social, pero en materia de corrupción esto cobra especial relevancia en virtud de la naturaleza y la magnitud de este problema público y del contexto democrático dentro del cual se produce y busca solución. Ello implica que las estrategias para su combate deban involucrar la mayor cantidad de actores posibles. No cabe duda que las políticas públicas anticorrupción lograrían mayores y mejores resultados si contaran con la participación de la sociedad civil; se respetara el marco democrático, se incrementará su eficiencia y se menguara el riesgo de naufragar.

Frente a la reciente aprobación del proyecto de reforma constitucional que regula el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, conviene preguntarnos acerca de la importancia social y política de dichas medidas en favor de la lucha frontal que distintos actores vienen planteando contra el fenómeno de la corrupción en nuestro país.

Bloque 2: La figura de la inmunidad en el Derecho Parlamentario y las modificaciones que se plantean dentro de la lucha contra la corrupción. Si se logra la reforma en qué cambiaría. ¿Cuándo la inmunidad tiene sentido? ¿Cuándo se mal utiliza?

Natasha Gutiérrez, coordinadora del Área Legal de Proética.

Ana Neyra, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ha crecido en nuestro país la preocupación por la corrupción y, de manera especial, por encontrar fórmulas institucionales que permitan combatirla. La corrupción ha sido considerada como un importante obstáculo al desarrollo económico, un impedimento para la erradicación de la pobreza y el principal motivo de pérdida de legitimidad gubernamental, por tanto, una amenaza para la democracia.

En una democracia, es claro que cualquier política pública requiere de cohesión social, pero en materia de corrupción esto cobra especial relevancia en virtud de la naturaleza y la magnitud de este problema público y del contexto democrático dentro del cual se produce y busca solución. Ello implica que las estrategias para su combate deban involucrar la mayor cantidad de actores posibles. No cabe duda que las políticas públicas anticorrupción lograrían mayores y mejores resultados si contaran con la participación de la sociedad civil; se respetara el marco democrático, se incrementará su eficiencia y se menguara el riesgo de naufragar.

Frente a la reciente aprobación del proyecto de reforma constitucional que regula el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, conviene preguntarnos acerca de la importancia social y política de dichas medidas en favor de la lucha frontal que distintos actores vienen planteando contra el fenómeno de la corrupción en nuestro país.

Bloque 1: ¿Cuál ha sido la utilización de la inmunidad parlamentaria en tiempos de corrupción?¿ Por qué ha sido tan resistida por el congreso? Estado de la cuestión.

Jeffrey Radzinsky, magíster en Gobernabilidad y Gestión Pública.

Katherine Zegarra, politóloga de la PUCP.

Diferentes actores, en diferentes circunstancias, pero con las mismas consecuencias: comunidades enfrentadas al Estado y las empresas, empresas que no logran ni dialogar, ni entenderse con las comunidades, un Estado ausente o presente a medias: caos.

El resultado: una realidad plagada de conflictos, status de estos conflictos: activos, irresueltos. Tal vez hay algo a lo que no le estamos prestando la suficiente atención, algo más primitivo, tal vez elemental, aunque tremendamente complejo, lo llaman licencia social, pero podríamos entenderlo como la disposición y posterior compromiso a integrar un proyecto que haga sentir posible el desarrollo para todos.

Debemos tener en mente que los conflictos sociales entre el Estado, las empresas y las comunidades no son sucesos nuevos. Las Bambas, las protestas de cocaleros y, recientemente, Tía María son muestras de una historia marcada por paros, protestas y muertes.

Para algunos, se tratan de conflictos por intereses económicos y , para otros, la principal raíz está en el impacto contra recursos naturales tan básicos como el agua o el aire. La realidad es que las comunidades que allí viven sienten desconfianza y tienen derecho a sentirlo, entonces las grandes preguntas son ¿qué aspectos deben valorarse?, ¿qué está fallando?, ¿cómo romper el círculo vicioso?…

Bloque 2: El círculo se rompe con la prevención, ¿cómo lograrla?.

Cristina Blanco, docente de Derecho PUCP y responsable de la línea Empresas y Derechos Humanos del IDEHPUCP.

Javier Caravedo, director ejecutivo de la asociación civil ProDiálogo.