El viernes 31 de julio, el gobierno del presidente Donald Trump terminó el contrato de varios años con organizaciones civiles que defienden a unos 24,000 niños migrantes no acompañados, quienes podrían enfrentar solos audiencias ante jueces que determinarán sus casos sobre deportación o asilo.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), del que depende la Oficina de Reasentamiento de Refugiados conocida (ORR), acusa inconsistencias en la defensa de los menores, pero las organizaciones rechazan compartir información sensible sobre los niños.

Para explicarnos esta problemática invitamos a Karina Ramos, directora de Defensa en Immigrant Defenders Law Center, una organización que tiene al menos 1,500 casos de niños bajo su cargo.

A finales de mayo, los tribunales de inmigración empezaron a hacer algo peculiar: empaquetar y agrupar docenas de casos migratorios para llevar a cabo audiencias masivas en las que participaban 100 o más personas a la vez. 

A estas audiencias masivas se les empezó a llamar audiencias "mega masters” en el calendario principal. Los defensores de inmigrantes y abogados dicen que estas audiencias se dirigen principalmente a personas que no cuentan con representación legal para luego hacer determinaciones rápidas.

Quienes llegan tarde o no se presentan en absoluto, reciben órdenes de expulsión del país, lo que recorta aún más las opciones de los inmigrantes.

La medida ha sido implementada a nivel nacional y, tras poco más de un mes de su puesta en marcha, el aumento en órdenes de expulsión contra personas que no se presentaron a las audiencias preliminares de inmigración es notorio: 53.808 órdenes en junio, lo que representa un aumento del 55 por ciento con respecto a las 34.725 de mayo—que ya constituía un récord en sí.

Así que para hablar sobre el reporte y las tendencias vistas hasta el momento en el país, invitamos a Brandon Marrow, creador de bklg.org.

El 8 de julio, Lorenzo Salgado Araujo murió a manos de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Houston, Texas. Se desconoce la identidad de los oficiales inmiscuidos en este caso, a diferencia de otra muerte ocurrida en Maine, la del colombiano Johan Sebastián Guerrero, de 25 años, quien tenía permiso de trabajo en EE.UU.

Ambas investigaciones están en proceso, pero el caso de Salgado Araujo desata preocupaciones ante el intento del FBI de desviar la narrativa sobre la situación del inmigrante de origen mexicano, de quien sobreviven tres hijos estadounidenses.

Para explicar lo que ocurre con estos casos invitamos a Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

Si bien la mayoría de los latinos en los Estados Unidos considera que su identidad hispana es importante, las opiniones difieren al analizar si ésta les ayuda o les dificulta su progreso en el país.

Por ejemplo, el 33 por ciento cree que ser hispano perjudica su capacidad de progresar, mientras que el 26 por ciento piensa que la favorece. El 40 por ciento restante dice que ni lo uno ni lo otro.

Sin embargo, hay brechas entre los encuestados latinos y sus opiniones sobre su identidad difieren marcadamente según dos factores: afiliación política y generación de inmigración, así lo reveló una encuesta reciente del Pew Research Center.

Así que para hablar más sobre la encuesta, invitamos a dos de sus autores, Mark Hugo Lopez, director de investigación sobre raza y etnicidad, y Gabriel Piña, investigador sénior en el Pew Research Center.

La Corte de Apelaciones para el Circuito de Washington, D.C., avaló la política de deportaciones aceleradas del presidente Donald Trump, lo que podría afectar a miles de inmigrantes indocumentados.

Sin embargo, la decisión no es tan simple, ya que el litigio deja una ventana abierta para que los defensores de inmigrantes continúen la batalla legal. Con la decisión del tribunal, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podría comenzar en cualquier momento a detener personas en cualquier parte de Estados Unidos y procesarlas para su deportación, si no logran demostrar que tienen más de dos años en el país.

Para explicar detalles de la decisión de la corte y sus implicaciones, invitamos a Harold Solis, co-director Legal de Make the Road New York.

Desde finales de mayo, el centro de detención de Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, se ha convertido en el escenario de un enfrentamiento extraordinario.

En su interior, cientos de inmigrantes detenidos iniciaron el 22 de mayo una huelga de trabajo y de hambre, quejándose de la comida en mal estado, la falta de atención médica, la dificultad para obtener la fianza y la coacción para firmar documentos legales para la auto deportación.

Durante el día y algunas noches, los simpatizantes se concentraron para protestar a las afueras del centro de detención y en varias ocasiones fueron golpeados y arrestados por agentes de migración. Así que, para hablar sobre el centro de detención, la huelga y las protestas, invitamos a José Olivares, periodista del diario The Guardian que cubre inmigración y autor del reportaje.

El gobierno del presidente Donald Trump implementa una nueva estrategia contra los 'Dreamers', ya que por un lado la Junta de Apelaciones de Inmigración determinó que la protección de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) no es suficiente contra la deportación, mientras la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido a más de 300 personas bajo ese programa, de los cuales ha deportado al menos a 90.

La campaña Home is Here, de la que forma parte United We Dream, destaca el caso de JeanCarlos Fiallos Manzanares, un residente en Miami Gardens, Florida, quien fue detenido en 2025 y cumple un año bajo arresto en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, Nuevo México, lejos de su familia y su equipo de defensa.

Para hablarnos de la situación de los 'Dreamers' y lo que ocurre con DACA en su 14 aniversario invitamos a Deya, directora de Campañas de United We Dream.

Por décadas, niños o menores de edad inmigrantes que habían sufrido maltrato, abandono o negligencia por parte de uno de sus progenitores, podían recibir en los Estados Unidos un Estatus de Inmigrante Juvenil Especial o Estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes —como también se le conoce— que los protegía de ser deportados a sus países de origen.

El proceso es largo. Lleva años y por mucho tiempo se creyó que el gobierno federal los había reconocido como jóvenes vulnerables, que esperaban una oportunidad de obtener un estatus legal permanente, mientras sus casos sorteaban los tribunales.

Esa comprensión se ha venido poniendo a prueba durante la segunda administración de Donald Trump, quien revocó oficialmente la política de acción diferida automática, quitando la protección de no ser deportados a quienes no contaban con residencia permanente.

Una investigación del periódico Newsday revela que en Long Island, en Nueva York, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE por sus siglas en inglés) han arrestado y detenido al menos a una docena de personas con Estatus de Inmigrante Juvenil provenientes de Centroamérica.

Así que para hablar sobre cómo ha cambiado este programa, las detenciones a este grupo y sus historias, invitamos a Josefa Velásquez, periodista investigativa de Newsday, quien es autora del reportaje de Newsday.

La mayoría de los votantes latinos, incluso en Florida, desaprueban las políticas económicas y migratorias del presidente Donald Trump, aunque hay diferencias entre votantes mexico-americanos y cubano-americanos, según una reciente encuesta de UnidosUS.

La encuesta también aborda la guerra con Irán y la postura sobre alguna acción militar en Cuba, además de las posturas de votantes en diferentes distritos competitivos en la elección de noviembre.

Para ofrecer más detalles de los resultados invitamos a Clarissa Martínez De Castro, Vice President, Latino Vote Initiative, de UnidosUS.

En abril, la Corte Suprema decidió, con una votación de 6 contra 3, el caso de Louisiana . Callais, sobre la ley de derecho al voto (Voting Rights Act) permitiendo una reconfiguración de la histórica ley de 1965, aprobada por el Congreso, que daba protecciones contra la discriminación racial.

Específicamente, la decisión de la Corte limita severamente el uso de la sección 2 de la ley, que permitía a los electores de comunidades minoritarias iniciar acciones legales contra leyes y procedimientos que les impidieran elegir a sus candidatos favoritos. De acuerdo con este fallo, para que sea válido debe haber discriminación racial intencional; un estándar jurídico que —según expertos— resulta notoriamente difícil de probar ante los tribunales.

Así que para hablar sobre cómo ha cambiado la ley de derecho al voto y sus implicaciones para el electorado latino, invitamos a Kira Romero-Craft, abogada y fellow del Brennan Center for Justice, un centro de estudios que aboga por ampliar y defender el acceso al voto.