City Limits

Por décadas, niños o menores de edad inmigrantes que habían sufrido maltrato, abandono o negligencia por parte de uno de sus progenitores, podían recibir en los Estados Unidos un Estatus de Inmigrante Juvenil Especial o Estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes —como también se le conoce— que los protegía de ser deportados a sus países de origen.

El proceso es largo. Lleva años y por mucho tiempo se creyó que el gobierno federal los había reconocido como jóvenes vulnerables, que esperaban una oportunidad de obtener un estatus legal permanente, mientras sus casos sorteaban los tribunales.

Esa comprensión se ha venido poniendo a prueba durante la segunda administración de Donald Trump, quien revocó oficialmente la política de acción diferida automática, quitando la protección de no ser deportados a quienes no contaban con residencia permanente.

Una investigación del periódico Newsday revela que en Long Island, en Nueva York, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE por sus siglas en inglés) han arrestado y detenido al menos a una docena de personas con Estatus de Inmigrante Juvenil provenientes de Centroamérica.

Así que para hablar sobre cómo ha cambiado este programa, las detenciones a este grupo y sus historias, invitamos a Josefa Velásquez, periodista investigativa de Newsday, quien es autora del reportaje de Newsday.

La mayoría de los votantes latinos, incluso en Florida, desaprueban las políticas económicas y migratorias del presidente Donald Trump, aunque hay diferencias entre votantes mexico-americanos y cubano-americanos, según una reciente encuesta de UnidosUS.

La encuesta también aborda la guerra con Irán y la postura sobre alguna acción militar en Cuba, además de las posturas de votantes en diferentes distritos competitivos en la elección de noviembre.

Para ofrecer más detalles de los resultados invitamos a Clarissa Martínez De Castro, Vice President, Latino Vote Initiative, de UnidosUS.

En abril, la Corte Suprema decidió, con una votación de 6 contra 3, el caso de Louisiana . Callais, sobre la ley de derecho al voto (Voting Rights Act) permitiendo una reconfiguración de la histórica ley de 1965, aprobada por el Congreso, que daba protecciones contra la discriminación racial.

Específicamente, la decisión de la Corte limita severamente el uso de la sección 2 de la ley, que permitía a los electores de comunidades minoritarias iniciar acciones legales contra leyes y procedimientos que les impidieran elegir a sus candidatos favoritos. De acuerdo con este fallo, para que sea válido debe haber discriminación racial intencional; un estándar jurídico que —según expertos— resulta notoriamente difícil de probar ante los tribunales.

Así que para hablar sobre cómo ha cambiado la ley de derecho al voto y sus implicaciones para el electorado latino, invitamos a Kira Romero-Craft, abogada y fellow del Brennan Center for Justice, un centro de estudios que aboga por ampliar y defender el acceso al voto.

El gobierno de Trump implementa una suspensión de procesos migratorios ante la agencia de Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), afectando a quienes nacieron en 39 países, entre ellos Nigeria, Myanmar y Venezuela. Esta regla ha sido desastroso para muchas personas que ya residen en Estados Unidos, ya sea que estudien o trabajen en sectores laborales, como el energético, la tecnología y la medicina. Un reporte de NPR expone tales impactos negativos entre miles de personas.

Para hablarnos del reporte invitamos a su autora, Ximena Bustillo, quien explica la regla migratoria y sus efectos.

Además. Factchequeado aborda información sobre hantavirus.

Una de las metas menos publicitadas de la agenda migratoria que se ha propuesto la segunda administración de Donald Trump es rastrear a miles de menores inmigrantes que entraron al país solos o sin un adulto acompañante.

Desde 2025, la administración Trump ha estado organizando visitas a los menores que están con un familiar o tutor legal con el objetivo de realizar lo que el gobierno ha denominado “controles de bienestar” para asegurarse de que están a salvo.

Una reciente investigación del periódico inglés The Guardian revela que, en abril, ICE contrató a una empresa de seguridad llamada MVM Inc., que ha sido acusada ante un tribunal federal de tortura y trato inhumano, y que en el pasado proporcionó servicios de detención y transporte a las agencias federales de inmigración, así como servicios de seguridad a la CIA.

Así que, para hablar sobre cómo consiguió la empresa el contrato, qué se le pide que haga y qué revela sobre la vigilancia de los menores no acompañados, invitamos a José Olivares, periodista del diario inglés que cubre inmigración y autor del reportaje.

Debido a cambios sustanciales, la administración Trump ha modificado la función esencial de la agencia de Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en una oficina que tiende una especie de trampas a inmigrantes que acuden a citas sobre peticiones de alguna protección migratoria.

El periodista del New Yorker, Jonathan Blitzer, publicó un reportaje que cuenta la historia de Anna, de Minneapolis, quien al igual que decenas de inmigrantes, fueron objetivo de una operación especial contra personas que solicitaron refugio en EE.UU. Anna incluso fue detenida sin explicación alguna por ICE y enviada a Texas. El reporte expone cómo las políticas migratorias actuales han modificado procesos y endurecido las revisiones de vigilancia, incluso de personas que han pasado ya por un severo escrutinio.

Aunque esté lejos de la frontera, Ohio se ha convertido en uno de los principales escenarios de la campaña para realizar deportaciones masivas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, según un reciente informe.

En el estado, la capacidad para detener a inmigrantes en centros de detención se ha disparado en más de un 1.000 por ciento, de acuerdo con el informe, titulado “Ending Immigration Jail in Ohio” (Acabar con las cárceles para inmigrantes en Ohio).

Este marcado aumento sitúa a Ohio entre los 20 estados con mayor número diario de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Así que para abordar la situación actual en el estado y los planes de expansión en Ohio, invitamos a Lynn Tramonte, directora ejecutiva de Ohio Immigrant Alliance, una organización dedicada a la protección de los derechos de los inmigrantes que recientemente publicó el informe.

El gobierno del presidente Donald Trump ha logrado acuerdos con al menos 27 países para deportar a inmigrantes, sin importar que tales personas no hayan nacido en tales naciones. Aunque no es una política nueva del Departamento de Seguridad Nacional, de la que depende la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), durante este segundo mandato de Trump la estrategia fue modificada, incluyendo países donde es inseguro enviar a personas, debido a las condiciones de inseguridad.

Ariel Ruiz Soto, analista sénior de Políticas del Migration Policy Institute, ofreció detalles de un reporte especial sobre las deportaciones a terceros países y cuál es el plan original del gobierno de Trump.

Desde el retorno al poder del presidente Donald Trump en 2025, las autoridades de inmigración han detenido a los padres de más de 11.000 niños con ciudadanía estadounidense.

La cifra, revelada en una investigación de ProPublica el mes pasado, solo cubre las acciones y arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o ICE, como comúnmente se le conoce, y no abarca las detenciones realizadas por los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Esta cifra solo muestra lo que pasó en los primeros ocho meses de la segunda administración Trump, cuando en promedio más de 50 menores al día perdían a uno de sus padres debido a la detención.

Así que para hablar sobre la investigación, invitamos a uno de sus autores, Mario Ariza, quien cubre el sur del país para ProPublica.

A seis años de la pandemia de COVID, decenas de latinos enfrentan algo llamado COVID persistente, es decir, tienen síntomas constantes de la enfermedad o presentan cuadros más severos, lo que afecta su condición física, además de su economía, debido al costo para atender otros padecimientos derivados, como el asma.

Según una investigación del Centro Latino para la Salud de la Universidad de Washington, se estima que el 41.2 % de los trabajadores agrícolas padecen COVID persistente, algo que podría estar ocurriendo en otros estados, como California, donde se hizo un estudio similar.

Parara hablarnos de esta problemática invitamos a Mónica Carrillo-Casas, periodista de Spokesman-Review y Spokane Public Radio, quien publica una serie de reportajes sobre el tema.

Además, Factchequeado aborda las multas millonarias a inmigrantes indocumentados.