Poco después de medianoche del 30 de septiembre, un helicóptero Black Hawk sobrevolaba un edificio de la zona sur de Chicago. Los equipos SWAT descendieron por cuerdas. Tumbaron puertas. Las familias fueron despertadas por granadas aturdidoras.
Tras la operación, la administración Trump afirmó que su objetivo eran los miembros de una violenta banda venezolana, el Tren de Aragua, y que en el edificio se encontrarían pruebas de una grave amenaza.
Unos 37 residentes fueron arrestados, algunos llevados a prisiones y centros de detención y luego deportados, sin que se les acusara de ningún delito.
Sin embargo, una investigación de ProPublica muestra la diferencia entre lo que los funcionarios de inmigración dijeron y lo que los reporteros han recabado. En las ocho audiencias a las que el medio independiente asistió, en ninguna, dijeron, se mencionó la pertenencia a pandillas. En cambio, los jueces concedieron la salida voluntaria o la deportación, lo que sugiere que no son considerados como amenaza.
Así que para hablar sobre el reportaje, las personas que fueron arrestadas y las que fueron deportadas, invitamos a Melissa Sanchez, quien es reportera de ProPublica y una de las autoras del reportaje.