Conclusiones

La fiscalía de Bolivia decretó el sobreseimiento de los delitos de sedición y conspiración contra la expresidenta Jeanine Áñez, en el caso conocido como “Golpe de Estado uno”. En la opinión de Luis Adolfo Guillén, abogado de la exmandataria, el sobreseimiento es una "simulación", ya que ambos delitos debieron ser eliminados en febrero de 2022, cuando el Tribunal Constitucional los eliminó. Además, los expertos advierten que las elecciones presidenciales de 2024 en México podrían acrecentar la violencia en el país. En solo un mes, han sido asesinadas cinco personas que aspiraban a un cargo de elección popular. En opinión del analista político, Javier Martín, el Estado mexicano no está haciendo lo suficiente para evitar la violencia político-electoral y asegurar la seguridad de los candidatos.

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El gobierno de Daniel Noboa impulsa la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad que, en opinión de algunos expertos, seguirían el modelo del Centro para el Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. Sin embargo, el presidente de Ecuador ha rechazado la comparación.

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo en entrevista con Fernando Del Rincón que pedirá en los próximos días una reunión con la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, para pedirle su renuncia. Aunque el mandatario asegura que espera que Porras renuncie, si no lo hace, emprenderá acciones legales. Además, Arévalo dijo que acatará el fallo de la Corte de Constitucionalidad que ordena volver a elegir una Junta Directiva del Congreso, pero señala que el Movimiento Semilla ya cuenta con una alianza que podría permitirles volver a obtener la presidencia del Legislativo.

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La Corte de Constitucionalidad dio un plazo al Congreso de Guatemala para que envíe un informe detallado sobre las bases legales de la elección de la nueva junta directiva. En la opinión del presidente del Congreso de Guatemala, Samuel Pérez, la elección de la junta no fue ilegal, ya que asegura que la nueva asamblea por mayoría eligió habilitar al Movimiento Semilla.

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Ecuador vive un estado de "conflicto armado interno" entre patrullajes y operativos de control por parte de las fuerzas armadas y la policía. Esto, en medio del temor de los ciudadanos ante los hechos de violencia y la preocupación por el impacto que la situación está generando en su día a día.

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El diputado de Movimiento Semilla Samuel Pérez dijo en una entrevista en Conclusiones que su partido está llegando a acuerdos en el Congreso para tratar de combatir la corrupción en Guatemala. Asegura que estos acuerdos, a diferencia del pasado, se han logrado a través de una agenda legislativa conjunta y no prebendas. Además, sostiene que su partido ya tiene un plan de acción para los primeros 100 días de gobierno. Además, tras cuatro días de la declaratoria de conflicto interno en Ecuador, las autoridades de ese país anunciaron que exigirán certificado de antecedentes penales a los extranjeros que quieran entrar a su territorio por los puntos fronterizos con Perú y Colombia. Con esta medida se busca evitar el ingreso al país de personas que constituyan una amenaza o riesgo para la seguridad pública.

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En opinión del director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los DD.HH., Billy Navarrete, el estado de excepción y el decreto que declara un conflicto armado interno en Ecuador aíslan y ponen en mayor vulnerabilidad a las comunidades “secuestradas” por el crimen organizado. Navarrete señala que el estado de excepción "ha dejado de ser excepcional" debido a que distintos Gobiernos han tomado la misma medida, siempre sin resultados.

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Tras los violentos hechos de este martes, el presidente Daniel Noboa declaró estado de emergencia y “conflicto armado interno”, mientras se extiende el toque de queda y la Policía y el Ejército custodian el país. En opinión del coronel retirado del Ejército de Ecuador Patricio Haro, la toma de las instalaciones de TC Televisión es un reflejo de un problema que lleva 18 años sin resolverse en ese país: la pérdida del control de las cárceles. Además, la constitucionalista Ximena Ron, explica en Conclusiones por qué el decreto de “conflicto armado interno” y la calificación de terroristas a organizaciones criminales eran las únicas alternativas para el Gobierno.

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 En opinión de la ministra de Gobierno de Ecuador, Mónica Palencia, los motines en al menos seis cárceles de Ecuador son una reacción al cambio de mando en los penales implementado por el presidente Daniel Noboa. La funcionaria asegura que en las cárceles operan grupos del crimen organizado con vínculos transnacionales.

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El abogado y defensor de derechos humanos, Álvaro Leiva, asegura que las detenciones de sacerdotes en Nicaragua son represalias del Gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia católica. Al cumplirse 500 días de la detención de Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, Leiva dice que los religiosos han acompañado al pueblo nicaragüense frente a las violaciones de derechos humanos.

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