Pareciera que la discusión sobre los derechos sociales y políticos de los pueblos se está aplazando, pues la agenda informativa se ha visto bombardeada por la llamada agenda de seguridad, motivado por una seguidilla de hechos de violencia que ha conllevado la muerte y las heridas graves de agentes del estado. Si bien el problema de la seguridad es una situación real, también es cierto que el bloque en el poder lo está utilizando como herramienta política de control y disciplinamiento social, a través de la instalación de una política del terror que busca, como siempre, generar la desconfianza dentro de la clase para poder asegurar su llamada gobernabilidad.
Lo peligroso de esta política del terror es que en esta ocasión viene acompañada por un fuerte componente xenófobo y nacionalista, caldo de cultivo para el desarrollo de fuerzas fascistas que están al acecho para poder ir ampliando su base de adhesión popular, y por eso vía, generar las condiciones necesarias para poder ocupar un sitio relevante en la política nacional. Históricamente, los fascismos han ocupado el espacio que los sectores de izquierdas y libertarios van dejando por distintos motivos, con el consabido costo en vidas y derechos.
Prueba de esto es la instalación de una política represiva que viene cuajando desde los inicios de este gobierno, manifestado en la persecución a las diferentes formas de lucha callejera, la continuación de la militarización del wallmapu y el norte, la mantención la cúpula de carabineros, responsables, por cierto, de crímenes de lesa humanidad durante la revuelta, entre otras manifestaciones.
Este mecanismo de control tiene su exacerbación en la nueva ley que ofrece la posibilidad de impunidad a carabineros cuando, en el ejercicio de sus funciones de orden, asesinen a un ciudadano, dándoles el beneficio de la legitima defensa en aquellos actos. Con esto, el riesgo de todos se sufrir a manos de esta policía que ha mostrado su falta de preparación, su actuación vulnerando los derechos humanos, o su compromiso con delincuentes y narcotraficantes, es evidente.
Por ejemplo, notamos el aumento de la violencia escolar, que enfrenta a estudiantes entre sí o con otros miembros de la comunidad, que ha venido en aumento, y que no ha motivado reacciones; o la violencia sufrida por los trabajadores en las relaciones laborales, quienes ven constantemente vulnerados sus derechos, tanto por la relación asimétrica que tienen con la patronal, como por la ineficiente actuación de los organismos administrativos del estado, como la dirección del trabajo, que no actúa o no puede hacerlo, para defender a los trabajadores.
La manifestación última de esta violencia laboral lo constituye la aprobación de la ley de las 40 horas, que abre de par en par las puertas a la flexibilidad laboral y el abuso patronal a través de la administración de la jornada laboral.
Ni hablar de la violencia que sufren los estudiantes, escolares o universitarios, quienes ni siquiera cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad en sus centros estudiantiles, y que ha motivado un pequeño despertar de estos sectores, quienes en los últimos días han vuelto a ocupar las calles para poder manifestar su petitorio.
Con todo, el escenario para los sectores populares se ve complejo y paradigmático, y es por eso que se hace urgente desarrollar la inteligencia popular, para, en conjunto, hacerle frente a esta ofensiva de los sectores instalados en el bloque en el poder.
En esta perspectiva, hoy nos acompaña el compañero Ramón López, presidente del Sindicato Nacional #1 de Trabajadores de la empresa SGS Minerals y presidente interino de la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras, quien nos ayudará a poder desarrollar estos temas y, en conjunto avanzar en las claridades necesarias.