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El lunes, la Convención Constitucional dio inicio a una nueva etapa de su trabajo, después de acordar su reglamento y organizar su funcionamiento. Ahora la asamblea se dedicará derechamente a aquello que define su existencia: la redacción de una propuesta para una nueva constitución. Con el quórum de los dos tercios para la aprobación de las normas constitucionales ya ratificado, anticipar qué puntos concitan ese nivel de acuerdo entre los constituyentes permite empezar a dibujar algunos rasgos importantes de esa creación. Fue lo que hizo un equipo de La Tercera, en base a respuestas de 133 constituyentes que contestaron a sus consultas.
Algunos de los puntos que concitan suficiente apoyo en una nueva constitución son la autonomía del Banco Central, la consagración del agua como un bien nacional de uso público, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y la igualdad efectiva de género.
¿Qué matices deben considerarse en estos y otros asuntos consultados? ¿Qué podemos adelantar sobre el resultado del trabajo de la Convención?
Ayer, por quinto día consecutivo Chile registró una cifra diaria por sobre los mil casos nuevos de Covid-19. Algo que no ocurría desde julio. Los casos activos llegaron a 7.789; desde principios de agosto que esa cifra no era tan alta. La positividad informada ayer fue de un 2,46% a nivel nacional, y 14 regiones del país registran una tasa de contagios en expansión. Aunque de forma todavía leve, la ocupación de camas UCI ha subido respecto de la semana anterior.
La tendencia al alza es marcada y la incierta incidencia de nuevas variantes futuras instala en el panorama más temores sobre un nuevo rebrote. Ya sin restricciones de movilidad para los ciudadanos y con las fronteras abriéndose, se comienza a instalar una pregunta inquietante, aún a pesar de la exitosa tasa de vacunación en el país:
¿Qué tan asustados deberíamos estar frente a la posibilidad de una nueva ola de Covid 19?
En Gran Bretaña, el asesinato de un diputado conservador el pasado viernes a manos de un joven islamista aparentemente radicalizado fue rotulado a las pocas horas como un ataque terrorista. Sir David Amess (EIMéS) fue acuchillado múltiples veces mientras participaba de una reunión con electores en una iglesia metodista, durante su semana distrital.
El asesino, Ali Harbi Ali, un ciudadano británico de ascendencia somalí que fue detenido sin resistencia en el mismo lugar del crimen, está siendo procesado bajo la ley antiterrorista.
El crimen sacudió al país, que hace cinco años había lamentado el asesinato de otra parlamentaria, la laborista Jo Cox, también durante una reunión con electores, a manos de un joven radicalizado en el supremacismo blanco. Como es lógico, el atentado del viernes aumentó la preocupación sobre la seguridad de los parlamentarios y sobre el peligro de la radicalización via online de jóvenes británicos en torno a posiciones extremistas y violentas. Pero también, como nos cuenta nuestro entrevistado de hoy, revivió la preocupación sobre otro tipo de violencia: la del lenguaje en el debate político.
Hace unas semanas, las imágenes de la violencia de un grupo de personas contra migrantes en Iquique impactaron al país y dieron la vuelta al mundo. La escena de un grupo de chilenos quemando en una hoguera las pocas pertenencias de migrantes venezolanos fue condenada y motivó la reacción, aunque tardía, de las autoridades centrales para habilitar albergues. Pero para los propios iquiqueños fue la horrible coronación de una tensión que venía fraguándose desde hacía meses.
Entender qué pasó en Iquique es entender a qué puede llevar la crisis migratoria si las autoridades no toman decisiones a tiempo. Para comprender el fenómeno en su complejidad, el periodista de La Tercera Domingo Andrew Chernin viajó hace un par de semanas a esa ciudad, desde donde escribió su reportaje “El origen de la furia”.
El tema está en la agenda y en la preocupación de los chilenos. Y con razón. La inflación está registrando alzas que no se veían en años, con el consiguiente efecto en la calidad de vida de las personas por el alza de precios y de tasas de interés. La semana pasada se informó que el Índice de Precios al Consumidor de septiembre subió en un 1,2%, el registro más alto desde junio de 2008.
El asunto ha llevado a la institución encargada de la política monetaria a actuar drásticamente.
El mes pasado, el Banco Central elevó la tasa de interés en 75 puntos base, dejándola en un 1,5%.
Y ayer, el consejo del Banco Central acordó incrementar la tasa de interés de política monetaria en 1,25 puntos base, llegando al 2,75%.
Eso es más de lo que proyectaba el mercado, y constituye la mayor alza de tasas de la historia, desde que existe Tasa Nominal como política monetaria, es decir, desde 2001.
Además, el presidente de la institución, Mario Marcel, ha sido enfático en entrevistas y exposiciones públicas en advertir sobre el peligro que ciertas decisiones revisten para el control de la inflación. La principal: los progresivos retiros de fondos previsionales, en especial el cuarto retiro, que pronto se debe votar en el Senado.
Eso ha provocado que desde sectores políticos que favorecen su aprobación acusen una “campaña del terror” en torno al tema de la inflación, apuntando a la influencia de los factores externos sobre este fenómeno.
¿Cuánto se puede separar lo doméstico de lo externo en esta alza de la inflación? ¿Qué proyecciones se hacen hoy?
Han sido varias encuestas las que han mostrado al candidato presidencial de la centroderecha Sebastián Sichel perdiendo terreno, pero la última de ellas entrega números dramáticos. Según la medición de Cadem dada a conocer el lunes pasado, el candidato oficialista cae a un cuarto lugar de las preferencias, con sólo un 10%, superado por Gabriel Boric, con un 21%, José Antonio Kast, con un 18% y Yasna Provoste, con un 13%. En esta misma encuesta, Sichel ha perdido 14 puntos desde el 30 de julio. En contraste, Kast ha subido 11 puntos en el mismo período.
Aunque en la campaña apuntan a los fallos de las encuestas en el último tiempo, partiendo por aquellas que no vieron venir su triunfo en la primaria presidencial pasada, el panorama para Sichel se ve, por decir lo menos, difícil a un mes y medio de la elección del 21 de noviembre.
El crecimiento de Kast por la derecha plantea un particular problema para Sichel, que siempre enfocó su campaña hacia el votante de centro, dado por hecho el apoyo desde la derecha en una segunda vuelta. El problema ahora es que pasar a esa segunda vuelta no parece nada de fácil. Además de sus propios errores, fugas de apoyos y críticas dentro del bloque oficialista, Sebastián Sichel debe enfrentar otro elemento que puede complicar las cosas: ser el candidato de gobierno en momentos en que la oposición apura una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por el caso de los Pandora Papers.
Con todo esto, ¿cómo enfrenta Sebastián Sichel la recta final de la campaña presidencial?
Hace un poco más de una semana, un nuevo escándalo sacudió a Facebook y lo puso una vez más en la mira de reguladores, críticos y ciudadanos preocupados por su enorme influencia. Esta vez fue el caso llamado “Los archivos de Facebook”, una serie de filtraciones de informes internos de la compañía al diario The Wall Street Journal por una fuente anónima. Unos días más tarde, esa fuente se identificó y dio una entrevista al legendario programa de televisión 60 Minutes. Se trata de Frances Haugen, una ex ejecutiva de Facebook que luego llevaría sus denuncias al Congreso de Estados Unidos, acusando a la compañía de hacerle daño a los menores de edad y perjudicar la democracia sin hacer nada por evitarlo.
Frances Haugen afirma que Facebook siempre ha elegido priorizar su rentabilidad sobre cualquier otra consideración sobre su impacto social. Sus filtraciones ofrecen evidencias sobre cómo están programados los algoritmos de Facebook e instagram para generar los efectos deseados en las interacciones de sus usuarios.
El nuevo escándalo reflota una pregunta reiterada pero aún sin respuesta ¿Cuánto puede, cuánto debe y qué interés podría tener Facebook en modificar su modo de hacer las cosas?
Después del reportaje publicado el domingo por Ciper y LaBot, como parte del equipo internacional que dio a conocer la filtración de los llamados “Pandora Papers” en todo el mundo, las cosas se han complicado para el presidente Sebastián Piñera. La difusión de los detalles del contrato de compraventa de minera Dominga celebrado en Islas Vírgenes en 2010 motivaron el inicio de una segunda acusación constitucional en su contra, que podría ser presentada la próxima semana.
Aunque su defensa ha sido enérgica al señalar que todos los antecedentes estaban en la investigación judicial de 2017 que fue sobreseída, el problema está lejos de desaparecer de su horizonte. Y no sólo en la dimensión política. Ayer, un artículo de La Tercera PM dio cuenta de que la Fiscalía estaba analizando abrir una investigación de oficio, pues estima que lo dado a conocer el domingo sí agrega detalles que no estaban en la carpeta de 2017. Al final de la tarde de ayer, el abogado del Presidente, Juan Domingo Acosta, insistió mediante un comunicado en que la Fiscalía está equivocada.
Independiente del frente judicial, la inminente acusación constitucional en el congreso complica el epílogo de la administración Piñera más allá de su desenlace: lo obligaría a cancelar sus giras internacionales, empaña la imagen mundial que alguna vez el presidente pretendió proyectar, y pondría a prueba la lealtad de los parlamentarios de Chile Vamos en un momento en que el liderazgo presidencial ha demostrado ser débil entre ellos. De hecho, ya hay parlamentarios oficialistas que se han mostrado dispuestos a estudiar la acusación.
¿Cómo vivió La Moneda la semana de los Pandora Papers?
En el debate en torno a un cuarto retiro del 10% de fondos previsionales se ha repetido una serie de argumentos que apuntan sus efectos nocivos tanto para los propios pensionados y cotizantes como para las arcas fiscales. Pero esta vez hay un punto que ha hecho sonar las alarmas como nunca. Se trata de la extensión de la lógica de los retiros desde los fondos de las AFP a otro instrumento: las rentas vitalicias.
Fue en el pasado proyecto de retiro, el tercero, en que se incluyó a las rentas vitalicias por primera vez, y las advertencias sobre su ilegalidad y efecto en el mercado de aseguradoras no se hicieron esperar. Pero esta vez, en este cuarto proyecto de retiro, las consecuencias pueden ser peores.
Eso ha motivado a la Comisión para el Mercado Financiero, por ejemplo, a alertar sobre una potencial pérdida de un 60% del patrimonio de las aseguradoras. De ellas, según el mismo organismo, entre tres y nuevas compañías, nacionales y extranjeras, quedarían bajo el nivel de capital regulatorio mínimo para funcionar.
¿Qué hay específicamente en este proyecto de anticipo de fondos que alerta de esa manera al mercado? ¿Cuál sería el efecto sobre cotizantes y pensionados?
Una de las herramientas más usadas por el gobierno en su política migratoria ha sido categóricamente cuestionada por el máximo tribunal del país. Una y otra vez, la Corte Suprema ha concedido el amparo a cientos de migrantes cuya deportación ha sido ordenada por el gobierno. ¿Cuáles son las historias de estos inmigrantes y las razones que han tenido los jueces de la Suprema para detener su expulsión? ¿Qué argumenta el gobierno para persistir en esto?
En los últimos cuatro años la Suprema ha fallado a favor de cerca de 700 migrantes que han ingresado a Chile por pasos no habilitados. Las faltas al debido proceso, razones de reunificación familiar y los riesgos sanitarios en medio de la pandemia han estado sobre la mesa a la hora de decretar estas deportaciones como ilegales. Las respuestas están en un detallado análisis de dos periodistas del equipos de Investigación y Datos de La Tercera.
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