Crónica Estéreo

Tal como pasó en casos similares, como los Panamá Papers o los Paradise Papers, una nueva colaboración en red del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sacudió al mundo el pasado fin de semana. Esta vez, con un capítulo chileno de alta importancia política, relacionado con el patrimonio del presidente Sebastián Piñera y uno de los proyectos mineros más controvertidos del último tiempo: Dominga.

El domingo, la investigación denominada Pandora Papers -que en Chile contó con la participación de los medios Ciper y LaBot- reveló que las familias de Sebastián Piñera y el empresario Carlos Alberto Délano concretaron una millonaria compraventa de la Minera Dominga en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

El caso ha tenido naturalmente repercusiones políticas, partiendo por las amenazas de una acusación constitucional; y está por verse qué impacto tendrá en la campaña presidencial.

Al mismo tiempo, lo revelado por los Pandora Papers es un nuevo ejemplo de cómo los grandes patrimonios se mueven globalmente, y de qué manera se ha intentado avanzar en transparencia.

¿Qué nos indica el negocio de la familia del presidente descrito en esta investigación periodística sobre la forma en la que se conducen estas transacciones?

¿Qué nos enseñan revelaciones como las contenidas en los Pandora Papers sobre la opacidad con la que se manejan este tipo de negocios?

En un mundo donde la confianza en las instituciones decae, una muy específica adquirió un protagonismo inédito en medio de la lucha contra el covid 19: el Instituto de Salud Pública. Después de asumir la primera tarea de establecer cuál era la tecnología adecuada para diagnosticar el covid 19, el organismo debió hacerse cargo a continuación de una tarea crucial: organizar el proceso de revisión y aprobación de las vacunas. Con una atención pública inédita sobre cada uno de sus procedimientos, el ISP optó por abrir sus reuniones y deliberaciones al público.

Hoy conversamos con su director subrogante, Heriberto García.

La Convención Constitucional dio esta semana un paso clave en su camino al inicio del trabajo para el cual fue convocada: el establecimiento de algunas normas claves de su reglamento. La más importante de todas, el quórum de los dos tercios requerido para la aprobación de las normas constitucionales, que había sido estipulado desde el acuerdo por la paz y la nueva constitución pero que había sido puesto en duda por un sector de la izquierda.

La aprobación de ese quórum y la votación de otras normas del reglamento también evidenció la consolidación de los bloques políticos que están operando dentro de la Convención, y el rol que cada uno tendrá presumiblemente cuando la discusión entre derechamente en la propuesta de texto constitucional.

¿Qué es lo más importante a tener en cuenta tras esta semana de definiciones en la Convención Constitucional?

La aprobación el martes pasado del cuarto retiro del 10% del fondos previsionales en la Cámara Baja tiene varios efectos y lecturas, pero uno de los más evidentes es el golpe que propinó al liderazgo del candidato de la alianza oficialista sobre sus propios parlamentarios. Desde el comienzo de la discusión, Sebastián Sichel fue enfático no sólo en manifestar su rechazo a la idea, sino en advertir a los parlamentarios de que sufrirían consecuencias en caso de alinearse con la oposición. Consecuencias que a 18 diputados de Chile Podemos Más no les importaron o al menos no fueron suficientes como para convencerlos de votar en contra. Este desaire al abanderado presidencial del sector llega a coronar semanas de críticas y roces entre los partidos y el comando de Sichel, en un panorama donde la incertidumbre sobre la campaña parece instalada.

¿Cuáles fueron las esquirlas del bombazo legislativo en la candidatura presidencial oficialista?

La última extensión del estado de excepción constitucional como parte de las medidas para enfrentar la emergencia de la pandemia del coronavirus ya había resultado controversial. Esta vez, con indicadores más positivos a la vista, el gobierno anunció que no renovará esa herramienta extraordinaria, cuyo efecto más visible y discutido era la imposición del toque de queda.

Ahora, se anuncia, el énfasis no estará en las restricciones a la movilidad de las personas sino en las condiciones para realizar una serie de actividades, con el pase de movilidad -y por lo tanto la vacunación- como pieza clave.

Sin embargo, la lucha contra el Covid 19 está lejos de quedar atrás. Más con la temida variante Delta -que en otros países ha causado importantes retrocesos- ya consolidada como la cepa del virus que más circula en el país, y en momentos en que el esperado aumento de los contagios como consecuencia de las celebraciones de Fiestas Patrias aún no se refleja en las cifras.

Son factores que obligan a autoridades, instituciones y cada uno de nosotros aponer siempre una duda, un condicional, ante cualquier compromiso o proyección futura: “Si el panorama no empeora, podremos hacer tal o cual cosa”.

Además, la recuperación de ciertas libertades y la manera en que tomemos o no medidas de autocuidado marcarán nuestras relaciones y comportamiento social.

¿Qué podemos esperar del desarrollo d e la pandemia en los próximos meses? ¿Qué cálculos hace el gobierno en el delicado equilibrio entre la reactivación de la economía y la vida cotidiana y el control de la enfermedad?

Entre el año pasado y este el ingreso ilegal de migrantes aumentó en un 82%. La crisis provocada por el alto flujo de migrantes en el norte de Chile vivió un nuevo capítulo este fin de semana. El sábado, en Iquique, un día después de que se desalojara un campamento de inmigrantes en la plaza Brasil, una marcha para protestar contra la migración derivó en violencia, con un grupo de personas quemando y destrozando las pertenencias de los extranjeros que habían buscado refugio en la calle Las Rosas. Las imágenes de chilenos tirando al fuego las carpas, ropa y hasta coches y juguetes de los inmigrantes dieron la vuelta al mundo, y golpearon particularmente entre los venezolanos, que llevan años huyendo de la crisis humanitaria provocada por la dictadura de Nicolás Maduro.

Aunque el gobierno condenó los hechos, las críticas contra las expulsiones de inmigrantes ilegales y la retórica con la que las autoridades han abordado el tema se acentuaron.

El consenso sobre la complejidad de la inmigración ilegal masiva es transversal. Naturalmente, es distinto realizar juicios cuando las crisis ya se han desatado, pero ¿podía haberse evitado llegar hasta el punto en que nos encontramos hoy en Chile?

Los microtraficantes son el último eslabón en la escala del tráfico de drogas: los que venden por dosis al consumidor final, en lugares generalmente identificados con facilidad por los vecinos. Son también quienes concentran la acción de policías y fiscales. Y eso, apuntan algunos expertos, es un problema. Primero, porque cuando se saca un microtraficante de circulación rápidamente llega alguien a reemplazarlo. Por eso les llaman “narcofusibles”. También porque el sistema de incentivos para policías y fiscales alienta la persecución de esas causas y no las investigaciones más complejas, de más largo plazo, destinadas a desbaratar redes de narcotráfico. Un problema grave si se considera que desde hace un tiempo se ha detectado la actividad de carteles internacionales en nuestro país.

Los periodistas del equipo de Investigación y Datos de La Tercera Felipe Díaz y Sebastián Labrín realizaron un exhaustivo análisis de las causas vistas en 15 meses por los dos tribunales superiores que operan en la Región Metropolitana: La Corte de Apelaciones de Santiago y la de San Miguel. En los datos, pudieron constatar y cuantificar la enorme proporción de causas de microtráfico. Sólo el 1% de los expedientes tienen que ver con asociación ilícita o lavado de activos.

Los expertos comenzaron a advertirlo desde el principio. Ahora, poco a poco, los datos empiezan a ratificarlo: el impacto de la suspensión de clases presenciales producto de la pandemia es especialmente fuerte en los niños en edad preescolar. Además de los problemas de conectividad -y de desigualdad en el acceso a las herramientas digitales- que se ha constató en todos los niveles, los niños y niñas de esta edad en particular tienen más dificultad para aprender en modalidad remota. Más importante aún, el desarrollo de las habilidades socioemocionales, clave en esa etapa de la vida, se ha visto truncado, y recuperar lo perdido no es sólo un asunto de tiempo. La encuesta CASEN en pandemia 2020, que concluyó este año y que se dio a conocer hace unos días, estableció que a nivel prebásico, la tasa de alumnos que tuvieron clases, presenciales o virtuales, pasó de 51,7% en el 2017 al 42,3% en el 2020. En este contexto, el rechazo del kinder obligatorio el martes pasado en el congreso adquirió una mayor relevancia.

¿Qué consideraciones hay que tener para enfrentar el desafío de la educación preescolar post pandemia?

La muerte de Abimael Guzmán, el pasado 11 de septiembre, marcó para los peruanos el fin de una historia sangrienta. El fundador y líder del grupo guerrillero Sendero Luminoso, que durante décadas sembró el terror, matando a miles de personas en su guerra contra el estado peruano, murió cumpliendo su sentencia de cadena perpetua en una base naval del Callao.

La noticia llegó en un momento en que el recién instalado gobierno de Pedro Castillo intenta sacudirse la polémica de contar en sus filas con simpatizantes del grupo subversivo, fundado como una organización política de inspiración maoísta. ¿Qué explica la persistencia del fantasma de Sendero Luminoso en la política peruana hoy? ¿Cómo llegó el grupo a transformarse en un referente para parte de la izquierda de su país y de latinoamérica?

Su rendimiento en la elección presidencial de 2013 fue una sorpresa, cuando obtuvo el 10% de los votos corriendo como independiente y un discurso de crítica a los políticos tradicionales. Y este año, la segunda postulación de Franco Parisi ha sido, por lo menos, atípica. Esta vez como abanderado presidencial del nuevo Partido de la gente, Parisi insiste con su discurso contra la clase política de derecha e izquierda, esta vez con una campaña que hasta ahora ha sido exclusivamente online. Desde el extranjero -según ha comentado él desde Birmingham, Alabama, en Estados Unidos-, Parisi ha enfrentado el quiebre de su fugaz sociedad con Gino Lorenzini, de Felices y Forrados, y ahora la polémica desatada el fin de semana. El domingo, un reportaje de Tele13 reveló que el candidato mantiene una millonaria deuda de pensión alimenticia con sus hijos y que sobre él pesa una orden de arraigo. Alegando persecución política de parte de los grupos de poder del país, Parisi insiste en que su candidatura está firme, aunque mantiene en duda su regreso al país. Y de hecho, curiosamente, podría hacer toda su campaña sin pisar suelo chileno.

¿Cómo se explica la particular campaña de Franco Parisi 2021?