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Este fin de semana, un reportaje de La Tercera Domingo reveló que uno de los vicepresidentes de la convención constitucional, Rodrigo Rojas Vade, había mentido respecto de su enfermedad, y nunca había padecido de cáncer. Rojas Vade, que saltó a la prominencia pública al participar en las protestas del estallido social con pancartas alusivas e implementos relacionados con su supuesto tratamiento por una leucemia, admitió ante los cuestionamientos de La Tercera que había mentido durante todo el tiempo y señaló que, sorprendido en su farsa, sentía que debía retirarse de la Convención.
Ayer por la tarde, la mesa ampliada de la Convención Constitucional anunció que había aceptado la renuncia de Rojas Vade a su vicepresidencia. Sin embargo, no está contemplado un mecanismo formal de renuncia a la Convención, y la ley plantea que, al ser independiente, no correspondería su reemplazo en caso de que cesara en su cargo.
Es sin duda un golpe duro a este órgano inédito que ya lleva dos meses de funcionamiento, y que el sábado hizo su cuenta pública resumiendo los avances logrados en este período.
En este episodio de Crónica Estéreo, repasamos algunos de los mitos y verdades del trabajo de la Convención Constitucional. Por ejemplo ¿están los constituyentes sobrepasándose en sus funciones? ¿Es difícil el diálogo y llegar a acuerdos? ¿Están atrasados en el trabajo para el cual han sido convocados? ¿Y por qué están pidiendo más dinero?
La reforma a la institución de Carabineros de Chile fue una de las respuestas del gobierno ante las denuncias de abusos policiales tras el estallido social de octubre de 2019, confirmadas por informes de varias instituciones internacionales. La reforma incorpora la consulta de una unidad coordinadora integrada por expertos civiles y uniformados. Está basada en cuatro ejes: institucionalidad y gobernanza, formación y carrera profesional, modernización de la gestión y control del orden público.
El plazo fijado apunta a 2027, cuando la institución celebre sus cien años de existencia.
Por su parte, la Universidad de Chile llegó a un acuerdo con Carabineros para hacerse cargo de una de las principales recomendaciones de la mesa de trabajo para esta reforma: la capacitación del personal activo. El diplomado de “Extensión en Psicología de Multitudes y Gestión Policial” comenzó a impartirse el pasado 23 de agosto.
Pero paralelamente hay otro proceso de cambio con plazos más urgentes y definiciones más radicales: la Convención Constitucional. Aunque ese órgano aún no ha comenzado la redacción de la nueva Constitución, la semana pasada la Comisión de Derechos Humanos aprobó la idea de sustituir a Carabineros por otra institución encargada de funciones policiales, bajo dependencia y control civil “con enfoque ciudadano”.
Independientemente de si tal iniciativa quedará plasmada o no en el texto final de la propuesta de carta magna, la resolución le dio otro cariz a la conversación sobre qué hacer con Carabineros.
Un debate donde la visión de los expertos desde la academia tiene mucho que aportar con datos, conocimiento de procesos y legislaciones internacionales comparadas y visión de largo plazo.
En este capítulo de Crónica Estéreo conversamos con uno de ellos.
En 25 años a cargo de una de las municipalidades más ricas del país, Raúl Torrealba había enfrentado comentarios, suspicacias y acusaciones sobre el manejo de su poder e influencias. Pero nunca como la que enfrenta hoy, meses después de haber dejado de ser alcalde de Vitacura. A sus 72 años, jubilado del poder tras ser impedido de repostular tras la entrada en vigencia de la ley que limita las reelecciones, Torrealba ha visto cómo la nueva administración de su comuna lo acusa de corrupción. En el centro de la polémica: los fondos correspondientes a subsidios de una serie de programas municipales que aparentemente terminaron en bolsillos de particulares, partiendo por el propio exalcalde.
La historia incluye imágenes como sobres con dinero en efectivo entregados en sus manos, millonarios pagos a presuntos testaferros y cómplices que optan por confesar. Este es el caso contra Raúl “el Tronco” Torrealba.
Tiene familiares chilenos, pero las autoridades mexicanas sostienen que el diputado federal Mauricio Toledo Gutiérrez está en nuestro país evadiendo la justicia de su país.
Toledo ha sido acusado de enriquecimiento ilícito y ha sido desaforado de sus privilegios como parlamentario. Ayer, mediante una carta enviada a la Cancillería chilena, México inició los trámites para solicitar la extradición de Toledo y pidió que se dicte una orden de detención preventiva, para evitar una eventual fuga del parlamentario.
La Fiscalía mexicana acusa a Toledo de delitos cometidos entre 2012 y 2018, y sostiene que de ser encontrado culpable las penas pueden ir desde los 2 a los 12 años de cárcel.
Mauricio Toledo dice que la historia es otra. Asegura que todo esto es una operación política y que puede demostrar la legalidad de sus ingresos. Y que ahora confía en que la justicia chilena no lo extradite a México.
En Argentina las primarias electorales suelen ser muy relevantes a la hora de tomar la temperatura política y proyectar los escenarios del futuro inmediato. Desde 2009, cuando fueron creadas, las PASO, o Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, se han instituido como una suerte de primera vuelta de facto, donde las principales coaliciones políticas no sólo eligen a sus propios candidatos, sino que miden fuerzas con sus adversarios. En menos de dos semanas, el 12 de septiembre, las PASO comenzarán a dibujar el escenario en el que el presidente Alberto Fernández deberá maniobrar durante la segunda parte de su mandato.
Las primarias eligen candidatos para las elecciones legislativas del 14 de noviembre, en las que se renovarán la mitad de la cámara de diputados y un tercio del Senado.
Para el oficialismo será la ocasión de constatar si el mal momento del presidente Fernández tendrá consecuencias mayores, y si las fuerzas representadas por su vicepresidenta Cristina Fernández y su hijo Máximo Kirchner seguirán sumando influencia. En la oposición, está en juego la pregunta de cómo y quiénes podrán llevar el estandarte para superar los costos reputacionales de la marca “Mauricio Macri”.
En casi 30 años, desde la entrada en vigencia de la Ley Indígena, el Estado chileno ha entregado tierras a casi 20 mil familias, agrupadas en 509 comunidades. Considerando los reclamos territoriales que aún mantienen la tensión activa, particularmente en las regiones del Biobío y la Araucanía, parece lógico preguntarse cuántos predios quedan por entregarse y a quiénes.
Pero la respuesta no es fácil. El sistema de compra y entrega de tierras reivindicadas por pueblos originarios ha generado un panorama difícil de desenredar. ¿Cuál es el universo de tierras sujetas a reclamaciones? ¿Cuándo se puede decir que se termina de saldar la deuda territorial del Estado chileno con las comunidades indígenas? Son preguntas importantes para divisar una salida a una crisis cuyo recrudecimiento afecta a miles de personas en particular y a todo el país.
Es imposible comenzar a dilucidar esto sin contar con toda la información. Y parte del problema es que esa información completa no está del todo disponible.
Los periodistas Juan Manuel Ojeda y Carlos Said, del equipo de Investigación y Datos de La Tercera, se abocaron durante meses a cruzar datos provenientes de los registros del Estado y a reportear con entendidos en el tema para contribuir a entender el problema.
El resultado es un completo especial multimedia, disponible en LaTercera.com, que presenta además la información georreferenciada de las tierras entregadas hasta el año 2017, hasta donde llegan los registros disponibles. Además, el especial contiene la historia de la Ley Indígena, consideraciones sobre los efectos del uso de la violencia en las reivindicaciones de tierras, la historia del intento del gobierno por hacer un catastro completo del universo de tierras a entregar y los eventuales caminos de solución que proponen un grupo transversal de expertos
El día comenzó con advertencias desde Afganistán: se hablaba de un inminente ataque terrorista en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Kabul, y se advertía a las personas que no se acercaran a ese lugar. Algo impracticable, considerando que miles de desesperadas familias de afganos han desbordado la zona desde hace días, intentando ser evacuados del país antes del plazo de salida de las fuerzas estadounidenses, el 31 de agosto. A las pocas horas, las advertencias probaron estar en lo cierto. Dos explosiones en los accesos al terminal aéreo, en medio de la multitud, mataron a al menos 60 afganos y 12 uniformados estadounidenses, según el conteo de ayer por la tarde. Se cree y se teme que se produzcan más atentados.
El gobierno talibán del país condenó el ataque, atribuido a una rama local del Estado Islámico, grupo históricamente adversario de los talibanes.
El atentado pone de relieve la compleja realidad que enfrentará ese país, más allá de las evidentes restricciones a las libertades impuestas sobre sus habitantes por el fundamentalismo talibán.
Pero también ha hecho escalar las críticas políticas que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está recibiendo en su propio país. Allá, el objetivo de llevar de vuelta a las tropas y terminar una guerra de 20 años ha sido compartido casi transversalmente, pero la manera en que se ha producido la salida levanta polémica e instala advertencias.
El escándalo del millonario fraude descubierto en 2017 en Carabineros ha vuelto a ser noticia esta semana. El lunes pasado, el Séptimo Juzgado de Garantía puso una fecha para la formalización, tras cuatro años de investigación, de cuatro ex generales directores de la institución y la ex ministra de Justicia de Michelle Bachelet Javiera Blanco, entre otras personas. La formalización será el 5 de octubre.
El anuncio de esta audiencia se produce una semana después de que se hiciera lo mismo con la causa contra el ex director de la PDI Héctor Espinosa, también acusado de la apropiación indebida de gastos reservados.
La investigación del Ministerio Público en el caso de Carabineros comprende desde los años 2005 a 2018, abarcando los mandatos de los generales José Bernales, fallecido en 2008, Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos, e involucrando a Blanco durante su período como subsecretaria de Carabineros. Según acusa la Fiscalía, en ese período se habría hecho un uso fraudulento de los gastos reservados, con pagos a los altos mandos de la institución y a algunos civiles seleccionados, como la abogada Blanco, que hoy insiste en su inocencia.
¿Cuál es la historia de este caso y los antecedentes que ha recabado la Fiscalía?
Hace una semana, representantes del gobierno venezolano y de la oposición volvieron a sentarse en torno a una mesa para intentar acercar posiciones en busca de un entendimiento que dé una salida a la crisis política y social en ese país. Con México como sede, con el gobierno de Noruega como mediador y con Estados Unidos y Europa apoyando la instancia, ambas delegaciones comenzarán el trabajo propiamente tal a partir de la próxima semana.
El régimen de Maduro llega apremiado por las sanciones internacionales y el aislamiento, esperando que el abrirse a estas negociaciones signifique un levantamiento de esas medidas de presión. La oposición, reunida en torno a la llamada Plataforma Unitaria, busca la realización de elecciones libres. El primer hito que asoma en el calendario son los comicios regionales y municipales el 21 de noviembre.
Es la quinta vez que ambas partes intentan llegar a un acuerdo. Las últimas mesas de negociación, en 2018 en República Dominicana y en 2019 en Barbados, fueron sonados fracasos.
¿Podría ser distinto esta vez?
¿Con qué ánimo y expectativas llega la oposición venezolana?
Ayer, tras un fin de semana de definiciones y anuncios y un lunes de inscripción de candidaturas presidenciales y parlamentarias, las elecciones de noviembre entraron en su recta final.
Lo más relevante estuvo en la oficialización de la candidatura de la senadora democratacristiana Yasna Provoste como abanderada del bloque de Unidad Constituyente, y en la irrupción de Marco Enríquez-Ominami en la carrera. Un anuncio de última hora que desbarató la lista parlamentaria de ese pacto, cuyos partidos decidieron excluir al PRO e inscribirse bajo el nombre de “Nuevo Pacto Social”. El partido de ME-O, por su parte, se juega literalmente la vida en la elección de noviembre, pues un pobre rendimiento podría significar su extinción. La de Enríquez-Ominami parece una apuesta por lo menos arriesgada, y un golpe al tablero que altera significativamente, al menos en los análisis y especulaciones, el mapa electoral de la centroizquierda.
¿Cómo se barajan las cartas para la candidata Yasna Provoste?
¿Cuál es el cálculo que está haciendo Marco Enríquez-Ominami?
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