Uruguay, con una economía centrada en el sector agropecuario, vive en perenne angustia por los altos índices de sequía y su repercusión en la vida del, con mucho cariño, llamado "paisito" de Suramérica.
Aunque su territorio es amplio, la población uruguaya asciende a solo 3 684 000 de habitantes y nada predice que crecerá la natalidad, "Somos un país de viejos", reflexionó el expresidente José Pepe Mujica. Su propia gente le achica su condición, sin que se ofendan cuando alguien de manera jocosa diga que en su territorio viven más vacas que personas.
Es cierto, en el territorio nacional hay 12 000 000 de reses. O sea, que por cada habitante de ese país de enormes pastorales existen 3,5 bovinos que, aunque viven casi libres en las zonas campestres, precisan de agua para vivir.
La ganadería es uno de los pilares de la economía de este Estado, que ahora sobrevive bajo un gobierno conservador, junto a la siembra de productos reclamados en el comercio internacional, en especial la soya.
La sequía que azota Uruguay, la peor de los últimos 86 años, trae consecuencias nefastas en el área económica y justifica la emergencia agropecuaria vigente, que se extenderá hasta octubre próximo, para la ganadería, lechería, horticultura, fruticultura y la agricultura.
En esos sectores la situación es muy grave pues las pérdidas monetarias hasta el pasado día 17 ascendían a 2 000 millones de dólares.
"Es la mayor pérdida de la agropecuaria y de la economía nacional en los últimos 30 años", aseguró esta semana el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, citado por el diario El Observador.
Mattos explicó que muchos cultivos que habitualmente se utilizan para obtener granos fracasaron y están siendo comidos por el ganado o, en el mejor de los casos, guardados en silos como alimento, de cara a un invierno que se anuncia difícil por la escasez de pastos.
El viceministro de ese organismo Juan Ignacio Buffa refirió que el efecto de la seca fue fatal para la cosecha de la soya, que presenta muy bajo rendimiento y calidad y quebró el encadenamiento productivo en la industria láctea.
Mientras, la faena ganadera se contrajo en el 20% respecto a igual período del año anterior, reseña el Diario La R.
Aunque desde el 2020 la sequía perturba el territorio nacional, fronterizo con Argentina, que también pasa por una situación parecida, Uruguay vive la crisis hídrica más severa de las últimas ocho décadas, reconoció el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Se estima que un 60% de sus tierras están afectadas por la sequía extrema.
Algo impensado hasta ahora en el productivo Uruguay podría suceder, y es que el gobierno –según Delgado- podría decidir la importación de frutas y verduras, cuya producción nacional es baja.
El secretario precisó que la seca y las altas temperatura quemaron los pastos y redujeron los rendimientos de las cosechas. Avizoró menos preñez en el ganado, lo que impactará a mediano plazo en el rebaño y la producción de carne.
Más de 35 medidas para apoyar a los productores afectados por el déficit hídrico adoptó el Ejecutivo uruguayo, entre ellas la concesión de un crédito exprés de hasta 50 000l dólares de fácil obtención, y un préstamo a 20 años para riego, con el 90 % de financiación.
Para una parte de los uruguayos es incomprensible que el país, situado sobre una de las mayores reservas de agua dulce, viva esta crisis. Mientras el gobierno conservador no acuerda una solución a largo plazo para esquivar con algún éxito los embates del cambio climático, grandes manifestaciones populares salieron a las calles en protesta por la crítica situación.
El opositor Frente Amplio (FA) recordó que el fallecido mandatario Tabaré Vázquez entregó a su actual sucesor, el conservador Luis Lacalle Pou el proyecto Casupá, para construir una represa capaz de solventar la escasez de agua dulce. Sin embargo, según el FA, además de que Casupá fue subestimado por la administración, ahora licita, entre privados, la planta potabilizadora Neptuno, en el sur, para abastecer la zona metropolitana tomando las aguas del Río de La Plata.
Neptuno no marcha con buen paso. El sindicato de trabajadores de la OSE, sostiene que Lacalle Pou violaría el articulo 47de la Constitución Nacional que prevé la participación de la sociedad civil en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos del país.
Junto a organizaciones ambientales y políticos del FA, considera que esta planta supondría la entrega parcial de la gestión a una empresa privada y no solucionaría los problemas de abastecimiento por el grado de salinidad del agua rioplatense. El presidente del sindicato, Federico Kreimerman, afirmó que “OSE pierde un 40% de agua por roturas que no se pueden arreglar porque faltan 1 000 trabajadores despedidos por el gobierno neoliberal".
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