Editoriales y Opiniones

En marzo del próximo año se cumplirán veinte años de la partida del P. Francisco Javier Ibisate. En algún lugar leí que la única forma de influir en los demás es mediante el ejemplo. El P. Ibisate es una de esas personas que influyen con sus reflexiones, pero además con su ejemplo de vida entregada a un país que adoptó, amó y cuidó. Recordar al P. Ibisate es recordar sus escritos sobre tantas temáticas: sistemas económicos, deuda externa, crisis económica, planes de desarrollo, etc. En sus artículos, nos entregaba detalles del desarrollo de las reuniones anuales en Davos y de las cumbres de la ONU, el Foro Social Mundial y la Organización Mundial del Comercio, entre otros espacios. Sus escritos están llenos de declaraciones de líderes mundiales y de expresiones de las organizaciones de la sociedad civil; tenía la particularidad de exponernos el rumbo del sistema económico mundial a través de frases de quienes ostentaban el poder en aquellas épocas.

Como se ha dicho en repetidas ocasiones, el P. Ibisate nos enseñó dos cosas fundamentales sobre la economía: la primera, que “la economía es una ciencia social”; la segunda, coherente con la anterior, que “detrás de las cifras hay personas”. Esto marca una diferencia importante en el enfoque de esta carrera en la UCA: la economía es una ciencia y, en ese sentido, exige aplicar todo el rigor metodológico para conocer la realidad económica con la mayor precisión posible (indicadores, modelos econométricos, análisis financieros, proyecciones, etc. deben respaldarse científicamente), de modo que nuestra lectura de la realidad sea más precisa. Pero esa precisión resulta vacía si no la materializamos en las personas.

El propósito del cálculo va más allá de la exactitud del número: consiste en conocer la realidad social, la realidad de seres humanos de carne y hueso con historias de vida. Y esto va todavía más lejos, porque esa realidad debe conmovernos y movernos a proponer cambios que nos permitan, desde nuestros conocimientos, acercarnos a la utopía de que otro mundo mejor es posible. Como decía el P. Ibisate, se trata de conocer la realidad con propósito de enmienda. Por ello, conceptualizar la economía como ciencia social, y no como ciencia a secas, era de gran relevancia para el P. Ibisate y debe serlo también para nosotros.

En ocasiones, cuando los datos nos presentan la realidad, esta nos puede resultar desalentadora. Y nos preguntamos cómo es posible que, con los niveles actuales de desarrollo tecnológico, no hayamos sido capaces de construir una sociedad más disfrutable para todas y todos. Cuando el P. Ibisate fue reconocido por la UCA con un doctorado honoris causa en 2001, ofreció un discurso basado en la frase del Foro Social Mundial de ese año: “Otro mundo es posible”. Leer el título de este discurso hoy, casi veinticinco años después, nos hace preguntarnos si realmente otro mundo mejor es posible. En 2001, los ataques en territorio estadounidense habían levantado la discusión sobre el término terrorismo, sobre cómo debía definirse el término. Para el P. Ibisate, si bien existe un terror que se infunde mediante las armas, también existe un terror que se establece a partir de la falta de oportunidades, de la carencia de medios de vida, de la marginación social, etc.

El P. Ibisate fue testigo de conflictos armados. Durante su infancia presenció los estragos ocasionados por la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, en su adultez, la guerra civil en El Salvador. Desde la perspectiva económica, dejaba claro lo intolerable que le parecía el gasto en armamento y muchos le escuchamos decir, muy indignado, que hacia 1970 el gasto de la carrera armamentística ascendía a un millón de dólares por minuto. Lamentablemente, esta tendencia no se revierte. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el gasto militar ha experimentado incrementos interanuales en la última década y en 2025 registró un incremento del 2.9 %, equivalente a 2,887 mil millones de dólares. Este incremento del gasto militar no implica solo un incremento en la cantidad de armamento, sino también de la sofisticación de las armas producidas y utilizadas.

Lo anterior nos hace preguntarnos: ¿a quién sirve la ciencia?, ¿a quién debería servir el desarrollo científico? ¿Acaso no deberíamos exigir que la química, la física, las matemáticas y todas las ciencias que llamamos “exactas” se apliquen para beneficio de la sociedad? Porque si la ciencia no está al servicio del bienestar de la humanidad, ¿para qué hacemos ciencia? ¿Para quién desarrollamos el conocimiento científico? Si el terror que genera la detonación de un explosivo es innegable, el uso de la ciencia para hacer “más eficiente” el uso de las armas debiera ser visto como una tipología de terrorismo.

Al respecto, Joseph Schumpeter, de quien el P. Ibisate retoma el término “creación destructiva”, afirma que “las revoluciones tecnológicas son un proceso de creación destructiva. Crean y destruyen, y al estar el conocimiento científico tanto o más concentrado que la riqueza, unos se benefician de la creación y otros, que son mayoría, se ven excluidos por la destrucción”. Aunque las revoluciones tecnológicas no necesariamente son un proceso de creación destructiva, esta es la dinámica que se ha normalizado a nivel mundial y esta es una situación que podemos cambiar. El conocimiento científico debemos ponerlo al servicio de la humanidad en general y de la sociedad salvadoreña en particular. No hay posturas neutras en esto: no hacerlo es sumarnos a procesos de exclusión, marginación y pobreza; en síntesis, es sumarnos a formas de lo que el P. Ibisate denominó “terrorismo pacífico”.

Otra forma de terrorismo pacífico que expone el P. Ibisate es el proceso de globalización, basado en un comercio internacional asimétrico en el que se impone a los países subdesarrollados la apertura de sus fronteras a productos provenientes de economías con procesos productivos mucho más eficientes, dejando al productor local en amplia desventaja para competir con bienes de mejor calidad y, muchas veces, más baratos. Estos procesos se facilitan bajo la complicidad de instituciones como la Organización Mundial del Comercio y de teóricos que defendían —y aún defienden— el libre comercio como la vía para el crecimiento y el desarrollo de los países pobres. Al igual que en el caso de la industria armamentista, ¿es esta condición inamovible? Seguro que no.

Actualmente, el proceso de globalización ha dejado el centro de la mesa de discusión: hoy debatimos más sobre la introducción de la inteligencia artificial, no solo en los procesos productivos, sino en la vida ordinaria de la sociedad. Creo que adaptar la reflexión del P. Ibisate sobre la globalización a la inteligencia artificial nos daría una senda por la cual orientar su adopción. En el Foro de Davos 2026, Elon Musk dijo que la robótica y la IA son el camino de la abundancia para todas las personas. Bajo ese supuesto, los robots podrán solventar todas las necesidades de cada habitante del planeta. Esto último podría ser cierto (aunque no estoy del todo segura de que sea deseable), pero bajo un sistema económico que por naturaleza es excluyente, es inviable pensar que este será el camino de la abundancia para todas las personas.

Sin embargo, al igual que el P. Ibisate no se oponía al proceso de globalización como tal, no creo que nuestra postura deba ser reacia a la adopción de las nuevas tecnologías. “Todos reconocemos los aportes positivos de la actual globalización si se dirige al servicio de la vida y la producción civil”, dijo el P. Ibisate. En esa línea, respecto de la IA, podríamos decir que todos reconocemos los aportes positivos de la IA y de la robótica si se dirige al servicio de la vida y la producción civil. Lo novedoso no será la introducción de una nueva tecnología a los procesos de trabajo, sino, dados estos nuevos recursos, la posibilidad de construir una sociedad más justa, más pacífica, más reflexiva, más plena y libre. El P. Ibisate decía: “Otro mundo es posible y merece la pena trabajar por ello, porque el actual mundo es bastante imposible”. Otro mundo mejor es posible, sí. Pero requiere superar la postura de desesperanza, requiere asumir la responsabilidad en el proceso de cambio, requiere vernos en un proyecto de vida como humanidad y no como individuos.

* Iris Alberto, economista UCA.

En El Salvador, la preocupación por el acceso a agua potable es una constante. Habitantes de diferentes zonas del gran San Salvador sufren por la falta de agua, como los residentes de las colonias Valle Verde I y II, de Apopa, quienes llevan ya varios meses sin el servicio a pesar de pagar la tarifa mes a mes. En una encuesta de 2023 realizada por el Iudop, ocho de cada diez salvadoreños opinaban que existía una crisis hídrica a nivel nacional. A ello se sumaba la preocupación de que en un futuro cercano no hubiera suficiente agua para toda la población: un 85.5% de los consultados se expresó en ese sentido.

En ese momento, la principal preocupación de los ciudadanos en torno al acceso al agua era la insuficiencia del abastecimiento (29.2%). Además, el 41.8% manifestó que recibía agua solo algunos días de la semana. Aun cuando un grupo de personas dijo contar con el servicio a diario, el 55% de todos los encuestados dijo que recibía el suministro menos de 24 horas al día. Incluso tres de cada diez declararon que recibían el servicio durante menos de una hora y hasta siete horas al día. Peor aún, el 71% dijo recibir agua que consideraba contaminada en algún grado, basándose en características como la turbidez del líquido (38.7%), el color (14.3%) o la presencia de basura (10.8%), entre otras razones.

Por otro lado, una investigación de la UCA (2024) indica que el índice de calidad de agua no alcanzó la valoración de “excelente” en ninguno de los sitios evaluados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales entre 2006 y 2020 en 55 ríos nacionales. En 102 de los 122 sitios de muestreo de agua considerados en el estudio, la calidad del líquido fue “regular” o “mala”; en siete, “pésima”; y solo en 13 las muestras fueron clasificadas como de “buena” calidad.

De acuerdo al Banco Mundial, El Salvador fue en 2022 el país con la menor disponibilidad de recursos hídricos renovables por habitante en comparación con otros países de la región. Mientras que para Belice y Panamá se reportó más de 30 mil metros cúbicos de agua per cápita, para El Salvador solo se indicaron 2,489 metros cúbicos por persona. Según esta misma entidad y para el mismo año, El Salvador extrajo el 12.09% del total de sus recursos hídricos renovables, siendo el país con mayor extracción de Centroamérica. El país que le sigue es Costa Rica, que extrajo un 5.88% de su agua renovable.

Los datos anteriores ayudan a poner en perspectiva lo que se está viviendo en 2026. Este año, el país ha enfrentado períodos de sequía meteorológica por El Niño. La tercera de estas sequías inició el 7 de agosto. Para el 27 de ese mes, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reportaba que al menos una de las estaciones meteorológicas ubicadas en los departamentos de Santa Ana, San Miguel, La Unión, La Paz y San Vicente registraba condiciones de sequía fuerte. Es decir, en agosto se registraron más de 15 días consecutivos de reducción considerable de las lluvias. Según declaraciones del subdirector de Protección Civil, hasta el 25 de agosto se tenía un déficit del 35.7% con relación al promedio acumulado en 2025 en la misma fecha.

Esta situación, unida a las altas temperaturas que se han experimentado a nivel nacional, llevó a Protección Civil a declarar alerta roja para todo el país el 25 de agosto. El Salvador enfrenta, pues, un contexto que puede agravar la escasez de agua y, por tanto, afectar la vida de gran parte de la población, sobre todo en los municipios del Corredor Seco.

Ante este panorama, es vital que la ciudadanía se pregunte qué está haciendo y qué se está haciendo para el cuidado y la preservación del agua, un recurso cuya fragilidad aumenta año con año mientras se expanden los proyectos de construcción, avanza la deforestación (el país es uno de los más deforestados de América) y aumenta la contaminación de los mantos acuíferos. Si no se adoptan medidas de alto impacto, faltarán adjetivos negativos para describir el futuro que le aguarda al país.

La presentación pública de las 50 mil becas fue exquisita. Un estadio vestido de fiesta, abarrotado por unos 30 mil jóvenes exultantes, que aguardaron, entretenidos por la farándula nacional y bien alimentados, la aparición de Bukele al final de la tarde. Este recorrió una larga alfombra del color oficial hasta una grandiosa plataforma circular, también alfombrada, levantada en el centro del estadio, desde donde ofreció educación superior universal.

Una promesa loable y oportuna, porque la mayoría no tiene acceso a ella por carecer de recursos económicos. Un recordatorio de las desigualdades y de la falta de oportunidades. Talento hay, pero posibilidades para desarrollarlo no. Motivación no falta, disciplina tampoco. No la disciplina que busca quebrar la voluntad y anular la libertad y, con ella, la responsabilidad, propia de las academias militares. Cuando hay razones para esforzarse y entregarse, se sacrifica lo inmediato con vistas a alcanzar un bien futuro.

Como era de esperarse, la promesa fue recibida con entusiasmo por la multitud. No es la primera vez que el Gobierno otorga becas. La privatización neoliberal de Arena tuvo la buena idea de destinar parte de los fondos obtenidos con la venta de la empresa de telecomunicaciones a esa finalidad. Desde entonces, con sus más y sus menos, la posibilidad de obtener una beca para estudiar siempre existió. No solo en el país, también fuera. Varios de los altos funcionarios actuales estudiaron en el exterior de esa manera.

En continuidad con esa tradición, Bukele ofreció becas en su primera campaña electoral. Una vez en la presidencia, repitió el ofrecimiento. El incumplimiento obliga a repetir la promesa. Sin embargo, ahora la meta es más ambiciosa: 50 mil becarios. Nadie se había atrevido a tanto. No por falta de voluntad, sino de recursos económicos. La deshonestidad con la realidad no augura nada bueno.

Los estudios superiores de calidad son caros en cualquier institución, pública o privada. Un préstamo de cien millones de dólares para financiar 50 mil becarios a largo plazo equivale a dos mil dólares por carrera, una cantidad irrisoria. A pesar de ello, Bukele ofreció bastante más: invertir el 8 por ciento del PIB, unos 3 mil millones de dólares, en educación. Pero su presupuesto actual es muy inferior a esa cantidad. De dónde saldrán, entonces, esos miles de millones de dólares. El acuerdo con el FMI no permite aumentar el gasto. Reajustar las partidas asignadas a las dependencias gubernamentales para reforzar la de educación implicaría cerrarlas casi todas. Las cuentas no cuadran.

El financiamiento no es suficiente para emprender una carrera universitaria. La educación básica y media actual no prepara para aprovechar los estudios superiores. Los procesos de admisión de las universidades muestran que la mayoría de los candidatos presentan deficiencias serias en lectura, escritura y matemáticas. Esta es otra razón por la cual, aparte de la económica, muchos tropiezan en los primeros ciclos, cambian de carrera y, decepcionados, abandonan los estudios. Aquellos que llegan al final no siempre tienen la formación deseada.

Las tabletas y las computadoras, la conectividad a internet, los nuevos currículos, el material didáctico y la capacitación de decenas de miles de maestros no son nada nuevo, ya fue anunciado antes. La lista se reforzó ahora con un tutor individual de inteligencia artificial. Si todas estas facilidades se concretaran, sus frutos se harán sentir a mediano y largo plazo. Por tanto, muchos de los beneficiados con las becas prometidas no están preparados adecuadamente para alcanzar las metas que se proponen.

La concesión de una beca no es suficiente motivación para estudiar. Es indispensable tener claridad sobre qué y para qué estudiar. Dos cuestiones difíciles de responder sin un plan de desarrollo que indique hacia dónde va el país. “El nuevo El Salvador” y “El Salvador renace” no son más que consignas. La perspectiva de encontrar un empleo bien remunerado es una motivación fundamental para escoger una carrera. Sin ella, qué sentido puede tener esforzarse para ser un buen profesional cuando existen otras alternativas para vivir desahogadamente.

No hay razones para pensar que las dos promesas (las becas y la mejora sustancial de la educación) serán realidad. Mucho menos que el modelo de Bukele “va a garantizar todo el camino”, desde el nacimiento hasta la conclusión de los estudios superiores. No lo ha hecho en siete años y no hay motivo, excepto su palabra, para pensar que lo hará en los próximos. No es que no quiera, es que no tiene recursos para un recorrido tan largo.

Entonces, cómo interpretar la multitud de jóvenes reunidos alrededor de un Bukele que les hizo unos ofrecimientos fuera de su alcance. La fiesta de las becas fue un montaje centrado en el enaltecimiento de su figura y, derivadamente, en la campaña electoral. Es deplorable que para ello hayan jugado con las expectativas de una juventud enfrentada a un futuro incierto.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En febrero de 2025, el Gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un Acuerdo de Servicio Ampliado por $1,400 millones de dólares. El programa acordado pretende mejorar la sostenibilidad de la deuda pública, el estado de las reservas internacionales, fortalecer la transparencia y mitigar los riesgos del bitcoin.

Previo a las negociaciones, el Gobierno de El Salvador tenía dificultades para colocar deuda pública a una baja tasa de interés, lo que comprometía la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos financieros. La aprobación del acuerdo incluyó un desembolso inmediato de $113 millones, contribuyó a elevar el precio de los bonos salvadoreños, a reducir la tasa de interés de nuevo endeudamiento y a acceder a préstamos de otros organismos internacionales. En otras palabras, el acuerdo dio un respiro a las finanzas públicas de El Salvador. Aunque la necesidad del programa no se cuestiona, es importante reflexionar sobre las implicaciones económicas de lo acordado y la falta de transparencia en sus avances. En este escrito se abordan las implicaciones económicas, dejando la falta de transparencia para un segundo análisis.

Es importante resaltar que la situación de la deuda pública de El Salvador no es exclusivamente un problema de corrupción o despilfarro, aunque es evidente la falta de transparencia y el silencio oficial frente a los abundantes presuntos casos de corrupción. El elevado nivel de deuda pública es una expresión de un problema de nuestro modelo económico. En particular, los problemas fiscales son un reflejo del estrecho vínculo entre el endeudamiento público y las relaciones económicas con el resto del mundo, así como de sus implicaciones para la estabilidad macroeconómica.

Desde una perspectiva de cuentas nacionales, es posible mostrar que para algunos países el déficit fiscal (la diferencia entre sus gastos e ingresos) se encuentra íntimamente ligado con un déficit de cuenta corriente, es decir, con una salida de dólares (principalmente por importaciones en el caso de El Salvador) mayor que la entrada de dólares al país (principalmente por exportaciones y remesas). Un déficit estructural en la cuenta corriente es problemático porque requiere un constante endeudamiento con el exterior; después de todo, los dólares que gastamos como país en exceso de nuestros ingresos deben venir de alguna parte.

Simplificando la visión convencional del FMI, quienes seguramente tendrán mucho más que decir al respecto, el problema anterior se soluciona a través de una mayor “disciplina fiscal”. Si el Gobierno no gasta más que sus ingresos, entonces la demanda de productos del exterior disminuye, se alcanza un equilibrio en la cuenta corriente y se disminuye la necesidad de endeudamiento con el exterior. A este equilibrio agregado el FMI le llama estabilidad macroeconómica.

Aunque contar con estabilidad macroeconómica es importante para cualquier agenda de desarrollo, no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar la sostenibilidad de dicha agenda. En nombre de la estabilidad macroeconómica, por ejemplo, se puede despedir a funcionarios públicos en ámbitos tan importantes como educación y salud. En nombre de la estabilidad macroeconómica se puede reducir el número de empleados formales en la economía por el efecto indirecto que implica la disminución de la demanda agregada. En otras palabras, un país puede tener estabilidad macroeconómica y un nivel muy bajo de desarrollo y empleo.

La teoría convencional señala que esos ajustes (despidos, recortes de partidas, etc.) serán compensados con lo que parece una plegaria al mercado: la estabilidad macroeconómica traerá inversión privada que guiará el crecimiento económico. Así, de acuerdo con el documento del acuerdo, se espera que en el mediano plazo la tasa de crecimiento se incremente guiada por las condiciones de seguridad y por inversiones derivadas de reformas estructurales, consolidación fiscal e incremento en las reservas internacionales.

Desde una visión crítica, el problema es mucho más complejo. Si bien la expansión de la demanda puede ocasionar un aumento de las importaciones, también puede traducirse en un mayor nivel de empleo e ingreso en El Salvador. Sin embargo, en una economía poco productiva y completamente abierta al comercio internacional, los productores salvadoreños tienen pocas oportunidades de competir. El capital, en busca de mayores tasas de ganancia, se mueve a sectores en los que no tiene que enfrentar la competencia externa, especialmente el sector servicios. Esto ha generado una economía con pocos encadenamientos que cada vez depende más de importaciones. Es por ello que en El Salvador coexisten absurdos como la falta de alimentos a precios accesibles y desempleo y subempleo de los productores de alimentos. La falta de un entendimiento profundo sobre este tema lleva a sugerir sinsentidos a los trabajadores agrícolas como “mudarse a la ciudad, trabajar de otra cosa y comprar la comida”, sin preguntarse de dónde vienen los alimentos en el agregado o el dinero para importarlos.

Desde esta visión crítica y dados los bajos niveles de competitividad, es difícil esperar que la mera estabilidad macroeconómica mejore las condiciones de inversión en los sectores que podrían generar encadenamientos. La estabilidad macroeconómica a un bajo nivel de ingreso y empleo generará mayores presiones para emigrar sobre la clase trabajadora, contribuyendo así a la creciente dependencia de remesas. Mientras El Salvador no aborde de manera contundente los problemas económicos estructurales, seguiremos entre inestabilidad macroeconómica e intentos de estabilidad a un bajo nivel de desarrollo.

* Armando Álvarez, economista UCA.

El oficialismo no ha definido cuáles son los objetivos de “el nuevo El Salvador” que dice construir. Quizás ni él mismo tenga claridad sobre ellos. Pese a la vaguedad de su propuesta, la idea de un nuevo país es aceptada con más ilusión que entusiasmo. La imprecisión libra de dar cuentas, medir o evaluar los avances y, por tanto, reclamar o aplaudir con razón. Aparentemente, el oficialismo construye una sociedad cuyas necesidades básicas serán satisfechas, donde la convivencia y la solidaridad reinarán y donde, por tanto, unos serán responsables de los otros y todos del bien común.

En realidad, “el nuevo El Salvador” lleva otro camino. Construye lo que León XIV llama en su primera encíclica “la enésima Babel”. Una sociedad que sacrifica a los débiles, idolatra el lucro, aplasta las diferencias e impone un lenguaje único. Este ordenamiento social no es nuevo, pero es inhumano, ya que reduce al otro a un medio.

El oficialismo se afirma desde la negatividad: no es como los Gobiernos anteriores, no es como señalan sus detractores, no es como las otras sociedades occidentales. Es probable que ni él mismo tenga mucha claridad sobre su identidad y sus metas, excepto permanecer para aprovechar las ventajas socioeconómicas del ejercicio del poder. De ahí que las confusiones estén a la orden del día. Por un lado, impone buenos modales y disciplina casi militar a la juventud. Pero, por otro, sus voceros son vulgares y mal educados, vociferan malas palabras e insultos. Un día prohíbe “música inapropiada”, trajes provocativos, movimientos sensuales y “vulgaridades” en el desfile de la independencia; otro día, deja sin efecto estas prohibiciones.

El vacío dejado por la falta de planificación lo llena creando enemigos, que se habrían alzado contra “el nuevo El Salvador”. La preservación de este nuevo orden, todavía en ciernes, impone una lucha a muerte contra estos adversarios tan perversos como poderosos. El enemigo más peligroso, las pandillas, está derrotado. Pero quedan los descontentos, los críticos y los contrarios, igualmente temibles. De ahí la necesidad del régimen de excepción para mantenerlos a raya.

El modelo de Bukele despoja de rostro y de dignidad a estos “enemigos” al humillarlos, insultarlos y escarnecerlos con ayuda de la tecnología de la información. La guerra contra estos enemigos fabricados por él mismo genera divisiones sociales insalvables, donde la única comunicación posible es la descalificación, el desprecio y la afrenta. No es raro que la agresión verbal sea seguida por la física. Esta forma de gobernar alimenta el miedo, convertido así en la fuerza decisiva que hace posible “el nuevo El Salvador”.

Un proyecto de país que para autoafirmarse libra guerras contra enemigos imaginados enemista a la sociedad consigo misma. Al despojar al otro de rostro, la sociedad vive desunida, desavenida y enfrentada consigo misma. La sociedad no es mejor cuando identifica y castiga a la mayor cantidad posible de enemigos, sino cuando administra justicia sin perder la dimensión humana. La dignidad humana no desaparece con la comisión de un crimen. Pero el país que “renace” la desconoce para vengarse sin remordimientos, confundiendo justicia con desquite.

Esta sociedad emergente es indiferente al sufrimiento del otro (en particular, de las víctimas de una administración de justicia arbitraria). La miseria y la exclusión de los demás la deja impasible. Una sociedad que practica la proscripción digital, ocupada solo en las ventajas individuales y ajena a la suerte de los otros, es inhumana. En este caso, la tecnología no es avance, ni más y mejor conocimiento, sino inhumanidad.

Las rivalidades, los ajustes de cuentas y el egoísmo exacerbado son más destructivos que las pandillas, porque atentan contra la viabilidad de la sociedad y sus integrantes. No todo está perdido aún, si se buscan caminos de convivencia y realización común. El futuro de la sociedad se decide en la superación de las rivalidades y en encontrar formas de colaboración para establecer los límites de lo permisible, para construir unidad y una organización justa que, con la contribución de todos, haga realidad el bien común.

Una sociedad humana requiere comunicación, diálogo y compromiso con el bienestar de todos, buena fe y confianza mutua, simpatía y aceptación de los otros tal como son, sin discriminar. Una sociedad así no olvida que cada persona es una historia desconocida. El desafío consiste en encontrar al otro y colocarse en su lugar.

León XIV señala en su encíclica que la tarea común consiste en construir comunión, en contraposición a los arquitectos de una nueva Babel. La comunión, dice el papa, se construye en la cercanía al otro, en escuchar su historia y sus sufrimientos, en dejarse afectar por ellos, y en buscar creativa y liberadoramente caminos para superar sus miserias. En una palabra, en la compasión.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El descontrol del oficialismo en estos días es llamativo. Un ministro aseguró que un periodista ofreció asilo en México a un líder de las pandillas a cambio de información sobre las negociaciones con el Gobierno (semejante protección es competencia de los Estados, no de los particulares). En contra de la evidencia disponible, uno de sus voceros más destacados negó rotundamente que hubiera habido tal negociación. Otro agregó que entrevistar pandilleros es delito. Un tercero anunció la captura de un sacerdote pandillero de la diócesis de Sonsonate y adujo como prueba un torso tatuado revestido con ornamentos sacerdotales (una creación típica de la inteligencia artificial).

El presidente de la legislatura rechazó indignado los señalamientos de que su hijo había cometido homicidio culposo. Otros colegas se sumaron a la protesta y reclamaron respeto y compostura. La cuestionable actuación de la Policía, que inexplicablemente no procesó el hecho tal como ordena el procedimiento establecido, no despejó la incertidumbre sobre la identidad del homicida. La exhibición del presunto responsable no es convincente. Tiene trazas de ser un montaje. El torpe manejo del homicidio, en lugar de aclarar lo sucedido realmente en el accidente de tráfico, da pie para sospechar de la culpabilidad del hijo del funcionario.

Reclamar por acusarlo sin pruebas es comprensible, pero es también agraviar a los miles de ciudadanos con familiares detenidos en las cárceles del régimen de excepción sin evidencia en su contra y sin poder reclamar justicia. La iracunda reacción de un padre que ve cómo acusan públicamente a su hijo sin razón está justificada. La experiencia es humillante. Pero también lo es para todos aquellos con parientes encarcelados sin pruebas.

El presidente de la legislatura y sus colegas debieran tomar nota. Los miles de ciudadanos con familiares detenidos sin justificación experimentan la misma impotencia y humillación. Pero con una diferencia importante: los funcionarios tienen voz para protestar y autoridades gubernamentales que los amparan, mientras que los demás se consumen en la exasperación y el abandono. Dado que acusar sin pruebas se ha vuelto una práctica común y aceptada, no es extraño lo ocurrido al hijo del presidente de la legislatura.

Paradójicamente, este puede presionar para suspender el régimen de excepción y así abrir la posibilidad de hacer justicia a todos los encarcelados sin pruebas. El régimen desconoce la presunción de inocencia de los acusados y además los ha despojado de su derecho a defenderse con la imposición de juicios masivos que imposibilitan individualizar la culpabilidad y la responsabilidad penal. No satisfecho, ordenó a los fiscales y jueces no comprobar los hechos, sino condenar sin más a los acusados. Todo ello en secreto. La humillación personal y familiar experimentada por este funcionario es también una oportunidad para recapacitar en la contradicción de querer para otros lo que no quiere para él y los suyos.

Al parecer, algo no va bien en las interioridades del oficialismo. Tal vez comienza a realizar que sus relatos ya no inciden como antes. Tal vez lo inquietan los primeros indicios de la reversión de la tendencia al alza de su popularidad. No es para menos cuando funcionarias como su embajadora en Washington asegura que la mayoría de la diáspora desea regresar a “el nuevo El Salvador”. Si así fuera, por qué no lo ha hecho. Evitaría vivir con miedo a ser capturada y deportada en el momento menos pensado. La diáspora solo viene de visita y solo la documentada.

Casa Presidencial debiera encomendar a alguien de su entera confianza, con liderazgo y, sobre todo, con cabeza, imponer cordura en sus filas para detener la deriva de desvarío actual. Además de impedir que sus representantes y voceros digan lo primero que se les ocurra, convendría sofrenar sus arrebatos, ambiciones y arbitrariedades. El oficialismo, en particular, la cúpula, actúa como si fuera imbatible y, por tanto, habilitada para el libertinaje.

Hasta ahora, ha contado con la complicidad institucional; en particular, de controladores, fiscales y policías. El único obstáculo que ha encontrado es el periodismo independiente y unas cuantas voces críticas, que se hacen sentir en las redes digitales. Sin embargo, ocultar la corrupción en nombre de la seguridad nacional o la privacidad de los implicados, y desacreditar o callar a los críticos son cada vez menos eficaces.

Al traspasar los límites de lo permisible e intentar evadir la responsabilidad, el oficialismo desbarra. Al intentar limpiar su imagen, más la enloda. El más perjudicado es el mismo régimen, que se desacredita a ojos vistas. La crisis demanda un cambio de rumbo radical. En la medida en que el desenfreno campee a sus anchas, el disimulo y el encubrimiento serán cuesta arriba y el descrédito avanzará. Si se actúa apegado a la ley y la ética, y conforme a los compromisos adquiridos con el pueblo, no hay razón para esconder las acciones. Si el hacer gubernamental es tan maravilloso como proclama, por qué lo oculta.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

“Las dos caras de Nayib Bukele” ha herido susceptibilidades. El oficialismo, encabezado por el mismo Bukele, lo descalificó como un refrito. Pero si el contenido ya era conocido, por qué se enojaron tanto. La desproporcionada reacción dio publicidad gratuita a un documental que pudo haber sido uno más del montón.

Si bien los hechos son conocidos, al reunirlos en un documental para exponer la doblez de Bukele, la cadena de televisión estadounidense en español abrió una nueva perspectiva. Otra novedad, también irritante, son las imágenes desconocidas del acto de graduación de bachiller de un desgarbado Bukele, acompañadas de la información sobre la etiqueta al pie de su fotografía en el anuario. Sus compañeros colocaron “El payaso de la clase”, pero Bukele la reemplazó por “El terrorista de la clase” para no pasar vergüenza en el seno familiar. En sentido estricto, no es, pues, un refrito.

Ciertamente, la mayoría de los hechos son conocidos, pero estos están estructurados de tal manera que muestran un Bukele de doble cara, una construcción que se le atragantó al oficialismo. A pesar de ello, nadie ha refutado los hechos. Sus voceros restan relevancia al documental por considerarlo un fracaso o producto de la frustración de unos autores que no consiguen reducir la popularidad presidencial. Otro argumento defensivo es el financiamiento, proveniente del crimen organizado o de medios afines a este, olvidando que Univisión milita en el bando contrario. La credibilidad presidencial está por los suelos para que una empresa como esa la ponga en evidencia. Los círculos presidenciales aparentan estar convencidos de que la gente vive tan feliz que no presta atención al documental. Entonces, no tienen por qué preocuparse. Ya se ganaron su mente y su corazón. Por eso tampoco miran las frecuentes cadenas nacionales, ¿o estas sí?

El contrargumento de más peso es que los periodistas no entrevistaron a las víctimas de las pandillas y, en consecuencia, al atacar a Bukele, las defenderían. Es la primera vez que el oficialismo explota crudamente las pérdidas, los sufrimientos y las discapacidades de las víctimas de los pandilleros. No porque sienta compasión hacia ellas, sino porque se sirve de ellas para atacar a quienes se atrevieron a enlodar la imagen de Bukele. Descontrolado, el oficialismo olvida que las pandillas no son el tema, sino la doblez de este.

El señalamiento es tan embarazoso que hasta el mismo Bukele se sintió obligado a intervenir. Respondió a Univisión con otra producción videográfica que presenta algunas fases de su trayectoria, desde su juventud, incluido su bachillerato, hasta la presidencia. Se muestra a sí mismo inaugurando infraestructuras, presidiendo actos oficiales y compartiendo con su familia. El mensaje es visual, sin texto, ambientado con música gloriosa.

El oficialismo tomó nota y transformó una juventud gris en una sucesión de éxitos. Su inteligencia y su esfuerzo, sin mayor formación académica, lo llevaron a la presidencia para salvar al país. Los creadores de estos contenidos omiten que esa trayectoria está determinada también por alianzas inconfesables, negocios sucios y trasiego de dinero ilícito.

La confrontación entre los dos Bukele, el ejemplar y el impresentable, puso en crisis un liderazgo cuidadosamente construido. El documental enfoca realidades que se ha empeñado en ocultar y negar. La reacción de la opinión pública interna no preocupa tanto como la externa. El documental profundiza el descrédito de un liderazgo inicialmente interesante y exitoso. Por eso, el refrito resulta muy indigesto.

Voces aisladas del oficialismo aceptan los señalamientos del documental, al mismo tiempo que reafirman su lealtad a Bukele. Puede que tenga dos caras, pero ningún presidente se ha preocupado tanto por la seguridad como él. La popularidad más consciente se consuela diciendo que el mal es necesario para alcanzar el bien, un principio inmoral impropio de creyentes fervorosos.

El documental sacó de su zona de confort al oficialismo al dejar de lado las pandillas y enfocar la forma de actuar de Bukele. Un presidente que, por un lado, persigue pandilleros con saña, pero, por otro, negocia con ellos y pone en libertad a sus líderes. Un presidente que se dice enemigo de la corrupción, que incluso amenaza con la cárcel a sus colaboradores más cercanos, pero, por otro lado, les tolera toda clase enjuagues.

El enfoque resultó perturbador. El oficialismo no se atreve a abundar en él. Alterado, desvaría cada vez más en un intento desesperado por desacreditar el documental. Dejando de lado consideraciones personales, tanto la pieza periodística como las reacciones que desató muestran la falta de consistencia del modelo de Bukele. Un modelo que no es creíble, que descansa en la contradicción y, en ese sentido, en la irracionalidad. En el exterior, el descrédito se refuerza y la imagen se malogra.

En un régimen de la imagen, de la apariencia y del disimulo, es denigrante verse desnudado en público.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La larga defensa que la cuenta en X de la presidencia hace de la dictadura es intrigante. Divaga extensamente para sostener que el régimen autoritario del modelo de Bukele es superior a todas las demás formas de gobierno democrático. Es curioso que, a estas alturas, cuando la reelección indefinida está consumada, el mandatario se dedique a destacar su carácter democrático. ¿Acaso se siente inseguro? ¿O tal vez reacción tardíamente a la reprobación de la comunidad internacional? La opinión pública nacional lo acepta sin más. No así en el exterior, donde el hecho, en el mejor de los casos, no es bien visto.

La cuenta en X sostiene que la reelección indefinida de un presidente como el salvadoreño es democráticamente superior a la del jefe de Estado o la del primer ministro del régimen parlamentario, porque el pueblo lo elige directamente. En el otro caso, en cambio, elige un congreso o parlamento que, en un segundo momento, elige al ejecutivo. Esta forma de razonar, aparentemente impecable, se basa en una confusión. En efecto, se confunde el régimen presidencialista, el caso salvadoreño, donde el presidente concentra el poder del Estado, con el parlamentario, donde el ejecutivo es controlado por el congreso o el parlamento. Por tanto, este lo cuestiona directa, crítica y duramente. Si le pierde la confianza, lo censura y lo depone. Algo totalmente inaceptable para un presidente como Bukele.

El segundo argumento dado es totalmente falso. Ninguna “supermayoría” reformó la Constitución para permitir la reelección indefinida. Una Sala de lo Constitucional, conformada por representantes de Casa Presidencial, reinterpretó los artículos que prohibían la reelección. Estos fueron introducidos en 1886 para evitar que los presidentes ambiciosos se perpetuaran en el poder. Más todavía, sus autores, conscientes de las intenciones aviesas de los políticos, agregaron un artículo que impedía modificar la prohibición de la reelección. Así fueron entendidas y aplicadas estas disposiciones hasta la llegada de Bukele. Faltando a la verdad, la cuenta en X presenta como normal un acto insólito.

La realización de elecciones tampoco legitima la violación de la prohibición constitucional, como se aduce a partir de un concepto heterodoxo de democracia. Según ella, el sufragio es un ejercicio de democracia pura. En consecuencia, la reelección de Bukele por una mayoría aplastante sería indiscutiblemente democrático. De nuevo, se confunde unas elecciones libres y limpias con la observancia de la Constitución. La legitimidad del gobernante no depende solo del voto popular, sino también del apego a la institucionalidad establecida. En cualquier caso, los gobernantes autocráticos no prescinden de las elecciones porque les permiten presumir de gobernar con el consentimiento popular, lo cual les confiere una falsa legitimidad nacional e internacional.

Aceptando que “la democracia en su sentido esencial”, como dice la cuenta en X, es “el poder del pueblo”, si el pueblo, en un determinado momento, le pidiera a Bukele redistribuir la riqueza nacional concentrada en una minoría millonaria para establecer un Estado de bienestar que garantice la salud y la educación públicas, pensiones que garanticen el mínimo vital y subsidios para los desempleados y los discapacitados, ¿se concedería? Si el pueblo lo demandara, ¿prescindiría del régimen de excepción? ¿O renunciaría a reelegirse? La respuesta a peticiones como estas es un rotundo no. Entonces, no habría democracia y este pueblo no “elige su propio camino”. Pilato concedió al pueblo la cabeza de Jesús a cambio de liberar a un bandido, un pandillero de hoy. Algo importante falla en el razonamiento de la cuenta presidencial en X.

Intuyendo quizás el callejón sin salida donde se ha metido, al final, la argumentación se remite a los resultados para determinar qué sistema político es superior. Un criterio que había descartado al comienzo de sus disquisiciones por considerarlo parte de “otro debate”. Así, pues, los resultados “determinarán si los salvadoreños elegimos un buen camino y, sobre todo, si elegimos uno mejor que el que llevábamos”. Pero, de nuevo, se llega a un punto muerto. Ningún dictador acepta que gobierne mal. Invariablemente, todos proclaman ser la solución que el país necesita, hasta que caen o los derrocan. Los resultados serían de primerísima importancia si el modelo de Bukele se atreviera a impulsar un Estado de bienestar.

Las cavilaciones de la cuenta presidencial en X no hacen una defensa jurídica informada, sólida y consistente de la reelección. La tarea que se impuso es imposible. Y de alguna manera lo sabe. Pese a ello, por alguna razón no explicitada se empeña en justificarla. Al defender un hecho consumado que nadie le ha pedido explicar o legitimar, reconoce expresamente su ilegitimidad. Mejor hubiera sido guardar silencio y conformarse con el galimatías constitucional del vicepresidente.

Ciertamente, los países modifican sus constituciones. Pero, en el caso de El Salvador, la Constitución prohíbe expresa, clara y terminante la reelección del presidente. Ninguna “fiesta cívica en las urnas” autoriza levantar dicha prohibición.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Las pandillas y su régimen de terror no son aún un capítulo cerrado. Los pandilleros fueron expulsados del espacio público, pero, a pesar de ser aborrecidos, están muy presentes en la realidad social del país. Aun encerrados e incomunicados, ejercen una influencia social y política que nunca imaginaron. Las pandillas son la razón de ser del modelo de Bukele. Así lo expresan sus defensores. Si los Bukele llegaran a salir de Casa Presidencial, los pandilleros regresarían a las calles y, con ellos, la inseguridad y la violencia. La lógica oficialista concluye que su permanencia es la mejor garantía para preservar la seguridad de la población. El mensaje ha calado en la opinión pública.

La utilización de las pandillas forma parte de la práctica política. En la misma línea que sus predecesores, las pandillas han estado presentes en la vida pública de Bukele desde el comienzo. Primero lo ayudaron a ganar las elecciones de dos alcaldías y le facilitaron su gobernabilidad. Luego lo ayudaron a llegar a la presidencia del poder ejecutivo y redujeron los homicidios para presentarlo como un buen gobernante. Negociaron votos y homicidios, pero no desapariciones. Inesperadamente, el entendimiento se rompió y Bukele arrasó con ellas.

Pero no las desapareció. Las pandillas siguen presentes en la vida nacional. Aun encerradas e incomunicadas, influyen de forma determinante en la política oficial. El modelo de Bukele depende de ellas. El régimen de excepción, cuya razón formal son las pandillas, es su columna vertebral. Si estas fueran un caso cerrado, el régimen sería innecesario. Pero, entonces, el modelo se tambalearía. Si el espacio público está libre de pandilleros, el régimen de excepción ya no tendría razón de ser.

Sucede, sin embargo, que sobre la marcha dicho régimen legitimó al modelo de Bukele. Entonces, dejó de ser excepcional y pasó a formar parte de la vida nacional. Es así como, desde la cárcel de máxima seguridad, las pandillas determinan el curso de la política. Desde ella legitiman la supresión de la independencia de los poderes del Estado. El cultivo sistemático del miedo por parte de Casa Presidencial mantiene viva su memoria y su actualidad. La aceptación social del modelo de Bukele hace cuesta arriba la consolidación de una oposición política con posibilidades reales en las urnas.

El mismo argumento es utilizado para descartar como un despropósito descomunal los repetidos llamados de la comunidad internacional a respetar los derechos humanos. La intercesión por algunos de sus más connotados defensores, encarcelados arbitrariamente, incomunicados, sin defensa y sin justicia, caen en oídos sordos. El oficialismo reacciona indignado que los autores de estos llamados pretenden la libertad de los pandilleros.

Todos los detenidos son pandilleros por decisión soberana del régimen de excepción. Todos han sido condenados a cadena perpetua por la misma autoridad. Las órdenes de libertad de los jueces con libertad de criterio son papel mojado. Incluso los enfermos terminales están condenados a morir en soledad y abandono.

El régimen no distingue entre culpa e inocencia, ni entre grados de culpabilidad. A todos los trata con la misma brutalidad. Unos por homicidas, extorsionados y violadores. Otros por colaboradores o por haber sido asociados por razones diversas y poco claras. La tranquilidad ciudadana solo es posible si el Estado se reserva la discrecionalidad para encerrar a quien quiera.

Muy a pesar del oficialismo, esta manera de entender el derecho y de administrar justicia es cuestionada cada vez más. Los juicios masivos sin defensa real, cuyas acusaciones se basan en afirmaciones no verificadas de un testigo anónimo, y la prisión y la incomunicación perpetua son bien recibidas dentro, por miedo al regreso de los pandilleros. Pero, fuera del país, causan repulsión.

Quizás sin ser plenamente consciente, al menos al comienzo, el oficialismo vinculó su destino a las pandillas de tal manera que ahora no puede romper con ellas sin abandonar el modelo de Bukele. Por un lado, ellas son la razón de ser de su indiscutible popularidad. Por otro, no tiene nada más popular que ofrecer que el miedo a las pandillas. La perversión política las hizo imprescindibles.

La opinión pública acepta de buen grado el régimen de excepción, aun cuando reconoce el encarcelamiento de miles de inocentes. El oficialismo también lo acepta, pero le resta importancia y los descarta como daños colaterales. Un supuesto bien mayor, una sociedad sin pandilleros, justificaría el sacrificio de varios miles de inocentes. Dicho de otra manera, se acepta la injusticia y lo que conlleva de violencia y crueldad.

Este razonamiento puede tranquilizar a conciencias inquietas. Pero es una inmoralidad mayúscula. En ningún caso el fin justifica los medios. Irónicamente, quienes hacen o aplauden el mal para alcanzar un bien supuestamente mayor suelen confesarse también creyentes fervorosos hasta el punto de declarar que Dios guía sus pasos. Ciertamente, no el Dios de Jesús. A Él se llega solo por la misericordia.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El oficialismo está satisfecho con “el gran cambio” que lleva a cabo. Las muestras más palpables son el centro de la capital y de algunas cabeceras departamentales, las infraestructuras de gran tamaño, las luminarias led y, sobre todo, la aprobación de una población que no pide cuentas después de siete años de gestión. La descontenta es la oposición, que insiste en la transparencia y la democracia.

Las encuestas del Iudop le dan la razón al oficialismo, por ahora. La cuestión es por cuánto tiempo. Planteado de otra manera, qué posibilidades tiene ese “gran cambio” que han dado en llamar “el nuevo El Salvador” para enfatizar las novedades que hacen del país algo único. La pregunta no es ociosa. Existen señales ominosas que debieran inquietar al oficialismo.

Pero este prefiere ignorarlas. Se expresa con una seguridad asombrosa sobre sus logros. La certeza de su éxito expresa la confianza, ingenua o ciega, en su líder. Esa seguridad es también inconciencia. Las consecuencias negativas que su proyecto pueda tener para el país y sus habitantes no les quitan el sueño, lo cual es comprensible, hasta cierto punto. No pocos ya han resuelto su vida a costa de la tributación de los ingresos más bajos y de la deuda. Es la misma insensatez de las cúpulas de Arena y del FMLN.

Las primeras señales de que “el gran cambio” no es como el oficialismo lo imagina ya están ahí. El relato convence dentro, pero no fuera, donde es cuestionado. La violación sistemática de los derechos humanos hasta el extremo de constituir posibles crímenes de lesa humanidad ya forma parte de la agenda internacional. De puertas afuera, el oficialismo descarta despreciativamente los cuestionamientos. De puertas adentro, lo sacan de quicio. No hace mucho, el mismo vicepresidente amenazó con demandar a la prensa que lo cuestionó.

En el interior, el modelo de Bukele todavía es viable gracias a la combinación de propaganda, diversión y terrorismo. Fuera, en concreto, en el sistema de la ONU y en los sectores abiertos del Congreso estadounidense y de Europa, pierde legitimidad y prestigio a ojos vista. Los gobernantes latinoamericanos que anhelaban imitarlo han ido comprendiendo que el modelo no es replicable, porque sus circunstancias son muy diferentes.

Otra señal de peligro es el persistente alejamiento de la inversión extranjera directa del país, a pesar de su “gran cambio”. Este hace titulares en el extranjero gracias al turismo, la infraestructura y la seguridad física, pero los grandes inversionistas lo rehúyen y no invierten. La inversión extranjera tiende a disminuir desde hace ya algunos años por la inseguridad jurídica (en cualquier momento, sus empresas, sus inmuebles y sus cuentas pueden ser confiscadas) y por la imprevisibilidad del ordenamiento administrativo, que intempestivamente impone nuevas cargas operativas y prestaciones laborales como el adelanto del aguinaldo y la quincena veinticinco, lo cual reduce la rentabilidad de las inversiones a largo plazo.

Otra advertencia de peligro es, curiosamente, el relato de éxito del modelo mismo. Si Trump lo compra, tiene una excusa para no renovar el TPS a los salvadoreños residentes en Estados Unidos y forzarlos a retornar al “nuevo El Salvador” de Bukele. Un regreso masivo desequilibrará “el gran cambio”, cuyo equilibro es ya de por sí inestable. Los retornados pondrán más presión en un país con una elevada tasa de desempleo, bajos salarios y servicios sociales exhaustos. La presión social puede alcanzar niveles peligrosos y amenazar la viabilidad del “gran cambio”.

Otra consecuencia de un retorno masivo de la diáspora es la reducción drástica del monto de las remesas, justamente cuando muestran una tendencia ascendente. La disminución de este subsidio directo al consumo de bienes mayoritariamente importados reducirá el nivel de vida de miles de familias y el volumen de la actividad comercial, así como también pondrá en peligro la circulación del dólar como moneda nacional. El hecho de que Washington no se haya pronunciado sobre la renovación del TPS indica que el riesgo es real.

Si la diáspora es forzada a volver, ¿qué harán los que han hecho del “gran cambio” la consigna de su reelección? No tienen ningún plan de contingencia. Tal vez ni siquiera tienen conciencia del peligro. Gobiernan el país día a día, como si fuera una tienda de barrio. Como desprecian la contingencia y la prevención, abandonarán a los retornados como a los que ya están, contraerán más deuda para sostener la liquidez y reforzarán el miedo al cambio para contener a los descontentos, que serán más. El contraste entre residir en Estados Unidos y en “el nuevo El Salvador” será brutal.

El futuro del “gran cambio”. es reservado. No es claro cómo se concretará “el maravilloso proyecto de transformación del país” con el que sueña el oficialismo. Las construcciones fantasiosas son muy arriesgadas, sus consecuencias suelen ser catastróficas.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.