El 8 de abril pasado, el gobierno presentó una nueva ley de alianzas público privadas para ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Este tipo de asocios no son nuevos; desde los años ochenta del siglo pasado y especialmente desde la década de los noventa, los asocios público privados se erigieron como una alternativa para algunos países.

Cuando un gobierno licita una obra, la empresa que lo gana asume todos los riesgos de la ejecución de la obra a cambio del pago pactado con el gobierno. En los asocios público privados, los gobiernos que no tienen suficiente dinero para invertir o no quieren hacerlo, entregan la obra o servicio a una empresa privada para que sea ejecutada por ella utilizando su dinero y luego la empresa cobra a la población por los servicios prestados.

En estos casos, los riesgos son compartidos, por el Estado y las empresas. En palabras sencillas, los asocios permiten que las empresas privadas usen los bienes públicos y brinde servicios a la gente cobrando el precio o tarifa que les deje ganancias.

En América Latina, el Chile de Pinochet fue pionero en estos asocios y en El Salvador ya se implementaron en los casos, por ejemplo, de Nejapa Power, LaGeo, Mides y más recientemente en los aeropuertos. El Salvador ya tiene una ley de asocios público privados que prohíbe aplicarlos a los servicios de salud, incluido el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de educación, de la Universidad de El Salvador y de los recursos hídricos. ¿Por qué?

Para no permitir que derechos fundamentales reconocidos en la Constitución como la salud, la educación y el agua terminen administrándose con fines de lucro.

Sin embargo, la propuesta de ley del actual gobierno elimina esa prohibición y abre las puertas para que empresas privadas puedan prestar servicios de salud, educación y recursos hídricos. El discurso siempre es el mismo de antes, con los asocios público privados mejorarán los servicios, habrá crecimiento económico y más desarrollo para toda la población. Pero la realidad muchas veces contradice este discurso.

En países en los que se implementan estas medidas como parte de políticas neoliberales, como es el caso salvadoreño, los asocios público-privados se transforman en una forma de privatización de los servicios. Se anuncian como la gran solución a los deficientes servicios que ofrece el Estado, pero estos proyectos traen consigo la violación de derechos humanos de la población, especialmente los de los sectores más vulnerables.

La ley de privatización de los fondos de pensiones se presentó como la panacea para mejorar las pensiones y ha sido lo contrario. La última reforma de 2022 fue publicitada como que con ella se saldaba una deuda histórica con los trabajadores, pero el resultado es que la mayoría de pensionados recibe montos que los orillan a la pobreza y la reforma solo benefició al gobierno y a las AFP.

Para colmo más del 80% de los ahorros de los trabajadores para su futura pensión han sido tomados en préstamo por los gobiernos y desde 2023 no honran esa deuda ni pagan intereses.

Los asocios público privados, en el mejor de los casos, son una herramienta, no la solución en sí misma. En países como el nuestro los asocios públicos privados sirven para dos cosas: Para descargar al Estado de su compromiso con la satisfacción de derechos de la población y para beneficiar a grupos económicos que intervienen en ellos. Además, un asocio público privado evade la licitación y se le asigna a una empresa que constituye una especie de monopolio y no tiene que cumplir con la ley de compras y adquisiciones que obliga a las instituciones públicas.

Según el proyecto de ley presentado, el Estado mantendrá la propiedad de los bienes públicos, pero se los entrega a la empresa privada hasta por 50 años, para que los mejore, los utilice y obtenga ganancias. Es la esencia del modelo neoliberal cuyo objetivo es favorecer a las grandes empresas y posesionarse de los servicios públicos que puedan generar ganancia.

Según estudios, la primera víctima de comercializar los servicios de salud es la prevención. Un reportaje de los asocios público privados en Estados Unidos, para muchos el país modelo de la sanidad privada, reveló que los altos costos de los exámenes médicos, hacen que suban de precio los seguros de salud, excluyendo a parte de la población que no alcanza a pagarlos.

Se estima que hasta 40 millones de estadounidenses no tienen asistencia sanitaria por no ser tan pobres como para beneficiarse de los programas sociales del gobierno, pero tampoco tan ricos como para pagar el seguro médico.

El Centro Canadiense de Alternativas Políticas, determinó en un estudio que, de los 25 miembros de la OCDE, los países con mayores niveles de privatización de la atención médica con fines de lucro tienen mayores niveles de mortalidad.

La principal conclusión es clara: existe un vínculo evidente entre una mayor privatización de las salud y mayores tasas de mortalidad. La iniciativa del gobierno solo confirma que los más pobres y los vulnerables, que cada día son más, no ocupan un lugar importante en sus prioridades. Ellos y ellas, serán los que más sufran la implementación de otra política que los excluye.

El oficialismo perdió la compostura con el informe sobre el régimen de excepción elaborado por cinco juristas internacionales y presentado en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La conclusión de los expertos es contundente: bajo el régimen de excepción se han cometido crímenes de lesa humanidad. El señalamiento puede sentar a los responsables en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional, por donde ya han pasado varios connotados dictadores.

El régimen perdió los nervios no tanto por esta posibilidad como por el eco que el informe tuvo en la prensa internacional, el cual deja en evidencia que su relato no convence fuera de las fronteras nacionales. El informe de 275 páginas documenta 540 desapariciones y la muerte de 403 detenidos. Comprueba documental y testimonialmente la persecución extrajudicial, la criminalización de inocentes, la acción punitiva no penal, la tortura y el asesinato. Todas ellas, violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, que pueden constituir delitos de lesa humanidad.

A estos señalamientos se agrega el del periódico español El País, el cual afirma que más de 33 mil detenidos por el régimen de excepción no son considerados pandilleros; es decir, más de la tercera parte de los encarcelados son inocentes. Estos guardarían prisión no por ser culpables, sino que serían culpables por haber sido detenidos. La reacción de la prensa internacional revela la inutilidad de los cabilderos, los troles y las giras internacionales de los altos funcionarios.

Más importante que la pérdida de los estribos del oficialismo es el reconocimiento implícito de la veracidad de las acusaciones. En efecto, ningún funcionario cuestiona la veracidad del informe, sino la integridad de sus autores y el alcance de sus conclusiones. Asesinar al mensajero de malas noticias es una reacción muy antigua. El oficialismo asume que si el mensajero carece de integridad, su mensaje no es veraz. En este caso, le echa en cara no haber denunciado el genocidio de las pandillas, lo cual no es cierto. Y aunque lo fuera, el régimen de excepción es señalado por otro genocidio.

Esta línea de defensa es desatinada. Si las organizaciones de derechos humanos no denunciaron el genocidio de los pandilleros, Bukele negoció con estos genocidas desde el comienzo de su carrera política. Les dio dólares en abundancia, “trato especial” en las cárceles de “máxima seguridad”, incluso puso en libertad a más de alguno de sus líderes. Luego, desairado por sus socios genocidas, enmendó el extravío implantando el régimen de excepción como árbitro del derecho y de la justicia. Si acaso las organizaciones de derechos humanos pecaron por omisión, el modelo de Bukele peca por comisión. Si esas organizaciones son “bufetes legales de los delincuentes”, Bukele legitimó, protegió y fortaleció a esos delincuentes hasta que lo traicionaron.

La otra línea de defensa es tan grotesca como la anterior. Bukele intenta desautorizar los hallazgos de los juristas extrapolando sus recomendaciones. Estas no solicitan liberar indiscriminadamente a todos los detenidos por el régimen de excepción, ni mucho menos poner en libertad a los pandilleros. Tampoco defienden asesinos, violadores y terroristas. Por tanto, no promueven el asesinato de inocentes. Más bien, el informe recomienda establecer una comisión con respaldo internacional que la haga creíble para revisar el expediente de cada uno de los detenidos y liberar a los encarcelados sin pruebas, siempre y cuando no representen un riesgo para la sociedad, y garantizar el debido proceso a quienes permanezcan presos.

No pretende, pues, engañar a nadie para debilitar el apoyo popular al régimen de excepción y “perpetuar el sufrimiento de la gente honrada”, sino hacer justicia, lo cual no está reñido con el respeto de los derechos humanos y la seguridad. Más aún, el informe afirma “el deber ineludible” de combatir la violencia y garantizar la seguridad ciudadana, al mismo tiempo que advierte que esa responsabilidad no puede ejercerse perpetrando crímenes internacionales.

Los juristas son claros en su diagnóstico y sus conclusiones. Retorcer sus recomendaciones para reforzar el miedo a las pandillas y mantener el elevado grado de aceptación del régimen de excepción es deshonesto. En realidad, la seguridad ciudadana no interesa tanto como preservar ese nivel de popularidad, vinculado casi exclusivamente a dicho régimen. Bukele no sabría gobernar sin él. De ahí la prórroga indefinida de la excepción.

Esta forma de gobernar choca frontalmente con los juristas internacionales que recomiendan poner fin al régimen de excepción. Estos proponen otra posibilidad: cuidar de la seguridad ciudadana sin cometer crímenes de lesa humanidad. El oficialismo reaccionó interpretando maquiavélicamente sus recomendaciones haciéndolas decir lo que no dicen.

El régimen se niega a reconocer que resguardar eficazmente la seguridad nacional no está reñido con el respeto y la garantía de los derechos humanos. Pese a ello, Bukele anhela el reconocimiento de la comunidad internacional, el cual, muy a su pesar, no solo no llega, sino que la reprobación es cada vez más amplia y por razones de mayor peso ante las cuales no tiene respuesta.

En cuestión de días la Asamblea Legislativa reformó y ratificó un paquete de reformas penales que incluye la prisión perpetua a menores de edad que se encuentren culpables de delitos de terrorismo, violación y homicidio. La medida se aprobó con 58 de 60 votos y algunos ediles lo celebraron como un triunfo. La justificación más repetida es que la cadena perpetua constituye un disuasivo para los delincuentes. Condenas más largas se traduce en menos violencia, piensan. La misma justificación se da con la pena de muerte. Pero los legisladores y funcionarios actúan dando por sentado que es así, sin un análisis serio de la investigación existente ni considerando alternativas menos arriesgadas. Desde la experiencia histórica los diputados no tienen nada que celebrar. La primera objeción a la medida es que décadas de investigación no han logrado encontrar evidencia científica que confirme que el uso de la cadena perpetua tenga un impacto en las tasas de homicidios. La evidencia encontrada ha sido más bien mixta y a menudo concluye que la cadena perpetua no es más disuasiva que las penas largas de prisión. La conclusión es clara: la prisión perpetua no funciona bajo el principio de prevención, sino de incapacitación. Se incapacita a la misma persona para que no vuelva a delinquir, pero no disuade a otros de hacerlo. La cadena perpetua no trabaja en el origen del delito sino en su consecuencia. La segunda objeción a la medida es que El Salvador ya contempla condenas de hasta 100 o más años. Recientemente se condenó a 50 pandilleros a entre 400 y 1,135 años de prisión por su participación en varios homicidios y desapariciones forzosas y en otro caso, a 62 pandilleros un Juzgado Especializado les impuso 130 años de cárcel por su participación en delitos en las colonias La Campanera y El Pepeto de Soyapango. En realidad, esas condenas son en la práctica cadenas perpetuas y, a juicio de especialistas, la cadena perpetua es una pena de muerte disfrazada. Y una tercera objeción viene desde la doctrina de los derechos humanos. La cadena perpetua despoja a la persona de la esperanza de reintegración en la sociedad. La cadena perpetua como la pena de muerte entran con conflicto con los estándares internacionales de derechos humanos de los cuales El Salvador fue firmante de manera voluntaria y que por tanto está obligado a cumplir.

Entonces, si no está comprobado que la cadena perpetua sirva como disuasivo, si en El Salvador ya se aplican de facto cadenas perpetuas y si contradice el respeto a los derechos humanos, ¿vale la pena asumir los costos excesivos que implica, los riesgos de cometer errores al imponerla y otros problemas inherentes a su práctica? ¿Por qué aprobarla en El Salvador?

La cadena perpetua en el caso salvadoreño es parte del deterioro que vive el sistema de justicia. En el imaginario popular, detrás de la cadena perpetua está el pensamiento “a más años de cárcel, menos delincuentes habrán” originado por la impunidad que se percibe. El endurecimiento de penas es una acción propia de regímenes populistas punitivos que se realizan sin conocimiento de los efectos de esta pena y que no tiene función preventiva. En el país, además, está el agravante de los juicios masivos donde los imputados no tiene derecho a la defensa ni al debido proceso. Es una medida para aparentar firmeza contra los miembros de pandillas, aunque la terminen aplicando a cualquier persona que les incomode como sucede con el Régimen de Excepción. A propósito de que en estos días recordamos el juicio injusto a Jesús de Nazareth que terminó con su condena a muerte, conviene tener presente que la cadena perpetua es una medida de alto impacto, como le gusta a la administración actual, pero de eficacia muy limitada. Es una decisión exprés que no tiene fundamentos criminológicos válidos.

Se suele decir que la historia se repite. La similitud entre los tiempos de Mons. Romero y los actuales parecieran confirmarlo. Entre otras cosas, lo acusaron de meterse en política por denunciar la injusticia y la violencia institucional. Hoy, el oficialismo se ensaña otra vez por la misma razón con el párroco de Apopa, quien alzó su voz para denunciar la ausencia de democracia y de paz, y por afirmar que el país “va para atrás”.

Los insultos contra Mons. Romero subieron de tono progresivamente, mientras el odio se enconaba hasta que ya no pudo más y lo asesinó el 24 de marzo de 1980. Hoy, el oficialismo descalifica al párroco de Apopa en términos parecidos. Casi medio siglo después le ordenó no meterse en política y dedicarse a decir misas.

Según la lógica oficialista, si el párroco y el pastor bendicen el poder político y económico son fieles a su misión, aun cuando esa bendición es un acto eminentemente político al legitimarlo sin cuestionar su modo de proceder. En este caso, su acción no es política, porque no les corresponde señalar su pecado y llamarlo a la conversión. Si lo hacen como Mons. Romero o el párroco de Apopa, se meten en política, lo cual no les está permitido. Su misión es congeniar con el pecado.

Las dos acciones son igualmente políticas. Pero la dificultad no es la política en sí misma, sino al servicio de quién está. Si sirve al orden establecido, la intervención de los ministros es aprobada, aplaudida y recompensada generosamente por el poder. Aquellos que bendicen el régimen de excepción o se desentienden de sus atropellos y violencias son pastores ejemplares. Pero si asumen la defensa del pueblo pobre y violentado son insultados y despreciados, condenados y perseguidos. Jesús ya previno a sus seguidores al final de las bienaventuranzas que esto les sobrevendría por su fidelidad a la justicia del Reino de los Cielos.

El poder se empeña en confinar la religión al ámbito de la conciencia y la sacristía, para campar a sus anchas, sin reclamos, restricciones ni normas. La misión de los ministros es predicar respeto y obediencia a su autoridad. Si defienden el derecho y la justicia, traicionan su misión al meterse en política.

A pesar de las coincidencias, la historia no se repite. La historia es un proceso abierto, que no regresa al pasado sino avanza hacia el futuro. Sin embargo, el proceso deja estructuras que si no son modificadas en el presente, se convierten en futuro. La época de Mons. Romero y la actual son similares, porque el poder se ha negado a intervenir en las estructuras heredadas para transformarlas. El modelo de Bukele, que alega crear una tierra nueva, ha aceptado pasivamente ese legado de sus predecesores, porque conviene a sus aspiraciones.

La pobreza y la desigualdad, la injusticia y la violencia no han desaparecido, dado que la estructura que las genera permanece intacta. Indudablemente, esta ha evolucionado para adaptarse a las circunstancias y ha adquirido formas nuevas, pero que matan igual. Rápidamente, por las diversas modalidades de la violencia. Lentamente, por el hambre, la enfermedad y el abandono. El mal es tan hábil como perverso. Se reinventa de la mano del poder.

Denunciarlo y anunciar proféticamente la justicia del reino de Dios es abominable y perseguido. Ese fue el destino de los profetas del Antiguo Testamento. No es casualidad que el imperio haya acusado y condenado a Jesús por declararse rey de los judíos. La acusación pende en la parte superior de la cruz como razón del asesinato del crucificado.

A pesar de que el Estado es constitucionalmente laico y, sobre todo, que sus funcionarios no son un ejemplo de honestidad, el modelo de Bukele no se cansa de apelar a Dios. Su profesión de fe ha encontrado eco en amplios sectores cristianos. Por eso, las voces disonantes son tan irritantes. El poder se revuelve contra ellas como ya lo hizo con Mons. Romero y la multitud de mártires de la Iglesia salvadoreña.

El poder necesita lo sagrado para justificarse. El ejercicio del poder crudo y duro es intolerable. En la voluntad divina encuentra la legitimidad necesaria para imponerse de manera totalitaria. El cuadro de Mons. Romero que preside uno de los salones de Casa Presidencial cumple esa función. Bukele se sienta debajo de él como si estuviera bajo su protección. Aunque sabe bien que si el arzobispo viviera, habría denunciado sus injusticias y habría exigido respetar los derechos humanos, no lo baja. La imagen de Mons. Romero es demasiado poderosa como para descartarla.

Desde esa posición privilegiada, Mons. Romero es testigo de los desafueros del régimen y es también una invitación a hacer política de la buena, la del bien común, respetuosa de la dignidad humana de todo el pueblo salvadoreño, por el hecho de ser personas, hijas e hijos de Dios.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Después de cuatro años, el régimen de excepción no puede juzgarse solo por la seguridad que consiguió al encerrar a los pandilleros. Ya es hora de valorar críticamente qué país construye. El oficialismo responde impulsivamente que construye uno nunca visto. La declaración es aceptada sin más por quienes han caído en la tentación de pensar que un país nuevo nace de la mano de Bukele. En realidad, el oficialismo está atrapado en el pasado, que limita su capacidad para enfrentar los desafíos actuales y responder a las necesidades de la ciudadanía. El oficialismo perdió el paso cuando cayó en el error de conformarse con la supresión de las pandillas.

El cruce de palabras entre dos diputadas, una vocera del oficialismo y la otra opositora, evidencia la pobreza del modelo de Bukele. El incidente se produjo a raíz de un pronunciamiento legislativo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La diputada opositora propuso ir más allá de una declaración y legislar para prevenir la violencia contra las mujeres. La oficialista saltó en defensa del orden establecido por el régimen de excepción. Según la legiladora, solo Bukele habría defendido a las mujeres y las niñas, puesto que las liberó de la violencia de las pandillas. Encerradas estas, la violencia contra las mujeres desapareció.

La estadística gubernamental muestra una realidad muy diferente. En los dos últimos años registro casi tres mil violaciones. Cabe anotar que estas son solo las denunciadas. A pesar de la neutralización de los pandilleros, las mujeres son acosadas y violentadas en su hogar y su comunidad, en los espacios públicos y el sitio de trabajo, incluidas las dependencias gubernamentales. Policías y soldados abusan de ellas; a las que se resisten las encarcelan, acusadas de pertenecer a agrupaciones terroristas. Un francotirador de una fuerza especial asesinó impunemente a una de ellas con un certero disparo en el centro histórico de la capital, uno los sitios “más seguros” del modelo de Bukele,

Otras muestras de indiferencia son la desactualización de los datos oficiales sobre la violencia contra la mujer desde 2021 y la baja tasa de condenas conseguidas por la Fiscalía en los procesos judiciales. De poco sirve, pues, condenar a cadena perpetua sin convictos. Reconocer la existencia de esta violencia es incómodo e inoportuno, porque exige ir más allá de confinar pandilleros. Esta operación, que Bukele da por concluida exitosamente, solo fue el comienzo. En el país existen otras formas de violencia que no permiten hablar de una seguridad total.

El oficialismo padece del mismo mal que los dos partidos de la guerra civil. Arena y el FMLN gobernaron, tres décadas el primero y una el segundo, inmersos en el legado del conflicto armado. Se resistieron a asumir que los tiempos habían cambiado. No lo hicieron por comodidad y por falta de inteligencia política. Asumir la novedad exigía un esfuerzo que no estaban dispuestos a realizar. Se dejaron atrapar por un pasado más o menos idealizado. Esa fue su perdición y la gran oportunidad que Bukele supo aprovechar.

Irónicamente, este se encuentra ahora en una posición similar. Se niega a aceptar que el desafío de las pandillas ya es pasado, que el nuevo país prometido a las mayorías no aparece por ningún lado y que su modelo se enfrenta ahora a desafíos diferentes. Las comunidades que antes sufrieron el terror de las pandillas hoy sufren la represión violenta de los policías y soldados del régimen de excepción, que abusan de ellas, las encarcelan y las asesinan impunemente.

Anclado en el pasado, el oficialismo no encuentra motivo para abandonar la comodidad de lo conocido y adentrarse en terrenos que reclaman su atención. Sus troles reflejan esta actitud. Repiten descalificaciones asociadas a un pasado inexistente por pereza e ineptitud. Carecen de formación y talento para enfrentar racionalmente los cuestionamientos del presente. Se refugian en el convencimiento de estar en posesión de la verdad. A su patrón le basta con la descalificación desactualizada.

La discusión legislativa sobre la violencia de la mujer revela la parálisis del oficialismo. Al no haber pandillas, tampoco habría violencia. Amenazar con cadena perpetua no detendrá las violaciones. Hace falta prevención eficaz. El oficialismo perdió la conexión con la realidad. La respuesta al cuestionamiento de la diputada de la oposición deja al descubierto su pobreza de pensamiento. La represión de las pandillas, a la cual llegó por mera casualidad, agotó su iniciativa y su eficacia.

El oficialismo no ha aprendido la lección. Sigue el mismo camino que sus predecesores. En el momento menos esperado surgirá una fuerza que aglutinará y organizará el descontento popular y pondría fin a su reinado. Lo mismo que hizo con los dos partidos de la guerra.

La novedad envejeció. El oficialismo es ahora más viejo, desfasado e inútil. Se quedó sin ideas y sin novedades. Si no reacciona, se encamina lenta, pero inexorablemente al depósito de proyectos fallidos de la historia nacional.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Una semana después de que el Estado salvadoreño fuera señalado de cometer crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción -el cual está próximo a cumplir cuatro años en vigencia- y de la denuncia de la existencia de la persecución y criminalización política de personas consideradas opositoras al discurso oficial a partir de 2019, el oficialismo eliminó la prohibición de la cadena perpetua en el país, contenida en el inciso N°2 del artículo 27 de la Cn. De la República.

La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) en su art. 5 así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en su art. 10 establecen que la finalidad esencial de las penas privativas de libertad es la reforma y la readaptación social. En esa misma línea, las Reglas Mandela señalan que el sistema penitenciario no debe agravar el sufrimiento inherente a la privación de libertad y debe orientarse a la rehabilitación, garantizando acceso a la salud, educación y trabajo para contribuir a su resocialización. La jurisprudencia interamericana de la Corte IDH ha sostenido que la finalidad resocializadora tiene objetivos concretos como el favorecer el contacto familiar y condiciones que hagan posible la reinserción. Por su parte el mismo marco legal salvadoreño, ha subrayado la readaptación como el eje central del sistema penitenciario.

El día 17 de marzo de 2026, la Asamblea Legislativa con dispensa de trámite aprobó con 59 de 60 votos una reforma al art. 27 de la Cn. de la República la cual elimina la prohibición de las penas perpetuas, afectando “solo a los homicidas, violadores y terroristas”. Esta reforma, como es costumbre desde que Nayib Bukele entró al Ejecutivo en 2019 y, particularmente desde mayo de 2021 con la pérdida del sistema de pesos y contrapesos, fue aprobada sin estudio ni debate previo, y aunque aún está pendiente su ratificación, como es de esperar, esta es inminente. Cabe señalar que la pena máxima de varios delitos fue reformada en 2025, llegando a 60 años para el homicidio agravado, de manera que se elevó el enfoque punitivo del sistema judicial previo a este salto de castigo perpetuo.

Según la sala de prensa de la Asamblea Legislativa el artículo reformado quedaría de la siguiente forma: “Se prohíbe la prisión por deuda, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, los violadores y los terroristas”. Además, se agregó también que realizarán los cambios pertinentes al Código Penal, la Ley contra Actos de Terrorismo y la Ley Penal Juvenil para homologarlas y “garantizar que no existan vacíos” (Asamblea Legislativa, 2026).

Leyendo entre líneas algunos de los mensajes divulgados por diputados del oficialismo se observan falacias argumentativas que vislumbran el carácter punitivo de la reforma, alejado del orden jurídico respetuoso del Estado de derecho y de derechos humanos, obedeciendo al carácter autoritario del aparataje estatal actual:

“al permitir las penas de cadena perpetua en el país se corrigen décadas de injusticias contra la población que fue víctima de las pandillas. Además, se les devuelve a los ciudadanos el derecho a vivir en paz y sin miedo… El Salvador ha dejado atrás esta era de impunidad. Esta reforma constitucional es la garantía de que quienes destruyeron a las familias salvadoreñas, violaron a inocentes y sembraron el terror jamás vuelvan a caminar por nuestras calles. Se acabó ese desequilibrio donde se protegían más las garantías del criminal que la vida de las personas honradas” (Declaraciones de Suecey Callejas, Asamblea Legislativa, 2026).

Una reforma de este tipo, que absolutiza el encierro para siempre, vacía de sentido a los sistemas penitenciarios que en la teoría no deben agravar el sufrimiento inherente a la prisión y que deben de proveer de condiciones para la rehabilitación y resocialización, eliminando cualquier incentivo para el cambio personal, educativo o laboral. Esta reforma superpone el carácter irreversible “que jamás vuelvan a caminar por nuestras calles” y lo eleva al rango constitucional, desdibujando el objetivo resocializador del artículo 27 de la Constitución.

Ante este tipo de reformas que se enmarcan aparentemente en la lógica “penal” es necesario ir más allá y obliga a plantearnos cómo se vincula este carácter punitivo vitalicio con la cultura de violencia estructural que ha caracterizado a El Salvador. Si se tiene en cuenta por un lado, que la historia salvadoreña está marcada por la violencia política que ha dejado graves violaciones a derechos humanos impunes hasta la fecha, la violencia social y la perpetrada por los grupos de pandillas, y por otro, una Memoria individual y colectiva debilitada debido a la cultura del negacionismo de la historia muy presente en la actualidad, nos lleva a deducir que la promoción y aceptación de este tipo de reformas, caracterizan a una sociedad que no ha hecho las pases con su pasado violento porque ha preferido “olvidar” aunque esto conlleve más bien, dejar congelada una gran parte de la historia del país la cual requiere de acceso a la verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición.

Es por ello que, las afirmaciones de los diputados en la medida que contravienen la razón de ser de los mecanismos privativos de libertad, posicionan una cultura del olvido impune, ya que este tipo de medidas nos llevan a preguntarnos, ¿qué se está entiendo por justicia? Y yendo más allá: ¿en qué lugar se encuentran las medidas de reparación?

Con todo esto, no se trata de minimizar el daño causado por los homicidios, las violaciones o el terrorismo, sino más bien, cuestionar si este tipo de medidas responden integralmente o no al dolor de las familias y a la necesidad de justicia. En tal sentido, se trata de cuestionarnos qué clase de sociedad queremos ser frente a esos hechos que trastocan las vidas de las poblaciones en condiciones de desigualdad estructural: ¿una abierta a esclarecer la verdad, que protege, previene y repara los daños apegada a los marcos normativos de derechos humanos o, en cambio, una que congela a la persona en su peor acto tanto espacial como temporalmente?

Ante el actual contexto por el que transita El Salvador, esta pregunta podría responderse con facilidad: muchas personas pueden aplaudir la segunda opción, pero ésta contraviene el mandato jurídico internacional y despoja de cualquier principio ético al sentido de la prisión y las penas. Decir, que nadie puede cambiar es un acto de política punitiva que renuncia a la esperanza y a las posibilidades de reinserción.

Cabe señalar que estas reformas se enmarcan en un contexto en el que las detenciones masivas efectuadas contabilizan más de 91,000 en el marco del régimen de excepción, con un saldo de 8,000 personas liberadas con medidas alternas a la detención provisional. Esto se ve agravado con la implementación de juicios masivos ya que podrían dar lugar a la atribución de delitos y una pena perpetua de manera arbitraria a personas inocentes.

La cadena perpetua no es solo una medida punitiva, sobre todo es un indicador de quiénes somos y de qué tipo de sociedad hemos construido pese al histórico de violencia que nos antecede. Si decimos que nadie merece jamás otra oportunidad, se da lugar a la instauración de penas sin horizonte despojando a las personas de su dignidad humana y de su derecho a su rehabilitación a la resocialización. La política criminal puede y debe ser firme, sin embargo, una la firmeza sin horizonte termina llamándose desesperanza. Y ningún Estado que tenga al centro al ser humano, podrá ser respetuoso de los mismos al escoger el castigo vitalicio por sobre la rehabilitación y reinserción social.

En El Salvador, las violaciones de derechos humanos han sido un problema recurrente. Todos los Gobiernos de la posguerra se han resistido de forma sistemática a admitir su existencia, aceptar su responsabilidad directa o indirecta, reconocer sus graves falencias a la hora de proteger a las víctimas y, en suma, asumir su deber de investigar estos graves hechos.

En 2014, por ejemplo, el entonces ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo, negaba la existencia de grupos de exterminio, integrados por agentes policiales y militares dedicados al asesinato de personas acusadas de pertenecer a pandillas. Afirmaba que dentro de las pandillas había grupos que usaban armas largas y operaban con uniformes de la PNC y el ejército. En los años siguientes, diversas instancias comprobaron la existencia de un patrón de actuación dentro de la PNC que podría considerarse como ejecuciones extrajudiciales. Dos administraciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y una relatoría especial de Naciones Unidas confirmaron esta realidad. La misma Fiscalía General de la República desarticuló entre 2016 y 2019 alrededor de 10 estructuras integradas por policías, militares y civiles dedicadas a la eliminación de personas acusadas de ser miembros de pandillas.

Algo similar sucedió con el desplazamiento forzado interno. Durante años, Mauricio Ramírez Landaverde, el entonces ministro de Seguridad, argumentó que en El Salvador no se podía usar ese término “porque no se configuran las características del mismo según el derecho humanitario”. El Estado salvadoreño tardó algunos años en reconocer su existencia, obligado por las abundantes pruebas aportadas por las organizaciones de la sociedad civil que acompañaron a las víctimas. Su reconocimiento fue gradual: primero, a través de una sentencia de 2017 de la Sala de lo Constitucional; luego, el Ministerio de Justicia en 2018; y finalmente, la Asamblea Legislativa en 2020, a través de la emisión de una ley especial que no fue implementada.

Más recientemente, en 2021, el ministro Gustavo Villatoro, el fiscal general y otros funcionarios del oficialismo negaron sistemáticamente la gravedad del problema de la desaparición de personas. Además de negar su importancia, se promovió una narrativa estigmatizante y deslegitimadora: se culpó a las víctimas al decir que la responsabilidad de las desapariciones era de sus padres, se usó el término “ausencias voluntarias” para manipular los datos y se dijo que todo era parte de “una campaña contra las autoridades”.

Hace unos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue escenario de un nuevo capítulo de negacionismo. Una delegada del Ministerio de Relaciones Exteriores y el procurador general de la República negaron rotundamente que en El Salvador se criminalice la labor de defensa de derechos humanos, se ejerza coerción hacia las organizaciones de derechos humanos y se cometan desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción. Ambos se suman al listado de funcionarios que han desempeñado esta deshonrosa labor: la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, el comisionado presidencial para los Derechos Humanos, Nayib Bukele y Félix Ulloa, entre otros.

Al igual que los del pasado, los actuales funcionarios rechazan la abrumadora evidencia que han aportado las organizaciones de derechos humanos y los señalamientos de los organismos internacionales. Los informes se acumulan a la puerta del Estado, fortaleciendo una verdad que terminará por imponerse.

* Jorge Rodríguez, coordinador nacional del Servicio Jesuita con Migrantes.

En El Salvador la desaparición forzada ha estado presente en diferentes contextos históricos y ha sido utilizada tanto por el Estado como por el crimen organizado para reprimir disidencias o generar terror en la población.

En la década de los setenta y ochenta fue una violación de derechos humanos utilizada principalmente por el Estado y sus estructuras paralelas para perseguir y eliminar a todas aquellas personas con ideas contrarias a las oficiales o que pertenecieran a movimientos sociales considerados subversivos. Este hecho violatorio también fue usado por el FMLN, aunque el número de casos identificados fue menor. El Informe de la Comisión de la Verdad registró cerca de 5,000 denuncias de desaparición forzada entre 1980 y 1991, sin que este número deba interpretarse como el universo completo de personas que fueron desaparecidas en este periodo de la historia.

En la posguerra, la desaparición de personas fue usada principalmente por las pandillas como una estrategia de terror ejercida contra la población y también como un mecanismo para evadir la judicialización de los casos de violencia extrema. Funcionó como una válvula de escape en momentos en los que las pandillas tenían un pacto con el gobierno de turno que les comprometía a bajar los homicidios. Solo entre 2009 y 2021, la PNC registró 21,138 denuncias de personas desaparecidas, lo que promedia 1,626 denuncias al año. Aunque se desconoce qué porcentaje de estas personas siguen desaparecidas, actualmente hay muchos colectivos de familiares que siguen en labores de búsqueda.

La desaparición de migrantes en la ruta migratoria hacia Estados Unidos es otro de los flagelos de nuestro país. El Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE) ha registrado 471 casos de migrantes salvadoreños no localizados desde 2010, por otro lado, también reporta 84 personas salvadoreñas localizadas sin vida. Por su parte, la Organización Mundial de Migración (OIM) registra 274 salvadoreños desaparecidos o fallecidos desde 2014 hasta 2025. Sin embargo, por la misma naturaleza del contexto de estas desapariciones, es decir ocurridas en el marco del tránsito irregular donde las personas buscan evadir a las autoridades para evitar ser detenidos, es claro que el número debe ser considerablemente más alto.

Más recientemente, el Régimen de Excepción ha sido el escenario en donde el Estado vuelve a asumir un papel activo en esta grave violación de derechos humanos. El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) registró en su informe la existencia de 540 casos de desaparición forzada entre marzo de 2022 y febrero de 2025. Al respecto de estos casos, las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas denunciaron que existen diversos patrones de actuación de las autoridades como, por ejemplo, la captura de su familiar, seguida de la negación de información a las familias, el no reconocimiento de la detención, lo que se traduce en la incertidumbre sobre el paradero de la persona detenida. A ello se suma, el régimen de incomunicación al que son sometidas las personas privadas de libertad y sus familias y la existencia de fosas comunes donde son sepultados algunos privados de libertad fallecidos sin que sea informado oportunamente a las familias.

Finalmente, la desaparición de migrantes en el retorno ha sido una realidad emergente en los últimos dos años. En un artículo reciente se evidenciaba cómo más de 30 salvadoreños habían sido totalmente invisibilizados en el marco de la deportación y detención arbitraria a la que fueron sometidos los migrantes venezolanos entre marzo y abril del 2025. Sin información clara sobre los procedimientos aplicados con ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertaba sobre el grave riesgo de daño irreparable en el que se encontraban cinco de estos migrantes detenidos.

No faltará quien diga que la mayoría de estas desapariciones “son cosa del pasado”, que ahora en El Salvador “estos problemas han sido superados”. Nada más alejado de la realidad, por definición la desaparición forzada es un delito continuado, perdura en el tiempo mientras la persona no sea localizada, tal como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Independientemente de si la desaparición inició en los setentas como parte de las violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto armado, o si fue en los años 2000 fruto de la violencia generalizada ocasionada por las pandillas, o si fue más recientemente en el marco del régimen, existe una responsabilidad compartida entre aquellos que permitieron estas desapariciones al fallar en su deber de protección y quienes ahora fallan por su negligencia a la hora de investigar y esclarecer todos los casos de desaparición forzada.

Mientras las víctimas no sean localizadas, los perpetradores no sean juzgados y existan familias incompletas en El Salvador, habrá miles de deudas pendientes con la justicia y la verdad.

Hasta ahora, uno de los principios básicos de Bukele había sido que El Salvador es libre, soberano e independiente. Se vendía, pues, como un nacionalista puro. En Miami, como ya es usual en él, hizo lo contrario. Trump le dictó, junto a otros once mandatarios latinoamericanos, lo que debe hacer y cómo hacerlo. Todos aceptaron sumisamente sus órdenes. Todos son ideológicamente afines a él, es decir, tienden al absolutismo y confían ciegamente en el uso de la violencia pública. Todos sonrieron cuando se mofó del español y guardaron silencio cuando se refirió a América Latina como “nuestra región”. Y todos se alinearon con él desde el comienzo. México, Colombia y Brasil, más dignas e independientes, no fueron invitadas, pese a que las dos primeras han colaborado estrechamente con Washington para combatir los carteles de la droga y que necesitará de todas ellas para alcanzar sus objetivos.

Trump impuso tres tareas a sus invitados. En primer lugar, les ordenó integrar una alianza militar para desatar el poder de fuego de sus ejércitos contra los carteles de la droga y sus redes terroristas, en una guerra de aniquilación total. Por su parte, les prometió entrenamiento militar y movilizar a los ejércitos aliados a terceros países. En consecuencia, el ejército salvadoreño ha quedado bajo las órdenes de Trump. Será interesante comprobar cómo combate a las fuerzas armadas de los carteles de Ecuador, las cuales no se entregarán sin luchar tal como lo hicieron las pandillas nacionales. En Haití, no se ha destacado militarmente.

En segundo lugar, les exigió detener la emigración y aceptar a los inmigrantes capturados y deportados por la fuerza represiva estadounidense, un trabajo que Bukele ha hecho satisfactoriamente. Frenar la emigración nacional hacia el norte es bastante más complicado, porque para cumplir con el encargo Bukele tendría que dar motivos creíbles a los miles que acarician la idea de abandonar el país, como elevar sustancialmente su nivel de vida e infundirles confianza en unas fuerzas de seguridad que temen tanto como a las pandillas y en una administración de justicia desacreditada.

En tercer lugar, les mandó detener la expansión de la inversión y la ayuda de China. En los últimos años, el intercambio de bienes y servicios entre América Latina y China ha alcanzado cotas inéditas. La orden representa un desafío grande para un Bukele que depende de China para construir megaestructuras como la nueva biblioteca, orgullo del centro de la capital, y el estadio más grande de Centroamérica, o de donaciones como dispositivos electrónicos para las escuelas. Las actuales relaciones cercanas y cálidas deberán enfriarse, a pesar de que Washington no es tan generosa como Beijín. Trump dejó claro a sus invitados que “deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas provenientes de fuera del hemisferio occidental”, es decir, de China.

La entrega de la soberanía nacional fue recompensada con creces. Trump se deshizo en halagos a Bukele. Ninguno de los otros mandatarios presentes, ni siquiera el argentino, fue honrado como él. Lo colocaron a la derecha de Trump en la fotografía oficial de la cumbre, desplazando a un lugar secundario al presidente chileno, y aquel lo llamó “cercano”, “amigo”, “apuesto” y, sobre todo, que gobierna tal como a él le gusta. Tal vez no sea casualidad que Bukele haya sido el primero en proponer la construcción de un escudo de las Américas durante la visita del presidente de Costa Rica en noviembre pasado. Bukele no podía pedir más. En Miami, fue declarado formalmente el presidente ideal del imperialismo de nuevo cuño.

El reconocimiento es, sin embargo, exclusivamente personal, una exaltación del ego presidencial. Bukele no ha usado su envidiable posición para abogar por la diáspora vulnerable a una deportación violenta. Quizás por temor a que la reprimenda de Trump haga añicos su imagen ejemplar. Quizás porque él también piensa que estos inmigrantes son gentes malas, criminales y traficantes, que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Por tanto, merecen la deportación y la cárcel. Al parecer, Bukele y los suyos solo se sienten a gusto con la diáspora próspera y legal, que los admira y les da el voto, pero que no tiene la intención de residir en el país.

América Latina no se ha librado de la destrucción de su institucionalidad regional. Trump, igual que Bukele, la desprecia. Prefiere rodearse de mandatarios afines y obedientes, como los reunidos en Miami. Los doce mandatarios presentes más los otros cinco que suscribieron la alianza deben tener claro que Trump no la creó para promover el bienestar y la seguridad de sus naciones, sino para servirse de ella según sus conveniencias.

El imperio estadounidense está de regreso, pero en una versión más brutal que la del siglo pasado. Y, al igual que entonces, con la colaboración activa de latinoamericanos que ingenuamente se entregan en sus brazos.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Según los resultados de la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), al cierre del año 2025, 61 de cada 100 salvadoreños opinaron que el país estaba mejor en comparación con 2024. No obstante, la percepción sobre la situación económica del país muestra otro panorama: solo 32 de cada 100 salvadoreños consideraron que la economía mejoró, 29 de cada 100 opinaron que empeoró y 38 de cada 100 indicaron que se mantuvo igual.

Ante este escenario es importante preguntarse quiénes se están beneficiando de los actuales planes económicos. Aunque la economía está creciendo a un mayor ritmo que en las administraciones anteriores, la situación de muchas familias apunta a que los beneficios del crecimiento económico no se distribuyen de manera equitativa.

Al respecto, la encuesta revela diversidad de percepciones sobre la situación económica familiar. Al cierre de 2025, 31 de cada 100 salvadoreños percibieron mejoras en la economía de su hogar, 14 de cada 100 consideraron que su situación empeoró y 55 de cada 100 indicaron que se mantuvo igual. Un hallazgo importante es que incluso entre los que perciben mejoras en la economía del país, solo la mitad considera que su economía familiar también mejoró, mientras que la otra mitad considera que su situación no cambió o incluso empeoró.

Además, la encuesta señala diferencias importantes entre los hogares al compararlos según sus ingresos. Entre las familias de mayores ingresos (más de $2,000 al mes), 43 de cada 100 afirmaron que la situación económica familiar había mejorado, mientras que entre los hogares de menores ingresos (menos de $180 al mes), solo 22 de cada 100 consideraron lo mismo. Esta diferencia sugiere que las mejoras en la economía no necesariamente se traducen en beneficios para toda la población y que son los sectores más vulnerables los que menos se benefician.

Asimismo, la encuesta muestra que algunos hogares han tenido que recurrir a medidas para mitigar su frágil presupuesto: uno de cada cuatro tiene un negocio de subsistencia; uno de cada cinco cría animales o cultiva algún alimento para consumo del hogar; y uno de cada 10 hogares tiene al menos un miembro con un segundo trabajo para aumentar los ingresos familiares. En este sentido, no sorprende que la economía siga siendo la principal preocupación de la población. Los datos señalan que 48 de cada 100 salvadoreños identificaron el desempleo, la pobreza, el alto costo de la vida y otros aspectos económicos como los principales problemas que enfrenta el país.

A lo anterior se suma el hecho de que tres de cada 10 encuestados mencionaron que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos del mes. Esta situación es más aguda en el área rural, donde cuatro de cada 10 personas afirmaron que sus ingresos no son suficientes. Y esta realidad es aún más crítica entre los hogares de menores ingresos, que representan un cuarto de todos los hogares encuestados: seis de cada 10 señalaron que no logran cubrir sus gastos mensuales.

En buena medida, esta opinión ciudadana está relacionada con el incremento sostenido de los precios. Según la encuesta, 64 de cada 100 entrevistados indicaron que el costo de la vida aumentó durante 2025 y 68 de cada 100 afirmaron que el precio de la canasta básica se incrementó. Esto a pesar de que en 2025, según el Banco Central de Reserva, los precios de los alimentos aumentaron solo 1.29%. Sin embargo, esta percepción puede explicarse en parte por el efecto acumulado de la inflación en la capacidad adquisitiva de los hogares, ya que entre 2019 y 2025 los precios de los alimentos acumularon un aumento del 28.6%.

En definitiva, la encuesta del Iudop muestra un panorama económico complejo: por un lado, existe una percepción relativamente positiva de la economía del país, pero, por otro, muchas familias continúan afrontando dificultades económicas que comprometen su bienestar. Aunque parte de estas dificultades se inscriben en un contexto internacional complejo, ello no libra al Estado salvadoreño de su deber de garantizar el bienestar económico de toda la población. Ante esto, es importante recordar que el crecimiento económico es necesario, pero no suficiente para enfrentar los desafíos estructurales del país. Es clave contar con políticas públicas adecuadamente planificadas que permitan mejorar la situación económica de las familias salvadoreñas, priorizando a quienes han estado históricamente excluidos de los beneficios del desarrollo.